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REDACCIÓN
Martes, 25 de abril 2006, 02:00
Veintitrés parejas homosexuales, de un total de 1.040 en toda España han contraído matrimonio en la Comunidad extremeña desde la aprobación de la Ley que permite casarse a personas del mismo sexo, según datos oficiales procedentes de los registros civiles a los que hoy tuvo acceso Europa Press, coincidiendo con la aprobación hace un año en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley que abría esta posibilidad.
Estos datos son parciales ya que únicamente responden a 219 de los 432 registros civiles informatizados, por lo que el la cifra es previsiblemente mayor. De hecho, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas y Transexuales (FELGT) eleva este número a más de 1.200.
Según estos datos, las comunidades autónomas en las que se han celebrado un mayor número de matrimonios fueron las de Madrid (379 matrimonios), Cataluña (244), Comunidad Valenciana (111) y Andalucía (72 matrimonios).
En el resto de las comunidades autónomas los datos son los siguientes: Aragón (26 matrimonios), Galicia (13), Asturias (42), Baleares (34), La Rioja (7), Cantabria (12), Extremadura (23), Castilla y León (32), Castilla La Mancha (17), Comunidad de Murcia (20), Ceuta (1) y Comunidad Foral de Navarra (7).
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró ayer la aprobación de esta iniciativa como uno de los principales avances en sus dos años de mandato, durante la celebración de un mitin en la plaza de toros de Vistalegre (Madrid).
En el plano social, Zapatero destacó la importancia de esta norma junto a otras como la Ley integral de medidas contra la violencia de género, la reforma del divorcio, así como las futuras leyes de Igualdad y de atención a las personas en situación de dependencia.
Gays y lesbianas
Por su parte, la presidenta de la FELGT, Beatriz Gimeno, se felicitó, en declaraciones a Europa Press, del resultado de la aplicación de esta norma aunque, este colectivo nunca la planteó «teniendo en cuenta el número de personas que podrían casarse, sino en términos de reconocimiento de derechos».
Además, advirtió de que durante el tiempo que lleva en vigor, «de los miles de jueces que hay en toda España sólo 3 han puesto impedimentos». «Esto es muy importante, teniendo en cuenta el debate que se generó respecto a la posibilidad de que los funcionarios pudieran acogerse a la objeción de conciencia», señaló.
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