Tres opciones posibles

Un hipotético proceso de ilegalización de ANV cuenta en este momento con tres vías de acción, dos en el Tribunal Supremo y la tercera, por vía penal, en el juzgado que dirige Baltasar Garzón. Las tres, sin embargo, obligarían a los magistrados a transitar por senderos parecidos y ubicar a Acción Nacionalista Vasca en algún punto del camino que dista entre el fraude de ley y la preservación de los derechos fundamentales de sufragio. El mapa para lograrlo es único: la adición de pruebas suficientes para emprender un proceso de proscripción, una vez producidos el auto de Garzón, donde no encontraba vinculación de ANV a Batasuna, y el fallo del Supremo que anuló 133 listas.

Ya no cabe la impugnación electoral ni por forma ni por plazos. Así que una opción rápida para evitar que el partido llegara a las urnas consistiría en que el Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía, hiciera recaer sobre ANV el incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna.

Medios jurídicos consultados aseguran que una actuación de este estilo podría resolverse con rapidez, pero sería necesario que, previamente, el fiscal aportara una carga de prueba suficiente y, sobre todo, muy bien acreditada. ¿El motivo? Se trata de una vía «sumaria» para un proceso que buscaría poner fuera de la ley a un partido legal, que lleva varias décadas en funcionamiento y que, además, condena la violencia en sus estatutos.

La segunda posibilidad, que los jueces progresistas consideran más garantista, es la demanda ante el Tribunal Supremo para que inicie un trámite como el que llevó a la proscripción de Batasuna. Éste duró entre cuatro y cinco meses. El proceso contempla un primer periodo de alegaciones, donde los magistrados escucharían tanto a quienes piden la ilegalización como a ANV, y una comisión probatoria antes de la sentencia, a la que debe seguir la etapa de recursos.

La tercera vía es la penal ante Garzón y es a la que piensa recurrir la AVT, según anunció ayer su presidente, Francisco José Alcaraz. En este caso, una de las partes implicadas en la causa -por ejemplo, la asociación mencionada o Dignidad y Justicia, que también ha anunciado que interpondrá una denuncia- puede pedir la suspensión de ANV alegando que es continuación de Batasuna. El juez da audiencia al fiscal y a los abogados del partido y, si luego confirma indicios válidos, podría dictar la suspensión en base al artículo 129 del Código Penal.

El debate vuelve a estar servido. Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia, sostiene que la «forma de anular debe ser un proceso con todas las garantías», tras advertir que la Fiscalía y la Abogacía del Estado «se mueven en un campo en el que no hay jurisprudencia clara». «Se dice: 'Como todos sospechamos que ANV ha sido absorbido por Batasuna, lo ilegalizamos'. Pero mañana, con estas mismas circunstancias, puede comenzar una caza de brujas». Por su parte, la APM considera que las palabras de Pernando Barrena el domingo, pidiendo el voto para ANV, son un «indicio solido» para actuar contra este partido.