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Mamen y Juanjo tienen parálisis cerebral y, por ello, una gran discapacidad física. Sin embargo, no ha sido obstáculo para que hayan procurado desde que se conocieron en rehabilitación vivir una vida lo más normalizada posible. Tanto es así que hace ya 17 años, con la ayuda de sus padres, adquirieron una vivienda que adaptaron a sus sillas de ruedas, y desde entonces viven como una pareja más. Con ayuda de otros, pero en su propia casa.
«Hemos luchado siempre por ser lo más autónomos y depender de los demás lo menos posible, para no ser una carga para la familia», explica Juanjo.
Durante los últimos 17 años lo han logrado. No vivir sin ayuda, no es factible dada la discapacidad que tienen ambos, pero sí de la manera más independiente posible. Porque todos estos años han contado con una subvención anual de la Asociación de Minusválidos de Plasencia, que pertenece a Cocemfe, una de las entidades que ha criticado el reparto de la subvención anual del IRPF que ha realizado, por primera vez, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Precisamente porque muchas asociaciones y programas se han quedado sin subvención y, por tanto, no pueden seguir.
Uno de ellos es el servicio de ayuda a domicilio que anualmente contrataba la Asociación de Minusválidos de Plasencia para atender a Mamen y Juanjo. «Primero fueron cuatro horas, pero en los últimos años se cubrían ocho con dos auxiliares de lunes a viernes», recuerda Sofía, de 78 años y madre de Mamen. Su vida está dedicada a su hija y a Juanjo. «Pero a partir de ahora, sin las auxiliares no sé si vamos a poder mantener la situación, que ellos sigan viviendo en su casa, porque yo sola no puedo», declara.
«¿Por qué no nos pueden mantener una ayuda para poder vivir de la manera más independiente que somos capaces?», se pregunta Juanjo. «La verdad es que sentimos mucha rabia, nos han quitado una ayuda que es el motor de nuestras vidas y no podemos entender cómo es posible que ocurra esto, se trata de la vida de las personas», lamentan.
Juan José Alcón Discapacitado
«No queremos ir a ningún centro ni a ninguna residencia y, por eso vamos a luchar para que se nos dé la ayuda que necesitamos», afirman. La que da un respiro a sus familias y a ellos les permite continuar viviendo juntos en su casa, en pareja, y ayudando en la compra, disfrutando de encuentros con amigos, de paseos diarios, de las representaciones del Alkázar y del cine los domingos.
«Me he quedado sin un apoyo fundamental para mi recuperación», afirma M. C. M. Es uno de los usuarios del centro de día que tiene la asociación Amadrovi, en funcionamiento desde 1991 en Villafranca de los Barros.
El 22 de octubre de 2017 fue el primer día que no bebió alcohol, después de hacerlo durante los últimos cinco años a diario y desde los 16 años de forma habitual. «Empecé a ir al centro de día de Amadrovi en octubre, para iniciar mi recuperación; porque allí tenemos talleres para aprender, debates... Un lugar de encuentro en el que ocupar el tiempo libre», explica este hombre de Villafranca.
Pero el centro de día ha reducido a la mitad su horario de apertura. «Ya no abre por las tardes, solo por las mañanas y entonces, si trabajo, no puedo acudir; para mí era un respaldo fundamental por la atención que recibía, por la ayuda de los trabajadores para mantener mi tratamiento, por la posibilidad de aprender a manejar las tecnologías, a elaborar mi currículum... Para tener un sitio al que ir que no fuera un bar».
Elena de la Parra Amadrovi
Amadrovi ha reducido el horario de apertura de su centro de día y ha paralizado el programa de prevención de drogas en jóvenes y el de atención a familias desfavorecidas por el momento. «Y si la situación sigue igual, no llegaremos más allá de mayo, porque no tenemos dinero para mantener ni programas ni servicios», afirma Elena de la Parra, psicóloga y coordinadora de programas de la asociación.
Hasta la fecha manejaba un presupuesto anual de unos 125.000 euros y la mayor parte del dinero, 91.000, le llegaba cada año de la ayuda del IRPF, la subvención anual que se nutre de las aportaciones de los ciudadanos cuando marcan la casilla de fines sociales cuando hacen la Declaración de la Renta.
Ante la situación alarmante generada por el reparto del IRPF, que por primera vez ha realizado la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, su titular, José María Vergeles, se ha mostrado partidario de modificar los criterios de selección para próximas convocatorias, con el fin de que los fondos lleguen a más asociaciones. «Porque la concurrencia competitiva que ha elegido Extremadura supone que no solo reciben puntos los proyectos, sino también las entidades, de tal modo que las pequeñas no tenemos nada que hacer», afirma la coordinadora de Amadrovi. «De hecho, han sido las tres grandes, que son Cruz Roja, Plena Inclusión y Cáritas, las que se han quedado con el 51% del presupuesto total a repartir». Desde Políticas Sociales se está llamando a las muchas entidades afectadas para asesorarles en la búsqueda de otras vías de financiación. Vergeles ha dicho, incluso, que no descarta ninguna posibilidad «para reflotar proyectos que sean de interés social considerable». Pero a día de hoy, deja claro Elena de la Parra, «tenemos orientación y acompañamiento, pero ninguna partida de rescate sobre la mesa».
Pero este año no ha sido el Gobierno sino la Junta de Extremadura la que ha hecho el reparto. El modelo elegido ha sido un concurso por concurrencia competitiva. Y Amadrovi ha reducido sus 91.000 euros a cero.
No es tampoco la única asociación afectada. Los 6.048.962,23 euros que han llegado por la ayuda del IRPF a la región, se han repartido solo entre 33 asociaciones y 91 programas de las 160 entidades que han solicitado ayuda para 484 programas. La consecuencia es que decenas de asociaciones se han quedado sin fondos con los que seguir desarrollando programas que, en muchas ocasiones, llevan años en la región y, por tanto, muchos trabajadores serán despedidos -o seguirán trabajando de forma voluntaria, sin cobrar, como ya ocurre en Amadrovi- y muchos usuarios, las personas beneficiarias de los programas, se quedarán sin la ayuda.
Por eso muchas están dando la voz de alarma. Es el caso de Fexad, la federación en la que se integra Amadrovi, pero también de Cocemfe o de las asociaciones de Alzhéimer de Extremadura.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), que aúna a doce asociaciones en la región, entre ellas la Asociación de Minusválidos de Plasencia, ha pedido públicamente a la Junta que haga una revisión profunda del decreto que regula el reparto del 0,7% del IRPF para ayudas a estas organizaciones.
Puesto que el reparto llevado a cabo supone «que unas 60 personas no podrán recibir atención a domicilio y se tendrá que despedir a unos 30 trabajadores». Porque se dejarán de ejecutar proyectos continuistas que, desde 1993, eran subvencionados por el Gobierno.
Las asociaciones extremeñas dedicadas a la atención de personas con alzhéimer y sus familias han anunciado igualmente el abandono de muchos de los programas que tienen en marcha debido a la falta de financiación, dado que este año la ayuda solo han llegado a tres de los trece colectivos existentes en la región. Hasta el pasado 2017, cuando el reparto recaía en el Gobierno estatal, doce asociaciones recibieron la ayuda que da continuidad a sus programas.
Juan A. Montero Club Magic
El último damnificado es el Club Magic Extremadura. Ayer hizo pública una «nota de protesta, porque varios de nuestros programas sociales y terapéuticos, en los que tenemos prestigio que sobrepasa nuestra comunidad, están ya en trance de desaparición. Teníamos la ilusión de poder continuar con ellos con la gran convocatoria de fondos del IRPF, pero hemos comprobado cómo han sido muy pocas las entidades beneficiadas, cuando había fórmulas mucho más equitativas para todos», resume su presidente, Juan Antonio Montero.
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