Cursos de ITV y ética en la gestión

El caso de los cursos promovidos por la UEx y la Consejería de Fomento en el marco del decreto de 2013 de privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) presenta dos caras, una cara de tipo ético y otra de tipo procedimental. La primera es fácil de observar y reconocer. Lo que explican las informaciones que ayer y hoy viene publicando este diario puede ser un hecho excepcionalmente llamativo para cuantos no conozcan las interioridades de la gestión interna universitaria y de la administración en general. Y ello a pesar de que, por el contrario, quienes convivan con las costumbres de esas instituciones -más o menos laxas, más o menos extendidas- quizás no encuentren mayores reparos. Conviene pues acudir a la comparación y la metáfora para que el caso se entienda mejor, en toda su plenitud. Lo que ha ocurrido con estos cursos es lo mismo que ocurriría si la Junta de Extremadura hubiese sacado un decreto para la educación obligatoria concertada en el que se requiriese una experiencia mínima para el profesorado que acabase empleado en ella; que esa experiencia mínima pudiese convalidarse gracias a unos cursillos; y que esos cursillos acabaran impartiéndolos -previo pago de los alumnos, incluidos los desempleados- los propios responsables de la Consejería de Educación que han participado en la elaboración de la norma y la concesión del concierto a cambio de, lógicamente, una jugosa cuantía económica. Es por tanto evidente que los responsables políticos de este mejunje de intereses cruzados deben actuar con diligencia, depurar responsabilidades y aplicar de inmediato cambios que refuercen las garantías de limpieza, transparencia y equidad en el ejercicio de los servicios públicos.

Ahí es precisamente donde aparece la segunda cara, la que afecta particularmente a la normalidad con la que en la universidad y la administración pueden producirse hechos como los que pormenorizan nuestras informaciones. La fiscalización interna de la gestión y uso de recursos técnicos, humanos y económicos dentro de la Universidad de Extremadura debería perfeccionarse primero normativamente, para que no haya amparo legal alguno a estas prácticas, y después ejecutivamente, situando al frente del control de estas cuestiones a personal independiente y dotado de suficientes herramientas.