El PP quita de la lista regional aprobada a un candidato imputado desde 2013

El pasado lunes, José Antonio Manzano Gil, presidente del PP de Villanueva de la Serena y portavoz municipal, era el número 22 de la candidatura del PP a la Asamblea por la provincia de Badajoz. Así se informó en la junta directiva regional que presidió Monago. Manzano había sido incluido en la lista aunque está imputado por inflar el censo hace cuatro años en Calzadilla de los Barros, donde ejerció como secretario del Consistorio. Ayer por la tarde, los populares extremeños, a preguntas de HOY, dijeron que había sido reemplazado. No irá como candidato popular en los próximos comicios autonómicos.

El PP regional comunicó ayer al comité electoral nacional, el que valida las listas autonómicas, que Manzano desaparecía como candidato. El nuevo nombre lo dirá hoy. Fuentes del PP regional admitieron que la salida de Manzano está vinculada a su situación procesal.

José Antonio Manzano declaró el pasado 31 de mayo en el juzgado de instrucción número 2 de Zafra imputado por delito electoral. Su situación judicial seguía siendo la misma, como confirmó ayer él mismo a HOY. Aún continúan las diligencias previas y se toman declaraciones. Cuando este periódico se puso en contacto con él, no sabía que no iba a estar en la candidatura regional. «El PP ha considerado que puedo aportar para ganar las elecciones. Estoy agradecido», indicó. «Estar imputado no significa condenado, ni siquiera tampoco estar procesado», concluyó Manzano. Once personas están imputadas por el empadronamiento irregular de 63 vecinos pocos meses antes de las elecciones de 2011 en Calzadilla de los Barros, cuyo alcalde es Antonio Galván (PP), también senador. Se analiza el censo de personas en casas que estaban en estado ruinoso, otras inhabitables, en cortijos, en inmuebles propiedad del Ayuntamiento y en el hostal del pueblo. Entre los investigados aparecen dos concejales del PP, otros cuatro exediles, el auxiliar de policía local y José Antonio Manzano.

Este declaró ante la juez que ni intervino en el incremento presuntamente fraudulento del censo ni fue el encargado de comprobar si los nuevos censados vivían en cortijos o casas semiderruidas.