El juzgado amplía la investigación en el caso UPA a tres años más

El juzgado de instrucción número 1 de Mérida ha decidido ampliar a los años 2010, 2011 y 2012 la investigación del presunto fraude cometido por UPA-UCE en la gestión de las subvenciones concedidas para la mejora de explotaciones agrarias por la Junta de Extremadura con fondos procedentes también de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura. Unos hechos por los que han sido detenidos en Extremadura siete miembros de esta organización agraria.

Esa decisión se ha materializado en el requerimiento que ha enviado el juzgado a la Junta de Extremadura para solicitarle todos los informes y expedientes relacionados con los servicios de asesoramiento prestados por UPA-UCE durante esos tres años. El alcance de esta medida puede ser sustancial para la investigación, puesto que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres había centrado el análisis en los años 2013, 2014 y 2015.

Los investigadores concluyeron que durante esos tres años las siete personas detenidas podrían haber cometido los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública por fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo.

Esas acusaciones fueron realizadas después de que la Guardia Civil tuviese acceso a los movimientos bancarios que permitieron justificar la concesión de subvenciones a 1.800 agricultores por un valor global de 1,8 millones de euros.

El decreto que regulaba esas ayudas indicaba que antes de su concesión era necesario que el agricultor hubiese abonado en su totalidad el servicio de asesoramiento. Igualmente obligaba a la entidad que prestaba el servicio (en este caso UPA-UCE) a haber realizado esos trabajos de asesoramiento.

En los tres años investigados, la Guardia Civil llegó a la conclusión de que el dinero con el que los agricultores justificaron el pago de esos servicios lo recibieron de una empresa creada por UPA-UCE que, a su vez, recibió el dinero de la organización agraria. Por tanto, esta habría enviado el dinero a esa empresa instrumental; la sociedad habría entregado el dinero recibido a los agricultores en concepto de préstamo; y finalmente los agricultores habrían usado el dinero para pagar a UPA-UCE.

El dinero tardaba apenas tres o cuatro días en recorrer ese circuito tipo carrusel , por lo que la organización agraria volvía a disponer del dinero muy pronto. Eso le habría permitido iniciar de nuevo el circuito y facilitar así que un número mayor de agricultores pudieran justificar el pago de la subvención.

Las investigaciones concluyeron también, después de hablar con 30 agricultores, que el servicio de asesoramiento no fue prestado a los agricultores por parte de la organización agraria o que no fue prestado de forma adecuada. Para llegar a estas conclusiones la Guardia Civil investigó 15.000 transferencias bancarias.

Ahora, el juzgado solicita a la Junta de Extremadura los informes y los expedientes de las ayudas de los años 2010, 2011 y 2012 para saber si el presunto fraude detectado se cometió también en esos tres años.

Por estos hechos siguen en prisión el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el secretario de organización, Maximiano Alcón. Sus abogados han solicitado la puesta en libertad y ese recurso está pendiente de la decisión que tome la Audiencia Provincial.