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Claudio Mateos
Martes, 14 de marzo 2017, 14:37
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente ha recurrido la providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia por la que se llama a declarar en calidad de investigados los días 11 y 12 de mayo a los exconcejales de urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. La fiscal pide a la juez que instruye las diligencias por el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara que deje sin efecto esas citaciones tras haber tenido conocimiento de que "se ha citado a declarar como investigada a una persona que tiene la condición de aforada", en referencia a la diputada regional de Ciudadanos, para lo cual ese juzgado carece de competencias, y puesto que "la autoría de la aforada y del resto de investigados aún no es sólida".
El abogado de María Victoria Domínguez también presentó el pasado 7 de marzo en el juzgado de instrucción placentino un recurso contra la citación, en el que acredita mediante un escrito de la Asamblea de Extremadura su condición de aforada y pide que se declare "la nulidad de pleno derecho" de esa diligencia "por falta de competencia funcional" del juzgado instructor. También solicita que "se tenga por no parte en este procedimiento a María Victoria Domínguez Paredes".
La juez instructora tendrá que decidir ahora si mantiene las citaciones a los exconcejales para los días 11 y 12 de mayo, o continúa instruyendo el caso sin tomarles declaración. En su escrito de recurso, la fiscal afirma que el hecho de que se dejen sin efecto las citaciones "no significa que deba formarse, por ahora, pieza para la misma", es decir, que le pide a la juez que continúe con la instrucción y no eleve el sumario al TSJEx porque exista una persona aforada. También recuerda que "si alguno de los no aforados desea ejercer su derecho puede solicitar su intervención en el procedimiento".
Por su parte, el alcalde de Plasencia Fernando Pizarro ha anunciado hoy que tras un "análisis profundo, técnico y político" el Ayuntamiento se personará como "perjudicado en el proceso de investigación llevado a cabo por el juzgado en materia de disciplina urbanística, referente a expedientes urbanísticos en la sierra de Santa Bárbara". En este sentido, Pizarro ha dicho que se trata de una decisión "responsable y meditada", con el objetivo de "disponer de toda la información sobre el proceso y poder defender los intereses de la institución municipal".
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