Las tarjetas de aparcamiento para discapacitados deberán ser revisadas

Las personas que dispongan de tarjetas de estacionamiento para usuarios con problemas de movilidad deberán renovar estos permisos a partir de la aprobación del nuevo reglamento autonómico de accesibilidad, una norma que encara sus últimos trámites.

A finales de 2014 entró en vigor la Ley de accesibilidad universal de Extremadura, en la que ya se planteaba una nueva regulación para las citadas tarjetas de estacionamiento. Esta norma concedía un año para la aprobación del desarrollo reglamentario. Sin embargo, la Junta ha demorado los trámites más de lo previsto y no será hasta mediados de 2017 cuando se apruebe el decreto con el nuevo reglamento.

El proyecto de decreto recoge que las tarjetas de estacionamiento emitidas con arreglo a la normativa anterior mantendrán su validez durante el periodo de un año a partir de la creación del nuevo registro autonómico en el que se inscribirán estos permisos. La Junta tendrá un año para implantarlo tras la entrada en vigor de la nueva norma, prevista a los seis meses de su publicación. Es decir, la situación actual se regularizará en un máximo de dos años y medio.

Una vez puesto en marcha este registro, los ayuntamientos, a los que compete la entrega de estos permisos con validez en toda la región, también tendrán un año para implantar el nuevo modelo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, así como para adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto en la norma autonómica.

En caso de que cumplan los requisitos establecidos en este reglamento, los titulares de las antiguas tarjetas deberán canjearlas por una nueva. Para ello, deberán presentar una solicitud en el Ayuntamiento de su localidad en el citado plazo de un año desde la creación del registro autonómico.

La Junta anotará todas las resoluciones de concesión, denegación, renovación, caducidad y revocación de las tarjetas de estacionamiento, junto al motivo que fundamenta cada decisión. Para ello, comprobará que se cumplen los requisitos para obtener el permiso. Entre otras cuestiones, se exigirá un certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) que acredite que el solicitante tiene movilidad reducida.

Una de las novedades del decreto es que establece que las tarjetas de estacionamiento se concederán por períodos de cinco años renovables. La regulación actual no fija ningún límite temporal y se deja esta cuestión en manos de los ayuntamientos, por lo que hay una gran disparidad en la región y en algunos casos estos permisos especiales llegan a tener carácter indefinido.

La tarjeta deberá ser devuelta en caso de fallecimiento del titular, revocación por pérdida de las condiciones que motivaron su concesión o caducidad. En el primer trimestre de cada año se realizará una revisión de las que hayan caducado a lo largo del ejercicio anterior para detectar posibles usos fraudulentos o errores en la renovación.

Reglamento novedoso

El presidente de la Asociación para la atención y la integración social de las personas con discapacidad física de Extremadura (Apamex), Jesús Gumiel, recalca que la nueva regulación de las tarjetas de estacionamiento permitirá corregir los abusos. Pero destaca que es sólo una medida más dentro de un reglamento muy amplio que, tal como ocurrió con la ley de 2014, ha contado con la participación de las entidades del sector.

Gumiel recalca que la región aborda la accesibilidad desde una perspectiva universal, de modo que se garantice que cualquier persona pueda hacer uso de un espacio en igualdad de condiciones que el resto, de forma independiente y de manera segura. El resultado es «un reglamento modélico», afirma.

El presidente de Apamex destaca que Extremadura será la primera región que regule la accesibilidad en entornos naturales, lo que afectará a miradores, merenderos, piscinas naturales, embarcaderos, playas de interior Estos lugares deberán contar con itinerarios adaptados y mobiliario específico.

El nuevo decreto también regula los derechos de personas que cuentan con apoyo animal, como los perros guía para invidentes, con el objetivo de que puedan acceder a espacios públicos y privados. Según destaca Gumiel, el reglamento extremeño es más exhaustivo que la norma básica estatal.

La regulación que se plantea establece obligaciones para las administraciones públicas, que tendrán un plazo de diez años para adaptarse a las nuevas normas. La revisión de las tarjetas de estacionamiento para discapacitados no será la única medida que afectará a los ayuntamientos, que también deberán instalar en las piscinas públicas grúas para que personas con problemas de movilidad accedan al vaso. El principal requisito será que puedan ser manipuladas por el propio usuario. Como reconoce el presidente de Apamex, muchos municipios han hecho una inversión excesiva en la compra de aparatos que no cumplen esta exigencia. Para las entidades locales también se establecen las condiciones de los carriles-bici, que no podrán ocupar en exceso áreas de uso peatonal, como las aceras.

El contenido mínimo de los planes de accesibilidad, las ordenanzas municipales en materia de urbanismo, la obligación de mantener los edificios en condiciones adecuadas, la necesidad de formar en la materia a quienes trabajen en atención al público y la regulación de la vivienda accesible protegida son otras cuestiones que también aparecen en el nuevo reglamento.