La Fiscalía rechaza el recurso para que salgan de prisión los dirigentes de UPA

La Fiscalía de Mérida rechaza que salgan de cárcel Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, los dos dirigentes de UPA-UCE Extremadura para los que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital autonómica dictaminó prisión provisional por un presunto fraude en la gestión de ayudas públicas.

Hace tres semanas la Guardia Civil llevó a cabo la operación Tellus, que investiga la apropiación por parte de UPA-UCE de 1,8 millones de euros procedentes de servicios de asesoramiento a 1.800 agricultores entre los años 2013 y 2015. Fueron detenidas siete personas, de las que seis forman parte de la organización agraria y una séptima trabajaba como asesor. El juzgado emeritense decretó prisión para el secretario general de la entidad, Ignacio Huertas, y para el secretario de Organización, Maximiano Alcón.

Los abogados de ambos dirigentes presentaron un recurso de apelación, sobre el que aún debe resolver la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida. Para ello, primero se ha dado parte a la Fiscalía.

Según ha podido saber HOY, el fiscal que lleva este caso ha mostrado su oposición a que prospere el recurso para que los dirigentes de UPA-UCE salgan de prisión. El motivo es que considera que no han variado las razones que justificaron hace casi tres semanas la aplicación de esta medida provisional. En su momento apuntó que su puesta en libertad con cargos, como se decretó para el resto de detenidos, podría entorpecer la investigación. El juzgado así lo estimó y decidió que Huertas y Alcón fueran a prisión.

Ni siquiera han pasado tres semanas desde que se aplicara la medida, por lo que la investigación aún no ha avanzado lo suficiente para justificar la revisión de la medida. En cualquier caso, corresponderá a la Audiencia Provincial decidir si procede estimar el recurso.

UPA-UCE fue una de las seis entidades que prestó asesoramiento agrario entre 2013 y 2015. La Junta de Extremadura concedió subvenciones a agricultores y ganaderos para costear el 80% de estos servicios, destinados a mejorar las explotaciones. La convocatoria contó con 6,7 millones de euros, financiados en un 75% con fondos europeos y el 25% restante entre el Ministerio de Agricultura y la comunidad autónoma.

A partir de la denuncia de un particular, tras lo que se investigó una treintena de expedientes, la Guardia Civil concluyó que UPA-UCE había montado un sistema destinado a captar las ayudas. El servicio no se llegaba a prestar, o al menos no en las condiciones establecidas, ya que se exigía un seguimiento por parte de técnicos cualificados.

Para que los particulares no tuviesen que adelantar el dinero y esperar a que llegase la ayuda, UPA-UCE, a través de la empresa Servicios Integrales Extremeños, prestaba la cantidad necesaria a los agricultores. Con esa cuantía abonaban el servicio de asesoramiento, por el que se cobraba la subvención del 80% a lo largo de tres años. Con esos fondos los beneficiarios devolvían el préstamo y el dinero volvía de nuevo a la entidad, pero se estima que nunca llegaban a aportar el 20% que les correspondía.

Pero, aunque el servicio se prestara, o aunque el agricultor llegara a abonar el 20%, la base de la acusación es el mecanismo financiero montado para gestionar las ayudas. Todo se inició con una transferencia de 300.000 euros de UPA-UCE a Servicios Integrales, que pocas horas después traspasó el dinero a 500 agricultores, a una media de 600 euros por persona. Acto seguido, la organización agraria cobró de sus cuentas los honorarios por los servicios de asesoramiento. Se estima que los beneficiarios no conocían este sistema y que, cuando firmaron para solicitar la ayuda, suscribieron también el préstamo con la empresa y las órdenes de domiciliación sin saber lo que hacían.

En pocos días los 300.000 euros regresaron a la entidad. La operación se repitió varias veces hasta generar 1,1 millones de euros. Pero en realidad se trataba del mismo dinero, por lo que se estima que no hubo un movimiento real. Por lo tanto, tampoco se generó derecho a cobrar ninguna ayuda.

Convocatoria de 2010

La Guardia Civil considera que UPA-UCE empleó este sistema para gestionar más de 1,8 millones de euros en ayudas percibidas por 1.800 agricultores. El juzgado número 1 de Mérida también ha pedido información sobre los expedientes gestionados por la entidad en la convocatoria de 2010. La intención es conocer si ya se utilizó entonces el mecanismo de financiación, teniendo en cuenta que Servicios Integrales fue constituida en el año 2007.

La Junta de Extremadura señala que UPA-UCE gestionó 2,46 millones en ayudas en el citado periodo, lo que eleva a 4,3 millones el total objeto de investigación.

Tramitó 2.482 expedientes de un total de 8.509 agricultores y ganaderos que cumplieron con los requisitos durante los tres años de la convocatoria. Fue la entidad que manejó más dinero de los 8,5 millones concedidos, pero no la única. Había 21 entidades acreditadas y trece realizaron servicios de asesoramiento, aunque la mayor parte se concentró en organizaciones agrarias y cooperativas o uniones de cooperativas.