El fiscal pide entre 8 y 21 años de cárcel para los exdirectivos de Feval

El caso Feval está a punto de ser juzgado. La investigación abierta para dirimir las responsabilidades penales de los tres principales exdirectivos de la institución ferial más importante de Extremadura ha dado un paso más. Ayer se conocieron las conclusiones provisionales de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, ejercidas por la propia Feval y el Partido Popular.

Las peticiones de penas en todos los casos son cuantiosas. El fiscal pide entre 18 años y medio y 21 años y medio de cárcel para José Luis Viñuela (dependiendo del artículo que se le aplique), nueve años y medio para José Villa y entre ocho y medio y once y medio para Juan Francisco Cerrato. A estas cuantiosas penas de cárcel se añaden peticiones de inhabilitación para cargo público para todos ellos.

El PP solicita para los tres exdirectivos 27 años y siete meses de cárcel. La acusación de Feval es la más moderada: su petición de penas va entre 9 años y medio de cárcel para Cerrato y Villa y 19 para José Luis Viñuela.

La investigación sobre supuestos delitos en la gestión de Feval se inició a partir de la llegada del PP al gobierno regional. Entonces dio a conocer una auditoría realizada meses antes (durante el mandato de Vara) en la que se recogían numerosas irregularidades. El Partido Popular llevó esa documentación a los juzgados y las pesquisas judiciales continuaron con registros policiales en la propia entidad ferial en noviembre de 2011. No hay que olvidar que José Luis Viñuela fue alcalde de Don Benito y diputado en la Asamblea de Extremadura por el Partido Socialista.

Pero el escándalo político y mediático llegó cuando la UDEF, (la unidad de delitos económicos y fiscales de la Policía) se presentó en Don Benito, detuvo a los tres implicados y registró sus viviendas con perros especializados en detectar billetes. Era el 22 de mayo de 2013. Los tres acusados fueron puestos en libertad sin fianza y la investigación policial y judicial continuó. La marcha de la juez que instruía el caso y la llegada al juzgado de uno nuevo contribuyó a dilatar las investigaciones.

Tres años después del espectacular desembarco de los policías en Don Benito y después de que la Asamblea cerrara una comisión de investigación sobre el asunto, la instrucción del caso ha terminado. La Fiscalía asume las investigaciones de la UDEF y reclama fuertes penas de cárcel e inhabilitación. Les acusa de delitos que van desde la malversación de caudales públicos a la falsificación documental y la prevaricación. En sus conclusiones provisionales el fiscal Juan de Mena hace un relato muy detallado de los hechos que considera delictivos, empezando por la contabilidad.

Manipulación y desfase en la caja de caudales

La primera presunta irregularidad que registra el fiscal se produce en la gestión de la caja en que se guardaba dinero en efectivo. Estaba bajo la responsabilidad de Juan Francisco Cerrato, administrador general, y en ella se guardaba dinero procedente de la hostelería y la máquina de tabaco. Según el fiscal, Cerrato no firmaba justificante de las entradas de dinero y aunque parte era anotado en una hoja Excel e ingresado en cuentas bancarias de la institución, otras cantidades «desaparecían». Este mecanismo produjo un descuadre en las cuentas en perjuicio de Feval de 181.914 euros. El fiscal responsabiliza a Cerrato, pero añade que Viñuela consentía la manipulación

Chófer y asistente para Viñuela pagado por Feval

José Luis Viñuela, que fue director general de Feval desde 1985 hasta su despido en 2012, es acusado también por el fiscal de haber disfrutado de un chófer y asistente personal pagado por la institución entre 2007 y 2010, a pesar de que ese puesto no existía en la relación de empleos de Feval. Se trataba de un trabajador del departamento de mantenimiento.

Jardineros y peones que trabajan en la finca

El fiscal no solo acusa a Viñuela de disponer de personal de Feval para su disfrute propio, sino que incluye a José Villa en esta irregularidad. Según el escrito, jardineros y peones que estaban en nómina en Feval trabajaban de manera periódica en la finca que ambos tenían en Navalvillar de Pela, al borde del pantano de Orellana. Esos trabajadores realizaban labores de poda de árboles, mantenimiento o pintura de manera esporádica en la finca y no recibían otros emolumentos que los de Feval. El fiscal recoge también la contratación de otro empleado, que vivía cerca de la finca, a cargo de Feval que apenas apareció por las instalaciones de la feria. Su cometido era trabajar en la propiedad de Viñuela y Villa, salvo algún tiempo que dedicó al montaje de ferias organizadas por la institución.

Contratos troceados y sin publicidad

El relato de presuntos delitos que hace el fiscal incluye el amaño y troceo de contratos para la puesta en marcha de una nueva instalación en Feval, el llamado centro de emprendimiento TIC, presupuestado en más de 1,3 millones y financiado en un 75% por fondos europeos. Fueron invitadas a presentar proyectos varias empresas (Averis, Accenture y Dmuestra) para definir el centro, pero finalmente los directivos encausados ordenaron a los técnicos de Feval que trocease el expediente para poder adjudicarlo directamente y sin publicidad a Everis Spain S.L.. El escrito del fiscal asegura que los expedientes de contratación, que tenían un precio entre 36.000 euros y 49.500, «fueron una falacia, pues en su desarrollo se cometieron múltiples irregularidades y falsedades, convirtiéndose en una mera cobertura formal para la adjudicación de los mismos a la empresa Everis».

Según la auditoría, se le dio el contrato a esa empresa a pesar de que el precio de una empresa competidora era más barato. Incluso la Intervención General del Estado, que fiscalizó el proyecto, concluyó que los tres contratos deberían haberse realizado en un solo expediente con publicidad para cumplir con la ley.

El fiscal concluye que propuestas de las otras empresas que no resultaron adjudicatarias eran falsas, elaboradas por los acusados o por alguien a su servicio. Otro contrato que, según la Fiscalía, se hizo de manera fraudulenta fue el realizado a Fernando Panizo, que recibió una invitación para prestar servicios de asesoramiento para poner en marcha el centro de emprendimiento. Este contrato se hizo por cuatro meses para evitar que el precio superase los 18.000 euros y se prorrogó varios meses más sin que se firmase un nuevo contrato. La Intervención general del Estado consideró que ese contrato contravenía la legislación.

Trabajos de limpieza: diez años sin ajustarse a la ley

En materia de contratación hay otro apartado que el fiscal considera que no se ajusta a la ley. El contrato de limpieza con la empresa CLECE S.A., firmado en 1999 por Juan Cerrato, se pactó por un año. Sin embargo, se fue prorrogando sin que se incoase un expediente de contratación que garantizase la concurrencia de otros profesionales. En 2010 ese contrato ascendía a 174.358 euros. También en esta ocasión la Intervención General del Estado considera que contraviene la ley, tanto por la duración del contrato como por la inexistencia de un expediente que diga que servicios se contratan.

Alquiler y montaje de stands: pago sin contrato

Una última irregularidad recogida en las conclusiones del fiscal tiene que ver también con la inexistencia de contratos ajustados a la ley en pago por servicios prestados a Feval. La empresa Gamma XXI se dedicaba al montaje de tarimas, moquetas y puertas desde una fecha que no está determinada y lo hacía sin contrato. «Pese a los esfuerzos durante la instrucción -relata el fiscal-, no ha sido posible localizar el contrato ni el expediente administrativo de contratación de la misma». La propia dirección de Feval asegura que se hacía de manera verbal. Las cantidades eran importantes: desde 465.943 euros en 2007 a 90.504 en 2010. También la fiscalía recalca que a pesar de las altas cantidades que se pagaban, los directivos omitieron «conscientemente» incoar un expediente para que pudieran concurrir otros profesionales interesados.

Tras este prolijo relato de presuntas irregularidades, la Fiscalía va desgranando en su escrito los delitos que considera que han cometido los tres investigados y las penas que le corresponderían. Desde prevaricación a falsificación de documento público, pasando por malversación de caudales públicos.

La acusación que ejerce Feval contra la gestión de sus exdirectivos hace una calificación de los hechos muy similar. También el Partido Popular coincide en buena parte de la calificación, si bien añade algún delito más: les acusa a los tres de fraude, y de un «delito de organización criminal para cometer delitos». La suma de penas que pide el PP para los tres encausados supera los 27 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer un cargo público que lleva aparejada.

El auto de apertura de juicio oral establece además que los acusados presten una fianza de 270.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias en las que puedan haber incurrido. Si no lo hacen se les embargarán los bienes.

Tras el auto de apertura del juicio oral las defensas tienen diez días para presentar sus propios escritos. Solo a partir de entonces se podrá fijar una fecha de celebración de la vista, que tendrá lugar en sección tercera de la Audiencia, en Mérida.

Dados los plazos que es preciso respetar es posible que el juicio se celebre a principios de 2017.

La publicación de las conclusiones del fiscal provocó ayer la reacción de los partidos políticos. El PP de Extremadura reclamó al PSOE que «pida perdón» a los extremeños por «haber intentado tapar» los «hechos tan graves de Feval, según informa Europa Press. También reclamó al PSOE que se «disculpe públicamente con los trabajadores que denunciaron estas situaciones en Feval y que fueron despedidos». Recordó que «todavía hay responsabilidades políticas en el aire» que a su juicio «deben asumirse por respeto a todos los ciudadanos de esta región».

El PSOE también se pronunció sobre el asunto. Reclamó al PP que respete la presunción de inocencia, ya que son los tribunales los que deben pronunciarse sobre la culpabilidad o no de los acusados.

Los socialistas recuerdan que siempre han respetado las actuaciones judiciales. Y anuncian que respetarán también en este caso el pronunciamiento que hagan.