«Reducir horas de religión tiene difícil justificación», según los obispos extremeños

Los obispos extremeños han afirmado este jueves que la reducción «al mínimo» del horario de la asignatura de Religión católica «tiene difícil justificación y seguramente constituye una vulneración de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo«.

Los prelados se han reunido hoy para abordar la sentencia del Tribunal Supremo respecto a las clases de religión y el diseño establecido por la Junta de Extremadura para impartir esta asignatura en función del fallo del alto tribunal.

En una nota, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, y los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia, Francisco Cerro y José Luis Retana, respectivamente, junto al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, han manifestado su «preocupación» por la asignatura ante la publicación del Decreto de la ordenación y currículo de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para Extremadura.

Los obispos han señalado que la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo de 2018 «no obliga ni aconseja la reducción horaria de dicha asignatura», antes bien sienta una doctrina jurisprudencial novedosa que determina con claridad que ha de contar con «la carga horaria que sea necesaria para su adecuada enseñanza».

A su juicio, la nueva regulación «vulneraría la referida exigencia, pues no es posible desarrollar el currículo de la asignatura con la reducción que nuevamente se pretende».

En este sentido, han subrayado que la reducción «al mínimo» del horario de religión católica, «que no se aplica a otras asignaturas del mismo perfil, categoría e importancia, tiene difícil justificación y seguramente constituye una vulneración de esta doctrina del Tribunal Supremo».

Los obispos han mostrado su apoyo a los profesores de religión «por todo lo que supondría para ellos y para sus familias la reducción del horario lectivo, con la consiguiente pérdida de ingresos en las familias de unos profesionales cualificados, que cobran por horas lectivas».

En este sentido, han recordado que este colectivo se encuentra pendiente de la correspondiente Sentencia del Tribunal Supremo, «por lo que no parece aconsejable ni prudente legislar sobre este asunto».

«Renovamos nuestro deseo de diálogo con la Administración autonómica y esperamos una solución que repercuta en beneficio de todos, de los alumnos y sus familias, y de toda la sociedad extremeña», han concluido.