La Junta paraliza la auditoría prevista y se pone a disposición del juzgado

La Consejería de Medio Ambiente y Rural de la Junta de Extremadura renuncia a la auditoría que anunció sobre las ayudas al asesoramiento agrario y en su lugar dejará la investigación en manos del juzgado emeritense que instruye el presunto fraude de UPA-UCE.

Como dio a conocer HOY, el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha reclamado a la Junta los expedientes que contengan toda la documentación referente a la solicitud, tramitación y concesión de las subvenciones por asesoramiento agrario durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y cuyos servicios fueron prestados por UPA-UCE Extremadura.

Asimismo, ha requerido la remisión de todos los expedientes de inspecciones y control llevados a cabo por la Consejería de Agricultura sobre las ayudas del citado periodo vinculadas a servicios ofrecidos por la citada organización agraria.

Del mismo modo, el juzgado requiere a la Junta de Extremadura para que informe respecto a la forma en la que se prestaba el servicio de asesoramiento agrario de conformidad con la normativa de aplicación vigente. También solicita los datos de los beneficiarios y las ayudas concedidas en la convocatoria de los años 2010 a 2012, que contó con una dotación de 10,35 millones; así como el listado de las entidades de asesoramiento de ambos periodos (2010-2012 y 2013-2015).

La Consejería de Medio Ambiente y Rural señala que la naturaleza y extensión de la documentación y de la información requerida es coincidente en muchos aspectos con la auditoría que había puesto en marcha después de que la Guardia Civil detuviera a siete miembros de UPA-UCE por un presunto fraude en las ayudas. «Por ello, y a efectos de no interferir con las actuaciones judiciales, la Junta se pone a disposición de la justicia y solo llevará a cabo aquellas investigaciones que sean requeridas por el juzgado para no interferir en la causa o aquellas que, en su caso, el juzgado autorice llevar a efecto», apunta.