Reclaman a directivos de GPEX el alquiler de un sitio que no se ocupó

El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha un procedimiento para depurar responsabilidades por una operación que llevó a cabo en el año 2009 la empresa pública Gpex, de la Junta de Extremadura. En concreto, se trata del alquiler de unas instalaciones que nunca llegó a ocupar. Mantuvo el contrato durante un año y medio, hasta que decidió rescindirlo, lo que obligó a pagar una indemnización. Estas gestiones supusieron un gasto de más de 165.000 euros.

La actuación que se ha puesto en marcha es un procedimiento de reintegro por alcance, que corresponde a un mal uso de los fondos públicos y que puede terminar exigiendo a sus responsables la reposición del dinero.

Según un auto del pasado 1 de septiembre, se parte de una denuncia del Ministerio Fiscal basada en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre Extremadura de los años 2008 y 2009.

En este informe, que se aprobó en 2013, se resaltaba que la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (Gpex) suscribió en abril de 2009 un contrato de arrendamiento para la instalación de una de sus filiales, en concreto la empresa Fomento de la Iniciativa Joven «con motivo de su refundación y de las nuevas competencias que va a asumir», según el acuerdo del Consejo de Administración por el que se autorizó la operación. El alquiler era por un mínimo de tres años a razón de 6.000 euros al mes.

El lugar elegido fue la antigua sede de la Confederación del Guadiana en Mérida, en la calle Octavio Augusto. El espacio consistía en una nave destinada a oficinas y una zona de aparcamiento adyacente. El 20 de octubre de 2010 se llevó a cabo la resolución anticipada del contrato, abonando Gpex más de 70.000 euros (63.000 euros más IVA) a los propietarios. El Tribunal de Cuentas resaltó que la empresa se hizo cargo de una prestación que iba a recibir una de sus filiales, con personalidad jurídica y patrimonio independiente, sin que consten las razones por las que la matriz debía asumir ese gasto ni rubricar el contrato en su propio nombre. Asimismo, destacó que durante el periodo de arrendamiento no se llegó a dar uso alguno a dichos bienes, y que no se justificaron las causas que llevaron a la rescisión.

La acción del Tribunal de Cuentas se limita a la responsabilidad contable, pero estos hechos también son objeto de investigación en los juzgados de Mérida por si pudieran ser perseguidos por la vía ordinaria.

El ejecutivo autonómico del PP ya denunció este contrato en 2012 tras encargar una auditoría sobre las cuentas de Gpex. Según se dijo entonces, se abonaron 165.360 euros en concepto de alquiler y resolución anticipada.

No era apto

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura explica que en su momento se decidió el alquiler de este espacio, pero que tras comprobar que era necesaria una obra de adaptación por importe de unos 300.000 euros se optó por la rescisión, que supuso el pago de una cantidad inferior al coste de la reforma y al año y medio que restaba de contrato.