Alaya ordena una detención en la Consejería de Fomento por contratos adjudicados en 2010 en Extremadura

La juez Mercedes Alaya ha ordenado esta mañana una treintena de detenciones en el marco de la operación 'Madeja' contra la corrupción municipal en varias comunidades, entre ellas Extremadura. La operación se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes y carreteras. Junto a las detenciones se han producido numerosos registros en 12 provincias, uno de ellos en la Consejería de Fomento de la Junta. También han sido escenario central de estos registros los despachos de la Diputación Provincial de Sevilla, donde se produjeron las primeras de las detenciones.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Sevilla se han desplazado esta mañana hasta Mérida para realizar un registro y practicar una detención en dependencias de la Consejería de Fomento.

La juez Mercedes Alaya investiga un contrato adjudicado en 2010 a la empresa Fitonovo durante el anterior gobierno socialista, cuando era consejero de José Luis Quintana.

Los agentes de la Guardia Civil han arrestado y trasladado a los juzgados de Sevilla a un jefe de sección de esta consejería, funcionario de carrera. La vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente, y titular actual de esta consejería, ha aclarado que "los jefes de sección no son personal de libre designación", por lo tanto el afectado "no es un jefe de sección de ahora, sino que lleva ya muchos años en la administración". En ese sentido, ha reiterado que "no se trata de un cargo de libre designación, sino de un funcionario".

En este mismo sentido, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha afirmado que la detención se circunscribe al "ámbito de los funcionarios, no de los responsables políticos", y ha recordado que el detenido "no era ni cargo político ni funcionario de libre designación" sino que "era un funcionario que había ganado su plaza en concurso como todos".

Fuentes próximas a la investigación han asegurado que los efectivos de la Guardia Civil han revisado documentación y al menos un equipo informático en las oficinas de Fomento.

Contrato extremeño bajo sospecha

El BOE del 13 de mayo de 2010 publicitaba la adjudicación a Fitonovo de la conservación de márgenes de carreteras de la Junta en el tramo Plasencia-Coria. Se trata de uno de los cinco lotes que formaban parte del contrato investigado en Extremadura. La Consejería de Fomento adjudicó a Fitonovo este lote bajo sospecha por importe neto de 205.159,88 euros; con IVA ascendería a 237.985,46 euros. Los otros cuatro lotes de mantenimiento de carreteras -publicitados en el mismo BOE- fueron adjudicados a otras empresas que no están siendo objeto de la investigación de Alaya.

Hasta el momento, los agentes han arrestado a 26 personas, en 13 provincias, en su mayoría funcionarios, aunque también está prevista la detención de algún cargo público de bajo nivel, han indicado las fuentes. Esta es la tercera fase de la llamada operación 'Madeja', que se ha denominado 'Enredadera'. Esta nueva actuación ha sido puesta en marcha este martes por la UCO de la Guardia Civil. Además de en las provincias de Badajoz y Sevilla, los agentes han practicado detenciones y registros en Granada, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones de las 30 actuales, en torno al mismo número de imputados y decenas de registros -ya se han efectuado diez.

De las detenciones, 22 han sido en Andalucía: 10 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, una en Granada y otra en Cádiz.

En esta comunidad se ha detenido al responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos P.C, al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) -gobernado por el PP-, el jefe de servicio de la Diputación de Jaén y un técnico del Ministerio de Fomento en esta provincia, entre otros.

El dispositivo, ordenado por la juez Alaya tras 15 meses de secreto de sumario, trata de desactivar una trama de pago de mordidas de empresarios a políticos y funcionarios públicos a cambio de contratos públicos.

El caso se inició tras desvelarse que la empresa Fitonovo, dedicada al mantenimiento de parques y jardines, había regalado un coche al asesor del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y le había entregado 30.000 euros en un sobre «para el PSOE», según reconoció el empresario Rafael González Palomo en sede judicial.

La juez levantó el secreto de sumario relativo a la investigación llevada a acabo contra este asesor socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, pero lo mantuvo en el resto de las actuaciones tras enviar a prisión a varios funcionarios municipales a los que la empresa tenía supuestamente a sueldo.

Con la entrada y registro en la Diputación de Sevilla se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.

Los agentes de la UCO, a bordo de dos vehículos, se han personado alrededor de las 9.00 horas en la Diputación de Sevilla, ubicada en la avenida Menéndez Pelayo de la capital hispalense, y han entrado en el edificio provistos de cajas de cartón.

Las mismas fuentes han indicado que la entrada en la Diputación se produce después del análisis llevado en torno a distinta documentación relacionada con Fitonovo, y en la misma se ha efectuado un registro en el despacho del responsable del departamento de Carreteras en la Diputación Provincial, Carlos Podio.

Según las fuentes, la operación es más amplia y no sólo se circunscribe a Sevilla, sino también a otras provincias andaluzas y a otras comunidades autónomas.

Precisamente, la juez Mercedes Alaya, que investiga este caso, dictó un auto este lunes en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja', que se ha desarrollado en dos fases entre julio y diciembre de 2013 y que acumula hasta el momento 13 personas imputadas.

La operación que se está a llevando a cabo desde primera hora de este martes da un salto cualitativo en la instrucción, ya que afecta no sólo a Sevilla, sino a otros municipios y administraciones públicas, y a otras empresas.