Tres asociaciones contra el ruido planean crear una plataforma regional

Lo que une a José María, Lorenzo, Fernando y Julián es el ruido. O más bien: la lucha contra él. La que mantienen desde hace años. Los cuatro están al frente de asociaciones de afectados por la contaminación acústica emitida por locales de ocio. Los cuatro se han sentado a la mesa con responsables de distintas administraciones para exponerles la situación del colectivo al que representan, y los cuatro coinciden en que ha llegado la hora de crear una plataforma regional.

A Lorenzo Blanco, vicepresidente de la asociación Espantaperros, de Badajoz, le basta con una frase para resumir la petición número uno que comparten estas asociaciones. «Solo queremos tres cosas -plantea-: que se cumpla la ley, que se vigile para que no pase lo que está pasando y que se sancione a quien se salte la norma». O sea: cumplir, vigilar y sancionar. Excepciones al margen, ninguna de las tres cosas se hace ahora, mantienen tanto Blanco como José María Iglesias, el presidente de Espantaperros. Y también Julián Gutiérrez, presidente de la asociación Intramuros, que agrupa a 176 residentes en el casco antiguo de Plasencia.

Estos dos colectivos, más la asociación Cacereños contra el Ruido que preside Fernando Figueroa, ya han dado pasos para constituir una plataforma regional. Les falta dar forma legal a la iniciativa, cumplimentar los trámites que la normativa exige, pero a efectos prácticos llevan ya un tiempo funcionando como una entidad de alcance autonómico. El año pasado se reunieron con el presidente de la Junta, y en los últimos meses han mantenido encuentros con responsables de otras administraciones.

A la iniciativa de constituir una asociación regional podría unirse un grupo de afectados de Mérida, donde durante años funcionó Aedar (Asociación Extremeña de Afectados por los Ruidos), uno de los colectivos pioneros en la región en esta materia.

Además, en la capital autónomica aún colean varios casos que enfrentan a vecinos y ayuntamiento. En concreto, hay una exconcejala que mantiene tres frentes judiciales abiertos. Se trata de Raquel Bravo, exedil de Medio Ambiente, para quien la Fiscalía pide dos años de prisión por ignorar denuncias de presunta contaminación acústica emitida por un pub. Además de esta causa, el Juzgado número 2 de Mérida tramita otros dos procedimientos por ruidos en los que Bravo figura como investigada. En ambos casos ha concluido la instrucción y las diligencias previas se han convertido en procedimiento abreviado, por lo que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si acusa o no por delitos de prevaricación. En el primero, por una comunidad de la calle Atarazanas, se mantiene la investigación contra la exconcejala y tres trabajadores del Ayuntamiento. En el segundo, por un local de la calle San Salvador, figura la exedil del PP y tres empleados, dos de los cuales también están en el anterior.

Loli Frutos, que vive en la capital autonómica y conoce de primera mano el problema que supone el incumplimiento de la ley en esta materia, detalla que en Mérida hay actualmente varias zonas que padecen este problema, entre ellas la calle José Ramón Mélida (junto al Teatro Romano).

Aunque cada ciudad tiene sus particularidades, los escenarios que describen Iglesias, Blanco, Gutiérrez y Frutos tienen una problemática común. La denuncia unánime es que las administraciones no hacen todo lo que deberían para atender las denuncias que les llegan. De poco vale, exponen, que la Policía Local certifique que un local está abierto cuando debería estar cerrado, que rebasa su aforo o que la música suena más alto de lo permitido si ese expediente no sigue su curso. «Con total seguridad, en la ciudad de Badajoz hay más de doscientas denuncias pendientes», afirma el vicepresidente de Espantaperros. «En Plasencia tenemos una treintena», añade Julián Gutiérrez.

Algunos de los casos están no solo en las manos de los ayuntamientos, sino también de la Junta de Extremadura. Y hay denuncias que han llegado a otras instancias, como el Defensor del Pueblo. «En Coria, Navalmoral, Miajadas, Don Benito, Villanueva de la Serena o Almendralejo hay zonas con problemas de ruidos, y estamos abiertos a que gente de cualquier sitio de la región se una a nuestra plataforma», plantea José María Iglesias, que defiende «la elaboración de un mapa del ruido en todas las localidades con más de diez mil habitantes, lo que permitiría extender las declaraciones de zona saturada». En las áreas urbanas con esa catalogación -las hay en algunas de las principales localidades de la región- está vedada la apertura de más negocios que emitan ruido, un conflicto que según Blanco, Iglesias y Gutiérrez, ayuda a explicar por qué hay cada vez menos gente viviendo en los cascos históricos.

«El problema de los ayuntamiento en general es que no cumplen la ley, fundamentalmente porque no tramitan las denuncias», resume el presidente de la asociación placentina Intramuros, que tiene claro que «lo que hacen muchos consistorios es coger el papel que les llega de la Policía Local y meterlo en un cajón». «Cuando un policía -completa Iglesias- levanta un acta de denuncia contra un bar porque no cierra la puerta, porque rebasa el aforo o no cierra a su hora, tiene que dar pie a un expediente administrativo, pero en la mayoría de los casos ni siquiera se abre». «Y si se abre -añade Lorenzo Blanco-, termina en una sanción de 180 euros para el establecimiento». De hecho, él detalla un caso concreto: el de un bar que tras funcionar durante 14 meses sin los limitadores de potencia en su equipo de música -el sistema que impide que el volumen suba demasiado-, es sancionado con 400 euros. «Les sale más barato pagar de vez en cuando 180 euros o 400 cada año y pico que cumplir la ley», mantiene el vicepresidente de la asociación Espantaperros.

En esta radiografía que ellos hacen al problema del ruido, denuncian también que hay muchos negocios abiertos pese a no tener licencia, y que la ampliación extraordinaria de horarios ya no es una medida excepcional. Citan como prueba que las dos últimas navidades, el permiso para cerrar más tarde estuvo en vigor durante más de un mes.

El presidente de Espantaperros, José María Iglesias, apunta otra pista de cómo está la situación. «En abril del año pasado -comenta- presentamos a la Junta de Extremadura un escrito de cuatro folios explicándoles toda la situación, y les dimos también los datos de 47 denuncias presentadas. Nos dijeron que no nos preocupáramos por nada, que ellos se encargaban de todo, y hasta el día de hoy seguimos sin noticia de esas 47 denuncias».

Mientras llega o no la respuesta a esas y a otras reclamaciones pendientes, los responsables de las asociaciones contra el ruido de Badajoz, Cáceres, Plasencia, y algunos afectados emeritenses, siguen adelante con su iniciativa de constituir una plataforma de carácter regional. Porque tienen claro que se trata de un problema que trasciende lo local. Y la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Cáceres ha abierto un escenario nuevo.