La juez del caso UPA cita a cuatro técnicos de la Junta como investigados

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida ha citado a declarar como investigados a cuatro técnicos de la Junta de Extremadura en relación con las labores de inspección de las ayudas al asesoramiento agrario gestionadas por la organización UPA-UCE.

La investigación realizada por la Guardia Civil considera que UPA-UCE estableció un entramado financiero para captar ayudas destinadas al asesoramiento agrario por importe de 2,46 millones de euros en la convocatoria de 2010 y 2012, y 1,8 millones entre los años 2013 y 2015. En noviembre fueron detenidas siete personas, entre ellas los máximos dirigentes de la formación, Ignacio Huertas, secretario general, y Maximiano Alcón, secretario de Organización. En diciembre fueron detenidos otros tres trabajadores de la entidad.

En enero se citó a los primeros testigos, quince técnicos y administrativos de UPA-UCE. Y en mayo se citó a una docena de trabajadores de la Junta de Extremadura para conocer cómo se realizaban las inspecciones de los servicios de asesoramiento agrario.

Según ha podido saber HOY, a finales de junio el juzgado emitió una providencia en la que se citaba como investigados a otros cuatro trabajadores, dos jefes de servicio y dos jefes de sección de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

El juzgado quiere conocer su trabajo durante la etapa objeto de investigación, entre los años 2010 y 2015, que abarca tanto el primer gobierno de Guillermo Fernández Vara como el mandato del popular José Antonio Monago.

Fuentes consultadas por HOY señalan que estos cuatro técnicos también iban a ser citados a declarar como testigos. Sin embargo, por la información facilitada en otras comparecencias y por la marcha de la instrucción, finalmente se ha optado por solicitar que acudan como investigados, lo que abre la puerta a su posible incriminación.

La juez que lleva el caso ha citado a estos cuatro trabajadores para la segunda quincena de septiembre. Sin embargo, no se descartan cambios después de las vacaciones, en función de la carga del juzgado.

La citación de estos trabajadores abre un nuevo frente en la investigación de este presunto fraude de ayudas financiadas con fondos europeos. UPA-UCE sostiene que el entramado financiero era legal y que los servicios de asesoramiento se prestaron, como acreditan las inspecciones realizadas por la Junta. Ahora el juzgado pone en duda esa labor.

Para ello, se basa en un informe elaborado por la Guardia Civil, cuyo trabajo ha sido fundamental para avanzar en la investigación. En este caso, se trata de un atestado en el que analiza la documentación aportada por la Junta de Extremadura sobre las labores de inspección.

Una de las cuestiones que han quedado de manifiesto, tanto por la declaración de testigos como por trabajadores de UPA, es que algunos de los servicios de asesoramiento no fueron realizados por los técnicos adecuados, como licenciados en Derecho. En otros casos, los propios técnicos de la organización agraria actuaron como representantes de los agricultores a los que prestaban el servicio y que debían figurar en sus actas. Para la Guardia Civil, es llamativo que las inspecciones de la Junta no detectaran estos errores.

Junto a esto, también se han apreciado informes en los que no figura la firma del técnico correspondiente, así como otros que están en blanco. En otros casos se ha evidenciado que las fechas de realización no corresponden con las exigidas por los decretos autonómicos que regularon las dos convocatorias de ayudas citadas.