La Junta quiere que los jefes de Policía Local sean nombrados a dedo

Los jefes de las policías locales de la región podrán ser nombrados por el procedimiento de libre designación. Es una de las iniciativas recogidas en la propuesta de Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, que ha registrado en la Asamblea el Ejecutivo autonómico a través del Grupo Parlamentario Popular.

La norma, que forma parte de la batería de propuestas legislativas presentadas por el PP para su aprobación antes de que termine la legislatura, pretende actualizar la ley en vigor, de 1990, que tuvo su principal modificación en 2002.

La propuesta introduce cuestiones como la creación del puesto de jefe de la Policía Local. Según recoge el proyecto, el nombramiento corresponderá al alcalde de la localidad mediante el sistema de libre designación previa convocatoria pública. Podrán optar a este cargo los funcionarios de carrera que tengan la máxima categoría en la estructura del cuerpo o plantilla del mismo municipio, o bien de otros de Extremadura si tienen la categoría exigida. También se abre a otras comunidades autónomas, siempre que haya acuerdo de reciprocidad.

En la norma en vigor no se hace referencia al cargo de jefe de la Policía Local. Las categorías más altas son superintendente (para localidades de más de 50.000 habitantes), intendente e inspector, a las que se accede por concurso-oposición con posibilidad de promoción interna.

Jesús Solana, coordinador de Administración Local de CSI-F en la provincia de Cáceres y agente de Policía Local, se muestra «absolutamente en contra de la libre designación», ya que considera que implicará «colocar a dedo» a un jefe policial sin que haya demostrado su capacidad. En su opinión, esta medida sólo será efectiva en aquellas localidades donde no existe la figura del intendente y el superintendente, pero considera que supone igualmente un despropósito.

Por su parte, Juan Luis Lancho, responsable de Negociación colectiva de CC OO y también agente de Policía Local, señala que el nombramiento de jefes de libre designación supondrá «crear superestructuras» en las plantillas, además de poner al frente a una persona de confianza en un cuerpo donde «todo el mundo ha entrado por oposición». A su juicio, «va a estar bajo el mando y la influencia política» en lugar de al servicio del ciudadano.

Rechazo a la ley

Además de este asunto, Jesús Solana critica las medidas que se proponen sobre el pase a la segunda actividad, cuando por razones de edad se abandona el servicio operativo. El pasado año se modificó la ley en vigor para que, en lugar de que sea forzosa al cumplir los 60 años, tenga carácter voluntario. Además, se debe renovar anualmente.

Solana señala que de esta forma los agentes podían verse sometidos a presiones. Considera que ahora se da un paso más, ya que la propuesta de ley contempla la posibilidad de que pasen a trabajar en la Junta de Extremadura, en otros municipios de la región o en la Administración del Estado. En su opinión, esto abre la puerta a que pasen a desempeñar funciones que no tienen nada que ver con su formación, por lo que cree que los agentes se verán inducidos a seguir en su puesto activo hasta la jubilación «para evitar que se juegue con su dignidad y profesionalidad tras toda una vida al servicio de los ciudadanos».

Junto a esto, critica la forma en que se ha tramitado la norma. Solana forma parte de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, a la que se presentó un borrador de la ley en febrero del pasado año para estudiar el texto. Sin embargo, afirma que la versión final no ha contado con la participación de los agentes sociales y que además incluye cuestiones que ya han sido rechazadas.

Por todo ello, pedirá a los grupos en la Asamblea que rechacen esta ley. Asimismo, iniciará una campaña informativa entre las localidades de la región con Policía Local e incluso, si es necesario, planteará movilizaciones a los más de 1.500 profesionales afectados por la ley.

Para el coordinador de Administración Local de CSI-F en la provincia de Cáceres, estas cuestiones suponen un borrón en una ley que plantea cuestiones positivas. Entre ellas, se encuentra una disposición adicional que regula la extinción de la categoría de auxiliar de Policía Local para que en un plazo de un año estos profesionales de pequeñas localidades se conviertan en agentes.

Junto a esto, la propuesta de ley recoge una medida contemplada en una norma nacional del año 2007, pero que no se podía llevar a cabo porque estaba pendiente de regulación autonómica. Se trata de la posibilidad de crear cuerpos de Policía Local por asociación entre municipios y entidades locales menores. Para ello, se exige que sean limítrofes, que acrediten la no disponibilidad por separado de recursos suficientes para la prestación de estos servicios con eficacia y que la suma de sus poblaciones no supere los 40.000 habitantes.

Juan Luis Lancho, de CC OO, considera acertada esta medida, que ya se planteó en la ley de 1990 pero que fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Con la nueva norma estatal de 2007 ya es posible, pero añade que se debería permitir para localidades de mayor tamaño.

Asimismo, el proyecto de ley permite la colaboración entre municipios para que agentes de la Policía Local puedan prestar servicio en otra localidad para cuestiones puntuales por un plazo máximo de treinta días.