Las empresas odian las veleidades políticas

LAS campañas electorales no son el mejor momento para debatir temas políticos con sosiego. En mítines y reuniones de partido no suelen exponerse razonamientos lógicos ni se realizan análisis fríos: se corean eslóganes y se lanzan consignas; se formulan programas sugestivos y se prometen imposibles, al tiempo que se hace mofa de los contrincantes políticos y se desprecian olímpicamente sus propuestas, sin meterse en más honduras. Se tiende a la simplificación, buscando más vencer que convencer. Interesa más llegar al corazón que a la cabeza. Esa es la tónica general.

Todavía no estamos en campaña electoral, pero casi. La renuncia de Rodríguez Ibarra a ser candidato a la presidencia de la Junta fue tomada como el pistoletazo de salida, aunque falte aún medio año. Menudean ya los actos políticos y no será extraño que se eche mano de los temas más polémicos y controvertidos, lo cual sería bueno si se debatiera con rigor, aunque cabe temer que se utilicen como munición para disparar al contrario. Y eso siempre es peligroso.

Uno de los asuntos que viene suscitando en Extremadura mayores debates y posicionamientos más encontrados es el proyecto de refinería en la Sierra de San Jorge, término de Los Santos de Maimona. Se trata, como es sabido, del mayor proyecto industrial que se haya acometido nunca en Extremadura, con una inversión prevista superior a 1.200 millones de euros, que generará unos 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, con una facturación anual prevista de 5.340 millones de euros, de los que irán a parar a las arcas regionales vía impuestos más de mil millones.

Cada uno es libre de opinar sobre dicha industria como estime conveniente. Pero pienso que en ese 'cada uno' hay que hacer no pocas matizaciones, en función de las responsabilidades que le competen. El tema merece por su importancia alguna reflexión, mejor ahora, con las elecciones lejos. Un ciudadano particular está en su derecho de opinar y hablar a favor o en contra del proyecto. La importancia y el interés de lo que diga estará en función de sus conocimientos, de su solvencia científica y su autoridad moral. Incluso será comprensible que cambie de opinión si adquiere información y conocimientos que antes no tenía. Una institución -piénsese en la Universidad, los sindicatos, las asociaciones empresariales o los partidos políticos- también es libre para opinar y hablar. Pero dada su responsabilidad y su influencia social, deberá estudiar muy bien el asunto antes de pronunciarse, ya que su actitud puede influir seriamente en la toma de decisiones, no ya políticas, sino empresariales.

Si nos centramos en los partidos políticos, aún me atrevería a hacer otra distinción. Pueden resultar tolerables las actitudes radicales o utópicas de partidos minoritarios, que por su escasa representatividad no tienen ni van a tener en un futuro previsible responsabilidades de gobierno. Pero me parecería grave semejante actitud en un partido que gobierna o que aspire a gobernar. A uno y a otro hay que exigirle realismo y responsabilidad antes de adoptar cualquier decisión y hacer cualquier pronunciamiento. Y una vez hecho, mantenerlo. Porque los cambios de opinión de los individuos no tienen consecuencias; pero las veleidades de los partidos políticos mayoritarios pueden acarrear males graves y daños irreversibles en un proceso empresarial en marcha. Insisto en que hablo de la decisión política, no del cumplimiento de los requisitos legales, que esos habrá que exigírselos a cualquiera.

En el caso que nos ocupa, resulta cuando menos preocupante la actitud del PP. Cuando se anunció el proyecto, se mostró favorable al mismo. Comprendo que quien aspire a gobernar en Extremadura no pueda pasar olímpicamente sobre una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 3.000 puestos de trabajo. Pero la actitud del PP ha ido variando, a medida que han surgido grupos de oposición al proyecto. Incluso da la impresión de que se va radicalizando. Porque primero fue sí, luego fue sí pero en otro sitio, más tarde ya era un 'no' sin más, y ahora es 'no' con la exigencia de que la Junta no participe económicamente en el proyecto y el compromiso añadido de que, si lo hace y el PP llega a gobernar, exigirá la devolución de ese dinero, es decir, la desinversión.

No sé si el PP extremeño es consciente de lo peligroso de este juego. Sacar adelante un proyecto de la envergadura de la Refinería Balboa debe de ser complicado. Primero está la elaboración del propio proyecto, el estudio de impacto ambiental y toda la documentación amplia y farragosa exigible. Pero en el ámbito empresarial y en un proyecto de la envergadura del que comentamos, no es tarea fácil encontrar socios capitalistas que pongan dinero en la aventura -toda empresa tiene siempre una parte de aventura- así como un socio tecnológico que avale con su experiencia el proyecto en cuestión.

Las vacilaciones y más los cambios de actitud en relación con un proyecto empresarial, procedentes de un partido que se presente como alternativa de gobierno, pueden crear verdadera inseguridad jurídica en la empresa afectada. Inseguridad que aumenta cuando se anuncia el propósito de modificar la estructura económica y accionarial de la empresa si se llega al gobierno. Me pregunto qué pensarán los socios de Refinería Balboa ¿Se sentirán seguros ante la posibilidad de que el PP llegue a gobernar? ¿Someterá el PP a revisión, si eso ocurriera, todas y cada una de las participaciones empresariales de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura? ¿Abandonará aquellas cuyos socios, planteamientos o fines no le agraden? No sé si el PP está tratando de pescar votos en el mundo ecologista. Es cosa suya. Pero sospecho que a la gente de esta tierra ya no le encandilan las utopías; prefiere el realismo y buscará políticos capaces de aunar la conservación del medio y el desarrollo. Otro caso del que habrá que hablar es la Central Nuclear de Almaraz. Pero como se me ha agotado el espacio, mejor lo dejamos para otro día.