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REDACCIÓN Y EFE
Martes, 6 de junio 2006, 02:00
El secretario general del PP de Extremadura, César Díez Solís, exigió ayer al Gobierno extremeño que, «en el plazo de un mes», «cuantifique» la denominada deuda histórica del Estado con la Comunidad Autónoma, que ha cifrado en un mínimo de 300 millones de euros. Según el dirigente popular, es preciso que en ese lapso la Junta de Extremadura determine la cifra final de la deuda histórica, que, subrayó, debería ser un mínimo de 300 millones de euros, tal como aprobó en 1998 el Pleno de la Asamblea regional, agregó.
A su juicio, una comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma debería analizar esta cuestión al margen de que se reforme o no el sistema de financiación autonómica. En este sentido, Díez Solís dijo que, en su reciente reunión, los presidentes regionales del PP de Extremadura y de Andalucía, Carlos Floriano y Javier Arenas, respectivamente, llegaron al acuerdo de trabajar para «no dar tregua» en sus cámaras regionales respecto a esta cuestión.
Por contra, continuó, el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se limita a defender el pago de la deuda histórica a Cataluña pero «se olvida» de la extremeña. Esta actitud es, en su opinión, una muestra de la «sumisión» de Rodríguez Ibarra por cuestiones partidistas, en concreto por «disciplina de partido». En este sentido, Díez Solís manifestó la preocupación de su partido por el «grave y preocupante» hecho de que, aseguró, Rodríguez Ibarra no defienda los intereses de la Comunidad Autónoma debido a su obediencia a esta disciplina.
El PSOE, responde
El portavoz de la Comisión Permanente del PSOE de Extremadura, Francisco Fuentes, señaló por su parte que «no queremos limosnas», sino que prefiere que «el Gobierno central acompañe en el esfuerzo que toda la sociedad extremeña hace para transformar la sociedad».
Fuentes explicó que, ante de recibir este tipo de recursos de manos del Estado, «es mejor» que la Comunidad Autónoma cuente con el respaldo económico del Gobierno central, de que dijo que ya lo presta, para desarrollar proyectos de desarrollo como la dotación de infraestructuras como la construcción de la Autovía de la Plata y el tramo extremeño del tren de alta velocidad (TAV) Lisboa-Madrid. «El Ejecutivo central también apoya a Extremadura en otras cuestiones importantes como la creación de puestos de trabajo de y de empresas, todo mediante el Plan Especial para la región», dijo.
En este sentido, afirmó que desde 2004, desde que gobierna el PSOE, Extremadura es una de las tres primeras regiones en materia de inversiones estatales, cuando entre 1996 y 2004, con ejecutivos centrales del PP, la región se hallaba «a la cola»en esta cuestión. Recordó Fuentes que en aquellos años el PP extremeño «no hizo nada» para hacer frente a este hecho.
Refinería
Por otro lado, César Díez Solís se refirió ayer a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y subrayó que «no queremos» que se construya una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), tal como planea el Grupo Industrial «Alfonso Gallardo». A su juicio, esta zona es «el peor lugar» de la Comunidad Autónoma para abrir una planta de este tipo, un proceso industrial del que dijo que está «en marcha» a pesar de que sus promotores aún no cuentan con informes favorables de las autoridades medioambientales.
Por su parte, el dirigente socialista explicó que es «perfectamente compatibles» la utilización de energías fósiles y de otras renovables. El PSOE, argumentó Francisco Fuentes, considera que en la región esta convivencia de usos energéticos es posible mientras que el PP extremeño se limita a competir con las organizaciones «a ver quién es más verde». El PSOE apoya la apertura de nuevas industrias si cumplen la normativa medioambiental y, además, potencia las energías renovables en la región, sentenció.
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