Piden 26 años de cárcel para el acusado de matar a su expareja en Alange

La Fiscalía de Badajoz va a pedir una pena de 26 años de cárcel para el ciudadano de nacionalidad rumana que permanece en prisión desde enero de 2016 como presunto causante de la muerte de su expareja, una chica de 21 años que fue encontrada flotando en el pantano de Alange.

La calificación provisional hecha por el Ministerio Fiscal considera que lo sucedido es un asesinato para el que pide una pena de 25 años de prisión. Esa tesis es compartida por la acusación particular, que está representada por el letrado Francisco Conde. También está personada como acusación popular la Junta de Extremadura.

El relato de hechos que realiza la Fiscalía comienza a las 00.00 horas el día 7 de enero de 2016 cuando el joven de 27 años G. P., vecino de Aceuchal, mantuvo un contacto telefónico con su expareja, que en ese momento vivía en las Casas Aisladas de Gévora, a pocos kilómetros de Badajoz. En esa llamada acordaron verse esa misma madrugada en Badajoz.

A la 1.20 de la madrugada, el varón recogió a la chica y se desplazó con ella a una zona cercana o a un polígono industrial de Badajoz, donde mantuvieron una disputa verbal debido a que el joven no aceptaba las amistades que tenía su expareja en ese momento.

Posteriormente, el ahora encausado decidió «de manera unilateral» dirigirse a la presa del pantano de Alange, un paraje solitario «que más tarde iba a facilitar el propósito inicial de dar muerte a la joven».

Una vez allí, se reprodujo la situación violenta, llegando a coger una botella de cristal con la que le asestó un brutal golpe encima del ojo izquierdo. Ese impacto, unido a la excesiva ingesta previa de alcohol por parte de la chica (presentaba una tasa en sangre de 0,95 gramos/litro) «le provocó un aturdimiento severo que malogró, por lo súbito e inesperado del ataque, cualquier capacidad de reacción instintiva de defensa».

Con posterioridad la golpeó con la botella y una piedra de forma continuada, repetida y contundente en diversas zonas de su cuerpo, fundamentalmente en la cara, la cabeza y el cuello (en esas tres zonas presentaba 21 heridas), al tiempo que le daba patadas y la estrangulaba.

La Fiscalía estima que tan brutal agresión se prologó, como mínimo, durante una hora. En ese tiempo, el inculpado llevó a la víctima hasta la orilla del pantano tras salvar un terraplén de unos 20 o 25 metros de altura. Una vez allí siguió golpeándola con el propósito de acabar con su vida y la impulsó hacia el agua, donde finalmente llegó la chica en estado de inconsciencia. «Como quiera que, boca abajo en el agua, no acababa de hundirse, el acusado la sujetó por una mano y la empujó reiteradamente hacia el fondo hasta lograr definitivamente su muerte», que debió producirse hacia las 8 de la mañana.

Los forenses que analizaron el cuerpo de la fallecida localizaron un total de 43 heridas y contusiones «que le ocasionaron un gran sufrimiento» no sólo por tratarse de un elevado número sino también porque algunas de ellas fueron innecesarias para provocar su muerte.

La Fiscalía concluye que el fallecimiento se produjo «por una conjunción de estrangulamiento manual y sumersión en el agua».

Una vez que el joven se cercioró de que la chica estaba muerta recogió sus efectos personales y se desprendió de ellos esa misma mañana en diversos lugares para dificultar la localización. También llevó su coche a una estación de lavado y se deshizo de la ropa que vestía en el momento del crimen para hacer desaparecer pruebas.

La Fiscalía califica estos hechos como un asesinato en el que se aprecia la agravante de violencia de género. Por este motivo solicita que se le imponga una pena de prisión de 25 años y la prohibición de acercarse a los hijos y a los padres de la víctima durante un tiempo superior en diez años a la pena de prisión.

En la calificación fiscal también se indica que el acusado había sido condenado el 5 de noviembre de 2015 (dos meses antes del asesinato) por un delito de amenazas sobre su expareja. Por este motivo pesaba sobre él una prohibición de acercarse a la chica durante dos años, pena que incumplió sistemáticamente porque la llamaba por teléfono.

Eso hace que el fiscal lo acuse también de un delito de quebrantamiento de condena para el que pide un año más de cárcel.

En la calificación provisional se refleja que la víctima era madre de dos hijos menores, uno de ellos fruto de la relación que había mantenido con el acusado de matarla. Por este motivo solicita que el procesado indemnice a cada uno de los hijos con 150.000 euros. También propone que pague 60.000 euros a los padres de la fallecida.

El juicio que verá estos hechos se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz y será visto por un jurado popular que se nombrará por sorteo.