La nueva ley liberaliza el precio de los libros de texto

Precio libre para los libros de texto y fijo para todos los demás. Ambas disposiciones son lo sustancial del Proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y la Bibliotecas que el Consejo de Ministros aprobó ayer. El texto se remite al Parlamento tras dos meses de debate en el Ejecutivo y cuya memoria económica prevé la inversión de 431 millones de euros en el fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas públicas en los próximos ocho años.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, sometió al criterio del Gobierno esta esperada norma que deroga y sustituye una legislación «dispersa, obsoleta y en algunos casos preconstitucional» que databa de 1975 y permitía los descuentos de hasta el 25% en los libros escolares pactados en 2000.

Además, consagra el precio fijo de los demás libros, tal como demandaba el sector, porque la estrategia de descuentos favorecía a las grandes superficies y amenazaba el futuro de los pequeños libreros. Según el Gobierno, estos negocios «se ven favorecidos con esta nueva norma, al igual que las economías familiares».

«Cumplimos un objetivo importante de la política cultural del Gobierno con esta Ley anhelada por todos los sectores implicados» se felicitó Carmen Calvo, quien recordó que se había logrado el consenso con 39 asociaciones del sector. Con todo, organizaciones como CEGAL (Confederación de Gremios de Editores) apoyaron la nueva Ley pero se mostraron contrarios al precio libre de los libros de texto.

Competencia leal

El objetivo de esta liberalización es, según el Gobierno, «garantizar una competencia leal entre los distintos ámbitos comerciales del libro, lo que redundará en el mantenimiento de las pequeñas librerías que, por un lado, representan la mayor red de venta de libros en España y, por otro, garantizan la rentabilidad de los libros de fondo, obras cuya existencia ayuda al mantenimiento del pluralismo cultural».

La ministra apostó también por «la plena gratuidad de los libros de texto» en un futuro, ya que «forman parte del material del sistema educativo y han de estar a disposición de todas las economías familiares lo más barato posible», como sucede ya en algunas comunidades autónomas.

La nueva norma permitirá además a España, según Carmen Calvo, «cumplir los indicadores que la Unesco establece en relación a las bibliotecas, el libro y la lectura». Unos criterios que demandan 2,5 libros por habitante en sus bibliotecas públicas, frente al 1,25 actual. La ministra, no obstante, calificó de «alentadora» la cifra del 57% de lectores, siete puntos más que hace cinco años. También recordó como el 84% de los niños de 6 a 13 años leen libros que no son de texto.

La biblioteca

La biblioteca será, según la nueva Ley, el vehículo principal de la promoción de la lectura y el plan plurianual del anteproyecto prevé una inversión de 431 millones de euros hasta 2014. Una inversión destinada en su práctica totalidad a la dotación bibliotecaria. Recordó la ministra a este respecto cómo las administraciones han incrementado en un 1.300% el volumen de compra de libros para bibliotecas en relación con los presupuestos de 2004. Se hará también «un esfuerzo de digitalización de las bibliotecas públicas para incorporarnos a la Biblioteca Virtual de Europa a la que España aportará la Biblioteca Hispánica».