La Junta abrirá una investigación sobre los 30 millones adjudicados en cursos de 2008 a 2010

La Intervención General de la Junta de Extremadura iniciará una investigación sobre los 30 millones de euros adjudicados en los cursos de formación de 2008 a 2010.

Así lo ha solicitado este mismo, viernes 27 de marzo, la Dirección Gerencia del SEXPE, según avanza el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

Este procedimiento es el paso siguiente a la denuncia que este martes pasado efectuó la Junta de Extremadura ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, tras haber detectado en los cursos de la convocatoria de 2011 un presunto fraude a gran escala cometido en las facturaciones de la Creex, UGT-Extremadura, CC OO-Extremadura y Cepes-Extremadura, señala.

De este modo, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha solicitado este mismo viernes de forma oficial a la Intervención General que abra dicha investigación, al "sospechar que en esos ejercicios de 2008 a 2010 también se pudo incurrir presuntamente en prácticas fraudulentas contra la Hacienda Pública".

La motivación de la investigación reside en que esas convocatorias estaban, al igual que la de 2011, reguladas por el mismo decreto de 2008 del anterior Ejecutivo.

Dicho decreto, estuvo en vigor hasta que en 2012 el Ejecutivo de José Antonio Monago, ya con "plena capacidad jurídica para actuar en esta materia, lo suprimió y sustituyó por otro que modificaba el modelo para hacerlo más riguroso y estricto", explica el Gobierno de Monago.

Desde ese año "no sólo se reducen significativamente las cuantías de las ayudas sino que pasa a ser la propia Administración regional la que controla y revisa todo el proceso de la justificación de dichos cursos de una manera mucho más exhaustiva", señala.

Del mismo modo, la Junta de Extremadura ha recordado que la investigación de la convocatoria de cursos de formación de ocupados de 2011 se lleva realizando desde julio de 2014 con el conocimiento desde ese momento de la Creex, CC OO, UGT, CEPES y resto de entidades beneficiarias.

A todas ellas, señala, el Sexpe les informó que se realizaría una auditoría del 10% de lo concedido y les ha ido requiriendo toda la documentación para justificar estas subvenciones, que han aportado, así como se les ha remitido el informe provisional de la auditoría para que realizasen las alegaciones y subsanaciones oportunas.

Por último, el Gobierno extremeño ha solicitado a todos los partidos que condenen el presunto fraude como en otras Comunidades Autónomas.