El PSOE pide al Gobierno que paralice la multa de la UE por los pastos

mérida. El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura exigió ayer al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que actúen y paralicen la sanción de la Unión Europea de 79,6 millones de euros a la región por el coeficiente de la superficie de pastos de la dehesa.

De esta manera lo manifestó ayer la portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Teresa Macías, en una rueda de prensa en Mérida en la que explicó que esta multa, contra la que ha recurrido la Junta de Extremadura, aún está pendiente de que el Tribunal Supremo de Justicia comunitario dictamine sentencia.

En este sentido, la portavoz socialista instó también al Gobierno central a que dé marcha atrás y devuelva los 10 millones de euros de la primera sanción que «tuvo que afrontar la tesorería de la comunidad autónoma» respecto a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de años anteriores.

«En total son 89,6 millones de euros los que amenazan a la tesorería de nuestra comunidad autónoma y que condicionan políticas autonómicas que son claves tanto para el ámbito social como para el ámbito de la inversión y de la generación de empleo en la región», sostuvo la diputada.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que el Gobierno de España debe afrontar esta cuestión y eliminar las sanciones por el coeficiente de superficie de pactos con las que «estaban amenazando a Extremadura» ya que el litigio era -bajo su opinión- entre la Unión Europea y el Estado, «tal y como ha expresado el comisario europeo en una carta enviada la pasada semana».

Por otra parte, María Teresa Macías pidió a Mariano Rajoy que su gobierno «afronte un reajuste de la distribución de las ayudas de la PAC» y se revisen los límites de las mismas para que el reparto sea equilibrado y justo y «se proteja la actividad profesional y las explotaciones familiares», puesto que las ayudas de la PAC tienen «un problema histórico» pues benefician en su opinión a los grandes propietarios de explotaciones.

En esta misma línea, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista consideró que esta responsabilidad es del Estado y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que «no hay excusas para que no actúen» en este sentido, tras lo que felicitó a la Junta de Extremadura por su «enorme pelea» en defensa de los intereses de los ganaderos de la región.