El juzgado anula el nombramiento del interventor municipal

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida ha decretado la nulidad del nombramiento de Juan Antonio Pavón como interventor accidental del Ayuntamiento emeritense.

La sentencia, que puede ser recurrida, anula los decretos de Alcaldía del 6 de marzo y del 14 de septiembre del 2006, por los que se aprobó el nombramiento.

El caso llegó al juzgado por las demandas presentadas por la Junta de Extremadura y el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local contra los acuerdos del alcalde emeritense.

Los fundamentos

Tal como recoge la sentencia, el decreto del 6 de marzo del 2006 incumple lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, que reserva a personal funcionario las tareas del interventor. En aquel momento, Pavón era técnico municipal en situación de interinidad. El fallo considera especialmente grave este hecho, al tratarse de un Ayuntamiento adscrito al régimen de grandes ciudades.

El decreto de Alcaldía del 14 de septiembre cesó y nombró de nuevo a Pavón, quien ya había obtenido su plaza de funcionario. Sin embargo, el Contencioso estima que esta resolución sólo da continuidad a la situación anterior.

Junto a esto, la sentencia señala que el Consistorio inició en julio del 2005 el proceso para cubrir la vacante de interventor, para lo que consultó al Colegio Provincial si había algún funcionario con la habilitación necesaria interesado en el puesto.

El colegio respondió que había tres personas que cumplían los requisitos. Pese a ello, el Gobierno local nombró siete meses después un interventor accidental.

Con todo, el Contencioso acepta que es posible el nombramiento con carácter accidental, pero señala que «lo más lógico» sería convocar un concurso de méritos.

Prevaricación

El grupo municipal socialista, que ayer dio a conocer esta sentencia, ha denunciado al Gobierno local por lo que considera un caso de prevaricación.

El portavoz socialista, Ángel Calle, afirmó que el Consistorio nombró al interventor accidental porque «necesitaba una persona que avalara con su firma» la venta de patrimonio de suelo para «obras electorales». Por ese motivo, propone realizar una auditoría para aclarar el destino de los presupuestos.