Adhesión y democracia

LA campaña electoral que se cierra esta noche ha relegado lo que verdaderamente se dilucida el domingo en las urnas -la elección de concejales y parlamentarios autonómicos que representarán a los españoles en los próximos cuatro años- frente a la consideración de 'primera vuelta' de las próximas generales que han adquirido los comicios. La inevitable extrapolación que se efectuará de los resultados explica que el PSOE se haya esforzado en evitar la controversia sobre el problema de la violencia pese a su notoria irrupción en la campaña, mientras el PP se ha centrado en el objetivo contrario. La enconada polarización permite augurar que el pernicioso enfrentamiento se prolongará hasta las legislativas, alimentado por un empate técnico que se extiende a la sucesión de errores y carencias que ambos partidos evidencian por igual. Son los excesos propios de un pulso que pretende situar a la ciudadanía en la nefasta tesitura del «conmigo o contra mí», como si las adhesiones electorales tuviesen que comportar un alineamiento absoluto y acrítico, impropio de la democracia.

El hecho de que la disputa entre el PSOE y el PP continúe girando sobre la política antiterrorista no sólo resta eficacia a ésta, sino que empobrece el debate reduciéndolo a una confrontación maniquea. El artefacto colocado en los bajos del automóvil del candidato socialista a la Alcaldía de Guetaria intensifica la inquietud que muchísimos ciudadanos sienten respecto a la estrategia desarrollada por el Gobierno y las instituciones del Estado ante la amenaza etarra. Pero advertencias como la lanzada por Aznar, señalando que todo aquel voto que no vaya al PP favorecerá a ETA, incurren en el inadmisible juego de extender las sospechas de connivencia con el terrorismo con finalidad electoral. En cualquier caso, tanto la sociedad vasca como el electorado navarro tienen este domingo la oportunidad ineludible de minimizar, con su concurrencia a las urnas, la representatividad de aquel voto que, yendo a ANV o declarado nulo, pueda ser capitalizado por la trama terrorista.

Pero si algún problema relativo a las competencias propias de autonomías y ayuntamientos ha ocupado tanto la atención de los medios como el mensaje de los dirigentes políticos ése ha sido el de la corrupción. Los casos denunciados que están siendo instruidos judicialmente o que han sido ya sentenciados resultan tan numerosos que la ciudadanía no puede pasarlos por alto en el ejercicio de su derecho al voto. Es indudable que la presunción de inocencia protege a aquellos candidatos que concurren a la cita electoral estando imputados por delitos relativos al desempeño de funciones públicas. Pero sería enormemente descorazonador que el paso por las urnas confiriera a la corrupción un cierto halo de impunidad a cuenta de la indiferencia o del fatalismo que esta lacra haya podido inocular en la propia ciudadanía.