El SUP incide en que nunca ha cuestionado la seguridad de Monago

mérida. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) incidió en que con sus declaraciones relacionadas con la dotación policial ubicada en la casa del jefe del Ejecutivo regional nunca cuestionó la seguridad del presidente actual de la comunidad ni de ninguno de los anteriores.

«Somos conscientes de que su seguridad y protección son necesarias», señaló ante las «acusaciones» de la portavoz del Partido Popular en Extremadura, Francisca Rosa, realizadas este pasado miércoles en los medios contra el Sindicato Unificado de Policía de estar politizando y ser «poco serios», en relación con la seguridad del domicilio particular del presidente de la Junta de Extremadura.

«Si defender las condiciones laborales de los policías y la racional utilización de los recursos humanos de la seguridad pública es politizar, tenga por seguro que estamos politizando, y si contar la realidad a los ciudadanos extremeños es ser poco serios, lo somos. Pero sólo tenemos una versión de la realidad, y no la iremos cambiando según las circunstancias», aseveró el SUP en nota de prensa.

Por otro lado, el SUP recordó que el 11 de noviembre de 2011 el entonces portavoz autonómico del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, declaraba a los medios que «el cierre de la casa del presidente iba en consonancia con los tiempos, los tiempos han cambiado y los políticos deben cambiar con los tiempos», así como que «ninguno de los 16 policías se marchará a Badajoz para labores de seguridad en la vivienda del señor Monago».

«Los policías que el portavoz Hernández Carrón anunciaba a bombo y platillo que no se marcharían a Badajoz para labores de seguridad en la vivienda de Monago están en Badajoz. Lo diga Agamenón o su porquero. Están en Badajoz, en una garita, dando protección al presidente y a toda una privilegiada urbanización», asevera el SUP, que añade que en sus declaraciones no entró a valorar el coste de mantenimiento de la casa oficial, ni «de la instalación que se haya podido hacer en su urbanización privada».