Las mancomunidades recuperan servicios sociales y agentes de empleo

Que a un consejero de la Junta, en una reunión, se le interrumpa su discurso para recibir un aplauso unánime, también de políticos del partido contrario, es algo inédito. Para su satisfacción, a Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, le ocurrió eso ayer en Mérida, en la sala de reuniones de lo que se sigue conociendo como Consejería de Agricultura. Los aplausos llegaron de los gerentes y presidentes de las mancomunidades extremeñas, instituciones básicas en el mapa rural y a las que el Gobierno de Rajoy había retirado desde 2013 competencias en políticas de empleo y servicios derivadas de las mismas. La Junta se las ha devuelto.

La reforma local del ministro Cristóbal Montoro dejaba a las mancomunidades sin poder gestionar servicios sociales de base, los programas Aprendizext (las antiguas Escuela Taller y Casas de Oficio), planes de igualdad o cursos de formación. De forma práctica, ponía en el disparadero a 45 agentes de empleo y desarrollo, básicos para los vecinos de zonas rurales para informar y asesorar sobre subvenciones, programas para emprendedores y gestionar ayudas y proyectos de quienes quieren poner un negocio.

170 municipios de los 388 existentes en la región estaban condenados a dejar de recibir este servicio y 45 trabajadores iban a perder sus puestos de trabajo, 22 en la provincia cacereña y 23 en la pacense. En 2013, un número aún más importante, 160, de agentes de empleo y desarrollo local tuvieron una situación de incertidumbre laboral que se resolvió positivamente para ellos y para los ayuntamientos. Eran los dependientes de la convocatoria que saca la Junta anualmente.

En 2013, el Gobierno regional anterior presentó un notable recorte presupuestario de fondos (de 2,2 a 567.000 euros), lo que ponía en jaque a un gran número de trabajadores. Finalmente la Administración rectificó y la siguiente convocatoria se desarrolló con normalidad.

García Bernal comunicó ayer que se permite que las mancomunidades recuperen esos agentes de empleo y competencias vinculadas gracias una interpretación legal del régimen de materias que pueden ser desarrolladas por las entidades locales. De esa disposición se benefician 30 mancomunidades.

«Se vuelve de nuevo a lo que estaba dispuesto antes de 2013 y que tan bien habían desarrollado las mancomunidades para beneficio de los habitantes de sus pueblos. Se vuelve a potenciar realmente el desarrollo local a través de la unión de municipios», resumió Juan Pulido, alcalde socialista de Alange y presidente de la mancomunidad integral Centro, que engloba a 13 municipios y 24.700 habitantes.

Con sede en Calamonte, es la segunda de Extremadura por la cartera de servicios que ofrece. «Sin la agrupación de municipios es imposible ofrecer determinados servicios en los pueblos y se pierden opciones no solo de un mejor desarrollo sino de simple supervivencia», finaliza Pulido.

«Me parece perfecta (la decisión de la Junta de devolver competencias en empleo). Se pone fin a una situación injusta que perjudicaba al mundo rural y a la posibilidad de desarrollo», agrega Manuel Naharro, alcalde (PP) de Valencia de Mombuey y presidente de la mancomunidad integral Sierra Suroeste.

La asociación agrupa a ocho municipios, que serán nueve antes del verano, y, entonces, dará servicios a un total de 26.000 habitantes. «Es una vuelta al sentido común porque las mancomunidades y, con ellas los vecinos de los pueblos, habían sufrido un serio golpe», sentencia Naharro.