Ibarra:"No he cambiado de opinión respecto al Estatut"

Una explicación. Eso es lo que se me pide desde el periódico HOY, a propósito de mi posición, en relación con el Estatuto de Cataluña. Saben los que más tiempo llevan en ese diario y, por lo tanto, con mayores posibilidades de conocimiento de mi tarea pública, que en muy pocas ocasiones he rehuido las explicaciones que se me han pedido. (Por cierto, en un sistema democrático, entiendo más acorde con la teoría, que sea la oposición la que exija explicaciones en la Asamblea y que los medios de información acometan su tarea de informar lo más veraz y objetivamente posible y su responsabilidad de controlar al poder, desde una posición de independencia). Hago este paréntesis, porque también desde el diario HOY se manifiesta cierto escándalo por las veces que me he reunido con los diferentes líderes de la oposición. Sostengo, igualmente, que en un sistema democrático, donde tienen que hablar gobierno y oposición es en la tribuna de la Asamblea, con luz y taquígrafos y con todos los testigos que representan al pueblo extremeño. Solo, en el supuesto de que hubiera algún asunto que exigiera la máxima confidencialidad para no poner en peligro determinados valores, sería exigible el oscuro rincón de un despacho para que gobierno y oposición ocultaran a la ciudadanía el conocimiento del asunto a tratar.

Y dentro de esa concepción de la democracia, la Asamblea de Extremadura ha sido testigo de la cantidad de veces que la oposición ha podido hablar conmigo, desde la tribuna de oradores para que no solo la élite de la política esté en la pomada de los asuntos, sino para que todos los ciudadanos sepan el sentir y el pensar de gobierno y oposición. Eso me parece más democrático que las reuniones a puerta cerrada con posterior rueda de prensa, donde cada uno da su subjetiva versión de lo hablado y donde cada medio de comunicación extrae las conclusiones de lo que ha oído o intuido o imaginado. Para asentar mi concepción de las relaciones gobierno-oposición en democracia, acudo a la práctica británica donde las cosas se conducen como he tratado de explicar. Allí es el parlamento británico el testigo de los debates entre el primer ministro y el líder de la oposición. El líder de la oposición sólo visita el despacho del primer ministro cuando aquél le gana las elecciones a éste y no precisamente para hablar, sino para hacer el traspaso de poderes.

Pero no me desviaré más del contenido de este artículo. Se me han pedido explicaciones desde el HOY y, en esta ocasión, estoy dispuesto, como casi siempre, a darlas. No es obligatorio y es probable que con motivo de alguna decisión que adopte en el futuro no tenga por qué atender los requerimientos de este medio.

Posición sobre el Estatut

Niego la mayor. Yo no he cambiado ni brusca ni suavemente de opinión en relación con mi posición con el Estatuto de Cataluña. La verdad o falsedad de lo que digo es constatable si se pone en una columna el proyecto de Estatuto que el Parlamento de Cataluña envió al Congreso de los Diputados, con el acuerdo que han suscrito el presidente del gobierno y el líder de CIU. Si alguien quiere hacer trampas puede hacerlas, pero lo comparable son ambos textos y no cualquier otra cosa o cualquier declaración de las partes. Y lo que mucha gente percibió y temió era que en el proyecto de Estatuto que aprobó el 88% del parlamento catalán se ponían en cuestión asuntos de suma trascendencia e importancia para la configuración de España como Estado unitario, para la definición de España como Nación única e indivisible, para la ruptura del modelo de financiación que pactamos en el año 2001 de acuerdo con una ley orgánica que nos obliga a todos los españoles (LOFCA), para el mantenimiento de la Constitución española en su redacción actual, y para que el Estado no perdiera su presencia y competencias en Cataluña.

Era eso sobre lo que se discutía y era una nueva relación bilateral Estado-Cataluña la que no aceptábamos muchos socialistas y millones de españoles. Muchos intuíamos, además, que el gobierno de España y el Congreso de los diputados tendrían serias dificultades para desbaratar el disparate, puesto que uno de los partidos que apoyan al gobierno (ERC) era uno de los firmantes del proyecto de Estatuto y uno de los más belicosos defensores de la literalidad del mismo. Por si fuera poco, el tripartito catalán, más CIU, se habían confabulado públicamente para que los cuatro partidos mantuvieran en la negociación una posición unitaria de tal forma que ninguno de ellos tendría libertad para desmarcarse unilateralmente del acuerdo.

Desagradable posición

Con ese panorama, algunos nos lanzamos a tirar de la cuerda hacia el lado contrario, en una posición ciertamente desagradable y arrastrando el riesgo de ser considerado desleal con tu partido (de traición llegó a calificar una destacada dirigente del PSC-PSOE mi posición). Hoy, debo decir a los extremeños que el riesgo mereció la pena:

1.- No sé si por la presión que algunos hicimos, por la habilidad del presidente del Gobierno o por el temor de la burguesía catalana que se asustó y mucho cuando su buque insignia económico financiero, es decir, la Caixa, alertó sobre los peligros que podía acarrear un proyecto de Estatuto que, además de romper las reglas de juego, interfería gravemente en las relaciones de la economía catalana con el consumidor del resto de España, el caso es que CiU rompe el pacto de sangre con el tripartito y, unilateralmente, acuerda con Rodríguez Zapatero algo que no se parece en lo sustancial a lo pactado en el parlamento catalán.

2.- Todas las declaraciones que se hicieron desde los firmantes del proyecto de Estatuto de Cataluña advertían de que la condición de Cataluña como Nación era innegociable. Todo el articulado posterior se basaba en la declaración solemne del artículo 1: Cataluña es una Nación. En el acuerdo entre Gobierno y CiU, esa declaración desaparece y se establece la misma redacción que actualmente existe en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se la define como Nacionalidad. ¿Quién ha cambiado de opinión? ¿No era ése el artículo que más combatíamos quienes no estábamos dispuestos a aceptar que España fuera una Nación de Naciones? Ni siquiera en el preámbulo se acepta esa denominación. Se dice que el parlamento catalán dice que Cataluña es una Nación pero que la Constitución no la reconoce como tal y que por lo tanto Cataluña es una Nacionalidad. ¿Quién ganó esa batalla? Yo me siento orgulloso de haber peleado hasta límites extremos para que las cosas se mantuvieran como estaban y no como querían los redactores del Estatuto.

3.- En el apartado de Financiación de Cataluña se establecían tres premisas: Cataluña recauda todos los impuestos que se paguen allí, a través de una Agencia tributaria única de la Generalidad. El Gobierno catalán ajustaría cuentas con el gobierno central para pagar la parte que le correspondiera por los servicios que el Estado preste en Cataluña. El gobierno catalán destinaría una parte de sus ingresos tributarios para la solidaridad con el resto de España. Todo eso, que prometía convertir a España en un Estado confederal, ha desaparecido. Ni Agencia Tributaria única, ni recaudación de todos los impuestos, ni ajuste por los servicios prestados, ni fondo de solidaridad. ¿Quién ha cambiado de opinión? ¿Quién impidió semejante disparate?

4.- El proyecto enviado obligaría a tener que realizar reformas constitucionales para que muchos de sus artículos tuvieran encaje constitucional. Éramos muchos los que lo decíamos, desde el PP hasta Carod-Rovira, pasando por el propio Maragall que, hace sólo tres días, declaró que habría que reformar el Artículo 2 de la Constitución para que pudiera entrar la definición de Cataluña como Nación. Hoy, después del acuerdo Gobierno-CIU, nadie está pensando en la necesidad de realizar ninguna reforma constitucional que permita encajar al Estatuto. ¿Quién cambió de opinión? ¿Qué se tiene que decir de las declaraciones de Carod Rovira de este fin de semana donde clama contra el acuerdo diciendo que «existe una distancia abismal entre en proyecto que salió del Parlamento catalán y el que ha pactado CiU»? ¿Quién ha ganado esa pelea?

5.- Frente a las pretensiones del proyecto de Estatuto de que la práctica totalidad de las competencias que el Estado ejerce en Cataluña fueran competencias atribuidas a la Generalidad, ¿Puede alguien afirmar que esa pretensión se mantiene después del acuerdo? La verdad es que el Estado seguirá teniendo sus competencias indeclinables e intransferibles en Cataluña y en el resto de Comunidades Autónomas, si bien se podrá articular un proceso de nuevos traspasos en aquellas materias que el Estado no considere fundamentales para su función representativa, coordinadora y cohesionadora para que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos un nivel similar de derechos, deberes y servicios equivalentes.

Los españoles que veíamos como un peligro para la unidad y la articulación de España el proyecto de Estatuto catalán salido del Parlamento catalán, hemos conseguido parar el error y dar la vuelta a lo que se pretendía. Es jugar sucio el olvidarse de esa pelea y meternos en otra olvidando lo que estaba en juego. Si ahora de lo que se trata es de hablar de dinero, estamos en otro escenario. El primero, el peligroso, ha desaparecido. Yo me apunto, junto con los extremeños que confiaron en mí y que me dieron fuerza para no tirar la toalla, y en los socialistas extremeños que siempre entendieron mi posición ingrata pero leal con lo que creemos y defendemos, el éxito que los no nacionalistas hemos tenido frente a los que creyeron que había llegado el momento de dar un asalto al Estado que nos dimos con la Constitución de 1978.

Ahora vamos a hablar de dinero. Ese es otro debate. De nuevo habrá que pelear y estoy en condiciones de hacerlo. Y si damos la pelea será para ganar, y ganaremos, que no le quepa la menor duda a nadie. Si Extremadura saliera perdiendo en este nuevo escenario, donde hablamos de euros y no de la unidad de España, yo habría fracasado como presidente extremeño y lo pagaré personal y políticamente. Nadie tendría que pedirme cuentas porque yo sabría pagarlo como se debe pagar en política.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA es presidente de la Junta de Extremadura