Vecinos de Carcaboso denuncian al alcalde tras vivir 5 años con luz de obra

El alcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo, del Prex-Crex, volverá a sentarse en breve ante el juez para responder por un presunto delito de prevaricación por el que el fiscal pide para él 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación. La acusación particular, que representa a varios vecinos del municipio cacereño, solicita por su parte tres años de prisión, nueve de inhabilitación y el pago de 45.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

Los denunciantes son varios propietarios de una promoción de viviendas unifamiliares que consideran al alcalde responsable de que, más de cinco años después de estar viviendo allí, aún no dispongan de una red eléctrica normalizada y sigan con luz de obra. Según consta en el escrito de acusación, el alcalde habría firmado la cédula de habitabilidad de las casas en contra del criterio del técnico municipal y del secretario, que le avisaron de que no podía hacerse mientras no estuviera completa la instalación eléctrica. Para ello era necesario soterrar un cable desde las viviendas hasta un transformador situado al otro lado de la travesía del pueblo.

La versión que dan los afectados es que, ante la premura manifestada por el promotor para obtener esta licencia de primera ocupación, el alcalde aceptó firmarla a cambio de un aval bancario por valor de unos 13.000 euros para que fuera el Ayuntamiento el que se encargase de realizar la acometida eléctrica. Los vecinos aseguran que, pese a que le avisaron en múltiples ocasiones, el alcalde dejó vencer el aval y quedó sin efecto.

Desde entonces la electricidad que llega a las casas sigue procediendo de la instalación que había durante la obra, que no es más que un cable en superficie que va hasta los adosados por un descampado. Se encuentra a la intemperie y sin ningún tipo de protección. Son seis viviendas, de las cuales están habitadas tres, cuyos propietarios han instalado contadores privados para poder determinar la parte que le toca pagar a cada uno, ya que llega una única factura para todos. Además, mantienen sin posibilidad de reducir los 17 Kw de potencia contratada para la obra, que es mucha más de la que necesitan, lo cual les encarece considerablemente la factura de la luz.

Pero el problema con el que se encuentran ahora es más grave, ya que Iberdrola les ha comunicado que la legislación no permite mantener tanto tiempo la luz de obra, y por lo tanto debe proceder a dar de baja el servicio. Según manifestaron ayer los afectados, se encuentran en conversaciones con la compañía para que el suministro se mantenga al menos hasta que salga la sentencia y puedan pagar ellos mismos la obra de la acometida con el dinero de la indemnización.

Al menos desde que un electricista les instaló los contadores y los cuadros eléctricos en sus casas ya no tienen que salir cada vez que se va la luz. Antes debían desplazarse hasta una caseta de obra que aún permanece frente a las viviendas para restablecer el suministro si saltaba el automático, lo cual ocurría con frecuencia cada vez que llovía. Sin embargo, según apuntan Juan Carlos Montero y Montse Ramos, dos de los propietarios afectados, les sigue preocupando que el cable principal por el que les llega la corriente se encuentre sobre el suelo a la intemperie, al alcance de cualquiera que pase por allí, incluidos los niños que juegan en el descampado.

Este diario contactó ayer con el abogado de Alberto Cañedo, Estanislao Martín, quien además es el secretario general del Prex-Crex, para conocer la versión del alcalde. Martín dijo que ni él ni su defendido van a realizar declaraciones sobre este asunto mientras siga abierto en los tribunales.

Medida cautelar

La denuncia contra Alberto Cañedo fue presentada en julio de 2011 con la firma de ocho vecinos. La instrucción del caso ha sido llevada por el juzgado número 1 de Plasencia, cuyo titular ha impuesto como medida cautelar para el alcalde el pago de 79.776,23 euros. El asunto se encuentra a la espera de juicio.

Se da la circunstancia de que Alberto Cañedo ya fue inhabilitado por un juez de Plasencia por un delito continuado de prevaricación administrativa, al incumplir el reglamento de acceso a la información municipal por parte de los ediles de la oposición. La Audiencia Provincial de Cáceres ratificó la pena el pasado mes de abril. El alcalde recurrió en amparo al Tribunal Constitucional y ha solicitado en los juzgados de Plasencia que no se le aplique la inhabilitación hasta que el Constitucional resuelva. Por ese motivo sigue aún en el cargo. Aquella vez el denunciante fue un concejal de la oposición, Alfonso Bueno.

El Prex-Crex declaró en su día que tienen previsto solicitar al Gobierno de España el indulto para Cañedo por esta causa, argumentando que la condena «supone apartar de la actividad pública electiva a una persona ejemplar que busca lo mejor para los vecinos de Carcaboso».