Los vecinos piden un cambio del PGM que permitiría regularizar toda la sierra

Un grupo de propietarios de viviendas ilegales de Santa Bárbara presentó ayer en el registro del Ayuntamiento una propuesta de modificación del Plan General Municipal (PGM) que permitiría regularizar la práctica totalidad de las casas de la sierra. Acudieron acompañados por el arquitecto y exconcejal de Urbanismo con el PSOE Juan Antonio Alvarez, que ha sido el encargado de redactar la modificación.

La propuesta registrada por los propietarios consiste en que, a efectos únicamente de regularización de las viviendas, el PGM otorgue al suelo calificado como protegido paisajístico el mismo tratamiento que al no urbanizable común. Según Álvarez, se trata únicamente de eliminar una restricción que aparece en el PGM pero no en la Ley del Suelo de Extremadura, la cual ofrece la posibilidad con carácter general, aunque bajo determinadas condiciones, de regularizar todos los núcleos residenciales construidas en suelo no urbanizable.

El nuevo PGM de Plasencia, en vigor desde el verano de 2015, divide la sierra de Santa Bárbara en cuatro tipos distintos de suelo. Por un lado está el urbanizable, que es el situado en las cotas más bajas. Después aparece el no urbanizable común, donde las construcciones existentes se pueden regularizar siempre que cumplan una serie de condiciones. Las otras dos categorías son el de protección paisajística y el de protección ecológica, para las cuales el PGM no establece ningún mecanismo de regularización.

En la zona de protección ecológica, la más alta de la sierra, apenas hay construcciones, pero sí en el suelo de protección paisajística, donde se encuentran muchas de las viviendas ilegales de Santa Bárbara, entre ellas las de la finca Viña del Carmen, sobre las que pesan órdenes firmes de derribo. La petición de los propietarios es modificar el PGM para que ese suelo paisajístico tenga la misma consideración que el no urbanizable común, pero únicamente a afectos de la posible regularización de viviendas ilegales, no del uso del suelo. Es decir, no quieren que se recalifique, ya que eso implicaría poder construir allí desde gasolineras hasta explotaciones industriales, sino tan solo que se cambien las llamadas 'directrices de ordenación', de modo que las viviendas ya construidas que cumplan los requisitos puedan optar a ser regularizadas.

La propuesta de modificación del PGM debe ser ahora analizada por los servicios municipales de urbanismo. Si técnicamente es viable y el gobierno local le da el visto bueno tendrá que ser aprobada en pleno. Después se enviaría a la Junta de Extremadura donde, como pasa con todas las modificaciones, la Comisión de Urbanismo tendría que dar su beneplácito antes de que la modificación regresara al pleno municipal para ser aprobada definitivamente.

Incluso en el caso de que el Ayuntamiento placentino haga suya la propuesta, el camino administrativo no es fácil. El propio Juan Antonio Álvarez reconoció ayer que lo más complicado será pasar el filtro de Medio Ambiente, para lo cual tendrán que justificar que la regularización de las viviendas en suelo con protección paisajística no genera ningún daño. Además, tal y como establece la Ley del Suelo, todas las actuaciones necesarias para conseguir la regularización, tales como creación de redes de suministro, alcantarillado, iluminación, etcétera, tendrían que correr a cargo de los interesados.

La modificación presentada ayer lleva el nombre de 'Sierra de Santa Bárbara y entorno', ya que afecta también a construcciones situadas al otro lado de la carretera de Jaraíz y a algunas de la finca El Espartal.

Juan Antonio Álvarez dijo que la intención de los propietarios es que la puesta en marcha de este procedimiento de modificación del PGM sirva también para que la justicia suspenda de manera cautelar las órdenes de demolición que pesan sobre varias decenas de viviendas, ya que si se derriban y después la regularización sale a delante se causaría a los propietarios un «daño irreparable». El despacho de abogados que representa a los dueños ya anunció a mediados de abril que había presentado esa solicitud de suspensión cautelar ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres.