«Que se presenten 90.000 personas a la oferta de empleo de la Junta es buena señal»

Jordi Sevilla Segura (valenciano, cumplió 51 años el pasado día 19) es ministro de Administraciones Públicas desde el inicio de la legislatura. El pasado jueves asistió en Cáceres a la puesta de largo de la candidatura local del PSOE. Poco antes de ese acto, celebrado en el hotel V Centenario a las nueve y media de la noche, y tan sólo horas después de ver aprobada en el Congreso la Ley que regulará el estatuto general de la función pública, concede una entrevista a este diario. A su derecha se sienta la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.

-¿Hoy es un gran día para usted?

-Sí. Y es un gran día para al menos dos millones y medio de empleados públicos y, sobre todo, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que van a ver cómo una mejor formación y una mejor definición de derechos y deberes de los empleados públicos se acaban transformando en una mejor prestación de los servicios públicos.

-Esta Ley está reclamada desde la propia Constitución.

-Sí. Sólo nos ha costado 28 años hacerlo... (ironiza), lo cual demuestra que no era un tema fácil. Pero en fin, este Gobierno se está especializando en sacar adelante temas que no son fáciles, pero que son tremendamente necesarios.

-¿Y ahora cuántos años esperaremos para que se desarrolle en las distintas administraciones?

-Ya he anunciado que el día 17 he convocado a los sindicatos para empezar en lo que tiene que ver con la administración general del Estado y que hay al menos dos asuntos que voy a adelantar este mismo año por decreto pactado con los sindicatos. El que tiene que ver con la evaluación del desempeño y el que tiene que ver con la función directiva. No quiero perder mucho tiempo después de los 28 años que hemos perdido. Y a partir de ahí creo que cada comunidad autónoma tendrá que hacer su propio desarrollo. La mayoría lo tienen ya preparado.

-La ley habla de nuevas funciones directivas, de la conciliación familiar, del teletrabajo, pero también de un mayor abanico de sanciones.

-Sí. Vamos a ver, yo la opinión que tengo de los empleados públicos, y yo lo soy, es que mayoritariamente desempeñan su trabajo con mucha eficacia y con mucha profesionalidad. No siempre es bien reconocido y valorado su trabajo entre otras cosas porque hay mucho estereotipo y algo de desconocimiento. Yo creo que poner en marcha un sistema de evaluación del rendimiento va a beneficiar a esa inmensa mayoría de empleados públicos que hacen bien su trabajo y que va a ver cómo ese hacer bien su trabajo acaba repercutiendo en incentivos económicos, pero sobre todo en incentivos de carrera profesional. Es evidente que siempre que incorporas un incentivo hay que incorporar una sanción. Pero no es por la vía de la sanción por la que conseguiremos una mejor función pública, sino más bien todo lo contrario, por la vía del estímulo.

-¿Qué consecuencia inmediata tendrá esta Ley para los funcionarios una vez entre en vigor?

-Un marco de certeza sobre cuáles son la situación laboral, los derechos... La negociación colectiva, por ejemplo, que se estaba practicando pero no estaba reconocida en la Ley. Moderniza mucho la relación laboral.

-¿Con esta Ley cumple, si no el principal, uno de los principales objetivos que se había marcado para esta legislatura?

-Había al menos tres grandes objetivos en la tarea del Ministerio. Uno sin lugar a dudas era éste. El segundo gran reto es la administración electrónica. Y el tercero era todo lo que tiene que ver con el desarrollo estatutario, con la relación con los municipios, que es donde hemos trabajado un poquito, lógicamente lo digo con ironía: hemos puesto en marcha la conferencia de presidentes, algunas reformas estatutarias y una ley de bases del régimen local que va a ser un auténtico estatuto de autonomía de los ayuntamientos en la medida que, por primera vez, se recogen cuáles son sus competencias y un compromiso firme de financiación de las mismas.

-Lo que no podrá negar es que está disfrutando de uno de los ministerios más cómodos. No tiene opas en el horizonte ni a ETA atentando en Barajas ni el difícil problema de solucionar el acceso a la vivienda...

-Todo es relativo. Afortunadamente, ya se nos ha olvidado cuando España se estaba rompiendo cada dos minutos. Y ya se nos ha olvidado todo lo que fue el proceso de regularización de inmigrantes. Mire, yo estoy al frente de la empresa de todos, de la mayor empresa de este país, la que más personal contrata, no amenazamos además con deslocalizarlos, y por tanto es una empresa nacional en el mejor sentido del término, y creo que plantea sus dificultades. Pero en fin, el Gobierno es colegiado y las decisiones son colegiadas. Nada que tenga que ver con otros ministerio me es ajeno.

-Esa empresa da empleo a un 22% de los funcionarios del país. Se supone que este porcentaje debería descender y repercutir en un aumento del número de funcionarios autonómicos y municipales. ¿Ustedes quieren desprenderse de estos funcionarios o es que las comunidades desean hacerse con sus atribuciones?

-Yo creo que no se puede plantear en términos de unos crecen lo que otros bajan. Yo creo que sencillamente lo que estamos viviendo en España y lo hemos vivido en el proceso de descentralización autonómica es que van cambiando las funciones y tareas del Gobierno central y las de las comunidades autónomas. Hoy tenemos todavía la Administración General del Estado que nos ha quedado después de todos los procesos de transferencias a las comunidades autónomas. Tenemos que transformarla en la administración que necesitamos para cumplir las competencias que nos marca la Constitución y garantizar la gobernabilidad de un país que tiene distintos niveles de administración y que tiene una estructura de toma de decisiones como la nuestra. Eso exige un perfil de funcionario distinto y eso exige una estructura administrativa distinta. Pero el resultado final no serán muchos empleados públicos menos de los que hay ahora.

-¿Sabe cuántas personas se han presentado a la última oferta de empleo público en Extremadura? Casi 90.000. ¿Que tanta gente quiera ser funcionario es una buena o una mala señal?

-Yo creo que es una buena señal. Algo tendrá el agua cuando la bendicen y, por tanto, algo tendrá la función pública cuando tanta gente quiere dedicarse a ella. Creo que el principio de seguridad en el puesto de trabajo como una manera de garantizar la independencia hace que, junto a una cierta vocación de servicio público, sea muy atractivo el empleo público y eso explica que tanta gente aspire a él en un momento en el que la tasa de desempleo está bajando y cuando no se puede justificar porque no haya otras alternativas. Sí que las hay.

El DNI electrónico

-Usted puso en marcha la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Todavía no ha emitido ningún informe. ¿Para cuándo el primer resultado de su trabajo?

-Ha entrado en funcionamiento este mismo año y de hecho mañana (por el viernes pasado) el Consejo de Ministros aprobará el primer plan de actuación de la Agencia para el año 2007. Le va a encargar cuáles son las políticas públicas y los servicios que quiere evaluar. Normalmente, el debate respecto a las políticas públicas se aborda desde un punto de vista ideológico o bien desde un punto de vista presupuestario. Pero hasta ahora no era frecuente encontrar debates sobre la eficacia de las políticas públicas, si se cumplen los objetivos. Alguien tiene que analizar eso porque hoy existen mecanismos para hacerlo y hay experiencias en otros países. Traer eso a España es una manera también de modernizar la función pública. Esta es una agencia que va a dar mucho juego a la administración general y a las comunidades autónomas.

-¿Nos va a decir la agencia si nuestro dinero se gasta bien?

-Sí, pero no desde el punto de vista de la legalidad, que para eso está el Tribual de Cuentas, sino desde el punto de vista de la eficacia.

-Antes se refirió a la administración electrónica. Al respecto, usted ofreció un dato revelador no hace mucho: suprimiendo las fotocopias de DNI y los certificados de empadronamiento, nos ahorramos 7,5 millones de papeles al año. Denos otro: ¿cuánto dinero se ahorran las arcas públicas?

-Es difícil de calcular en esos términos. Aquí ha mencionado, en efecto, dos cosas. Pero eso es la punta de un iceberg. Las administraciones no deben pedir a los ciudadanos información que ellas mismas tienen.

-La idea es molestar lo menos posible al ciudadano.

-Claro. Trabajar nosotros, no hacer trabajar a la gente. En el fondo, la idea es devolverle el poder al ciudadano. El poder que hasta ahora estaba en manos de la burocracia.

-¿Y Extremadura está al día?

-Confirmo que, en España, Extremadura está a la vanguardia. De hecho, muchos copiamos a Extremadura.

-¿Toda esta coordinación electrónica no supone un mayor control del ciudadano por parte de la administración?

-Nadie debe de temer porque las cosas funcionen mejor. Nosotros esta ley la hemos mirado desde la protección de datos, desde la privacidad y el secreto. Sencillamente se trata de que la Administración se ponga a trabajar. Llevábamos muchos años en los que no ha habido un Gobierno que se ocupara de ello.

-Habrá más transparacencia en los procesos, en todo caso...

-Cuando empiezas un procedimiento telemático, todo el proceso debe serlo. Eso quiere decir que todo el proceso debe ser transparente. Y tú vas a poder decir oiga, dónde está mi papel, en qué fase está el trámite que estoy haciendo y quién se está durmiendo para no cumplir los plazos. Esto democratiza la relación con el ciudadano.

-El DNI electrónico se dijo que llegaría antes del mes de junio a Extremadura. ¿Será así?

-Sí.

-¿Y de qué vale que sea electrónico?

-El plus que aporta es que lleva la firma electrónica, la posibilidad de reconocimiento telemático. Tienes la posibilidad de hacer determinados procesos administrativos a través de un ordenador. Y eso le va a dar un uso muy importante.

-¿Habrá un día en que podamos votar telemáticamente?

-Conforme se vaya consolidando las relaciones electrónicas entre administraciones, no lo descarto. En un plazo breve, no un año, pero tampoco cincuenta, determinadas consultas electorales se podrán hacer con un ordenador.

-Por cierto. ¿Qué motivo existe para que sea a su Ministerio al que se le haya encargado el Comisionado para la celebración de la XXXII Copa América? ¿Es porque es usted valenciano?

-Es una buena pregunta, pero en fin... Sí, supongo que en parte porque soy valenciano y cuando el Gobierno decidió apoyar este acontecimiento, me nombró responsable de ello.

-¿De verdad va a ser bueno para toda España como se anuncia?

-El otro día presentamos un informe de las cámaras de comercio donde se veía que el impacto afectaba a toda España. Por decirlo de alguna manera muy simbólica: si a Valencia vienen más turistas que comen más jamón, el jamón seguramente será extremeño. Tiene un efecto indirecto.

Estatuto extremeño

-Aznar dice que lo peor que le ha pasado a Extremadura es el Estatuto catalán, Ibarra dice que Navarra es insolidaria, los gallegos protestan porque Badajoz se quede con una sede europea de gestión de fondos Interreg... ¿España tiene futuro o esto es un patio de colegio y hay que esperar a que los 'niños' maduren?

-Mire, todo esto va a quedar en anécdotas de las que no nos vamos a acordar dentro de muy poco.

-No sólo quedarán anécdotas...

-Lo que sí va a quedar es un modelo constitucional que ha permitido una democratización del poder muy importante. Lo que hace falta es dar dos pasos claves. Por un lado, la reforma del Senado y por otro la reforma de los mecanismos de cooperación. Una vez cerrado, y alguna vez estará cerrado, el debate de qué es lo tuyo y qué es lo mío, quién gestiona qué, el siguiente paso es: y ahora cómo trabajamos puntos. Faltan los espacios para ello, para discutir, negociar y llegar a acuerdos.

-Vamos, que todavía nos aguardan tiempos difíciles.

-Sí, porque hay quien tiene interés en que siga este clima de caos, nervios y crispación.

-Fernández Vara ha dicho que promoverá un nuevo Estatuto para Extremadura si gana las elecciones. ¿Qué le aconsejaría, después de vivir de cerca las últimas reformas?

-Creo que tenemos que vivir como normal que un estatuto se pueda revisar de tanto en tanto y se pueda reformar, sobre todo cuando los demás lo están haciendo y eso condiciona de alguna manera la posición relativa de cada uno. Hay que empezar por quitarle carga dramática. Hay que darle sentido pragmático, que es como creo que lo está abordando el candidato socialista. Y siendo un instrumento muy importante porque refuerza la autonomía y la financiación, es también un instrumento para mejorar la prestación de los servicios públicos. Creo que Guillermo esto lo tiene clarísimo y no necesita consejos.