Ojo, político al volante

Además de una urna, bien podrían asociarse a la democracia otros objetos como el radar que vigila desde un arcén o el etilómetro por el que debe soplar un conductor. La sociedad tiene asumidos algunos privilegios que disfrutan los políticos, pero si hay algo que los iguala al resto de la ciudadanía es el código de circulación.

En Extremadura se empiezan a acumular los casos en los que el uso que hacen algunos representantes públicos de sus vehículos, oficiales o privados, puede llegar a desatar una tormenta política con efectos inesperados. De hecho, algunos episodios ya han tirado por la borda alguna carrera prometedora.

Una copa de más, la urgencia por aparcar, un exceso de velocidad o la sensación de que los recursos públicos deben ponerse al servicio particular, como sucedió con Monago cuando era teniente alcalde de Badajoz y le robaron la moto, son parte de los episodios que en los últimos años han protagonizado políticos extremeños. Hace cuatro años el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tuvo que salir a disculparse porque a su chófer, con él dentro, lo pillaron a 170 kilómetros por hora en la Autovía de Extremadura a la altura de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) a bordo del Audi A8 oficial. Los populares acusaron también a la delegada del gobierno, Carmen Pereira, de tratar de ocultar el incidente.

Si el verano pasado el concejal de la Policía Local pacense Alberto Astorga tuvo un desagradable incidente con el agente que lo multaba por dejar su moto en una plaza para discapacitados, ahora ha sido el marido de una concejala de Mérida el que ha tratado de aprovecharse de unas plazas de aparcamiento y ha puesto en el disparadero al grupo municipal de Ciudadanos.

El coche suele ser la segunda inversión más importante de una persona, detrás de la vivienda. Y supone tanto esfuerzo pagarlo y mantenerlo que el solo hecho de adquirir un vehículo oficial considerado de lujo con cargo al presupuesto público puede herir la sensibilidad de los ciudadanos. En Extremadura se desató una polémica alimentada desde el PP en noviembre de 2008, justo cuando asomaba la crisis y el presidente Vara pedía a sus cargos austeridad en el gasto. La entonces vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Dolores Aguilar, había comprado con cargo al erario público un Lexus GS 450 H con propulsión híbrida de gasolina y electricidad valorado en 68.000 euros para sus viajes. El PP pidió dimisiones por aquel dispendio y el asunto se quedó en que el coche tuvo que ser devuelto al concesionario. Inevitablemente, comprando un vehículo al alcance de muy pocos, los socialistas vieron enturbiada su imagen de cercanía con los ciudadanos.

Condenado

No fue la primera vez que un coche comprado para un alto cargo salpicó en Extremadura la imagen de un político. El PSOE contraatacó unos meses después y en la primavera de 2009 su grupo municipal en Badajoz criticó el coste del coche que se iba a comprar para el entonces alcalde Miguel Celdrán, un Volvo S80 valorado en 48.000 euros al estar blindado. El culebrón duró varios meses, el coche se adquirió finalmente y Celdrán despachó el asunto con su habitual desparpajo: ««Cuando vaya a recoger a un premio Planeta a Madrid lo mando en la furgoneta amarilla de Paco El Cerillo para ahorrar dinero y combustible», dijo.

En otra categoría más delicada se agrupan las ilegalidades al volante. Las puede cometer cualquiera, paga por ellas y tema zanjado. Pero en la región se han dado casos en que los políticos han pretendido escabullirse aprovechando el cargo y no han ahorrado amenazas para los agentes denunciantes. Estos comportamientos han puesto al borde del precipicio a alcaldes y ediles destacados. Entre los que no salieron indemnes figura el exalcalde de Trujillo, el socialista José Antonio Redondo. En 2008 conducía por su pueblo un Renault Velsatis propiedad del Ayuntamiento mientras hablaba por el teléfono móvil a las once de la noche. Esto motivó que la Guardia Civil le diera el alto y entonces los agentes comprobaron que había bebido. El regidor -que luego se comprobó que había tomado un vino, una cerveza y un whisky- se resistió a ser multado y no hizo caso a las instrucciones de los agentes.

El Juzgado de lo Penal de Cáceres lo condenó varias semanas después La sentencia fijó la retirada del permiso de conducción a este alcalde socialista por año y medio, una multa de 2.700 euros y trabajar 40 días en beneficio de la comunidad. Por la falta de desobediencia a la Guardia Civil se le multó con 525 euros. Aquello ocurrió el 16 de abril, y el 12 de mayo, presionado por su partido, tuvo que dimitir.

No han hecho lo mismo otros ediles, si bien sus regateos con la ley tienen matices distintos. El caso Astorga fue sonado. Tuvo lugar el verano pasado, un 13 de junio, cuando el concejal responsable de la Policía Local de Badajoz estacionó su moto, una Suzuki Burgman, en una plaza para discapacitados. Un policía nacional le advirtió de la ilegalidad y el concejal le respondió de mala manera. Cuando llegó la Policía Local lo multó y al regresar el edil éste rompió la multa, le recordó al agente policial qué cargo ostentaba, le hizo fotos con el móvil y le espetó al policía que «no sabía con quién había dado». Astorga se subió a la moto pero con su comportamiento los agentes se percataron de su estado de embriaguez, por lo que trataron de que se bajara del vehículo. Éste se negó y los amenazó diciendo que estaba llamando a un alto mando. Al final tuvo que ser llevado a casa en coche policial.

Durante la resaca de los acontecimientos no le fue mucho mejor a Astorga, que empezó negando los hechos y terminó provocando un pleno monográfico sobre aquel episodio en el que la oposición pidió su dimisión. No la presentó, pero el alcalde lo apartó del Área de Policía Local y en los meses siguientes lo apartó de la lista electoral para que aquella metedura de pata no pasara factura al resto del equipo candidato del PP, pues la historia dio mucho que hablar en Badajoz.

Los chascarrillos y las críticas a los intentos de aprovecharse del cargo dieron de sí tanto como cuando seis años antes a José Antonio Monago, que en aquel agosto de 2008 era alcalde en funciones de Badajoz, le robaron su moto. Cuando vio a los sospechosos se puso en marcha un dispositivo de cinco coches de Policía local y nacional y otro agente más motorizado para adentrarse en el barrio más conflictivo de la ciudad. Al final, la moto de Monago apareció calcinada y el suceso trascendió como una exageración de recursos policiales de la que cualquier ciudadano de a pie víctima de un robo similar jamás hubiera dispuesto.

Aparcar donde sea

Unos meses después, ya en 2009 y en Plasencia, tuvo lugar otro episodio relacionado con los vehículos de los políticos. En ese caso el concejal del PP Miguel Ángel García Pintor fue parado en un control de carretera por la Guardia Civil en la N-630, en el polígono industrial. Aquello empezó el 13 de enero a las 21.35 horas y acabó ante el juez con el edil acusado de ser el autor de un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El concejal no logró soplar adecuadamente por el etilómetro, alegando una enfermedad que se lo impedía. Por eso pidió derecho de contraste con un análisis de sangre. Dio una tasa de 1,46 gramos por litro, cuando lo máximo permitido es 0,5. La vista concluyó con una sentencia dictada de conformidad por la que fue condenado a ocho meses de retirada del permiso de conducir, cuatro meses de multa y 22 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Lo siguiente fue que el PP lo apartó del partido, aunque el edil cazado bebido al volante decidió mantener su acta de concejal, lo que dio no pocos quebraderos de cabeza a su grupo municipal.

No fue el último sobresalto relacionado con infracciones de tráfico para el PP placentino, que ha sufrido esta primavera otra historia que ha enfrentado a otro representante municipal con las normas de circulación. El pasado 28 de mayo el concejal de Festejos, Luis Díaz, aparcó en una plaza de discapacitados y cuando comprobó que le habían retirado el coche llamó desde su teléfono del Ayuntamiento a la jefatura de la Policía Local para insultar al operario de la grúa, al que presuntamente amenazó con dejarlo sin trabajo. Cuando salió a la luz el incidente explicó que él pagó la tasa para retirar su coche, si bien reconoció que «se le había calentado la boca». Según dijo, fue porque le dañaron el coche. La oposición en bloque pidió su cese o dimisión, pero el alcalde, Fernando Pizarro, lo confirmó en el cargo días después.

Por lo que se ve, aparcar es un problema en todas las ciudades, y quien dispone de un acta de concejal pretende evitar a toda costa perder tiempo en esta maniobra que en pleno centro suele llegar a ser desesperante. Tanto es así que incluso siendo pareja de un cargo público los ha habido que han intentado aprovecharse una supuesta inmunidad que no es tal, como ha ocurrido este mes en Mérida. Esta vez la polémica afectó a Ciudadanos, un nuevo partido con representación en el consistorio emeritense. El marido de la portavoz municipal de esta formación, María Antonia Sanmartín, fue pillado cuando conducía en dirección prohibida intentando aparcar el pasado viernes, día 21, en la zona restringida a autoridades públicas y coches oficiales, en ningún caso de concejales, en las traseras del Teatro Romano. La respuesta de la concejala fue que la Policía Local está «politizada», una acusación que de alguna manera podría dar lugar a interpretar que, en cuestiones viales, los políticos deberían tener un trato diferente.

Acabaron en tragedia

Al margen de estos incidentes, que pueden resumirse en intentos de abuso de poder, la lista de casos dramáticos en la región también existe al relacionar políticos con sus vehículos. Trascendió el accidente que tuvo Miguel Celdrán cuando se dirigía a Madrid con su propio coche para acudir a una reunión del Senado. Su Volvo S-40 chocó con el quitamiedos en la N-V a la altura de Maqueda pero salió ileso. Conducía él mismo y días después el presidente autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra le pidió que usara siempre el coche oficial porque uno es alcalde las 24 horas del día.

Otros representantes públicos no tuvieron tanta suerte en carretera. Al volante han fallecido, entre otros, Rafael López Gamonal, Alfonso Moreno de Acevedo y Juan Canet.

López Gamonal, que fue vicepresidente de la Junta de preautonómica y senador por UCD, chocó con un vehículo portugués y falleció en un cruce de la localidad de Zafra. Ocurrió en abril de 1991, cuando tenía 47 años, e iba con un Renault 21.

Nueve años antes, en octubre de 1982, Alfonso Moreno de Acevedo, número uno de la candidatura del CDS por Badajoz, también falleció en accidente. Conducía un Chrisler 180 que colisionó en la N-V con un Talbot Horizon a la altura de San Pedro de Mérida. Además, Juan Canet, abogado defensor d e la clase obrera que da nombre a una zona de Mérida, también dejó su vida en el asfalto. Ocurrió de noche un 6 de junio de 1979 cuando iba a participar en un mitin de la Candidatura de los Trabajadores en Cabeza del Buey.