"Estoy muy triste. Nosotros no sabíamos nada"

El juzgado de instrucción número 1 de Don Benito ha llamado a declarar esta semana al párroco de Mengabril, José Donoso Fernández, de 67 años, por supuestas prácticas sexuales con menores, según adelantó ayer El País. Su testimonio pretende confirmar aspectos de la investigación que inició hace meses la Guardia Civil a raíz de una denuncia en el Ayuntamiento sobre presuntos abusos a menores de este pueblo de 500 habitantes a seis kilómetros de Don Benito.

Ha declarado el sacerdote como imputado, y como testigos lo han hecho el alcalde de Mengabril y el concejal de Servicios Sociales de la localidad, aunque no se descartan nuevos interrogatorios. Tras su declaración, como medida preventiva se le ha impuesto una orden de alejamiento de cien metros sobre un menor de 12 años de nacionalidad rumana.

El sacerdote, que reside en Don Benito, sigue en libertad, aunque apartado desde ayer de su labor pastoral por el Obispado de Plasencia, diócesis a la que pertenece Mengabril. También como medida preventiva, la Junta de Extremadura se llevó el pasado viernes a este menor y a sus hermanos para tutelarlos.

Los rumores sobre prácticas sospechosas con menores existían en el pueblo desde hace meses, donde el cura no tiene muy buena fama por varios motivos. De hecho, hay padres que se han negado a que impartiese catequesis a sus hijos.

Con la divulgación de la noticia de su imputación en varios medios nacionales, ayer esta pequeña localidad de las Vegas Altas se convirtió en un hervidero de comentarios.

Doina, la madre del menor de 12 años sobre el que el cura tiene orden de alejamiento, declaró a este diario haber asistido con estupor a esta investigación que pivota sobre su familia. Según aseguró, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con uno de sus hijos. «Estoy triste por lo ocurrido. Nosotros no sabíamos nada. Si yo le hubiera visto hacer algo malo, habría denunciado. Todo ha sido muy rápido». Hoy visitará a los tres pequeños por primera vez, desde que el pasado viernes los servicios sociales de la Junta de Extremadura asumieran la tutela de sus hijos.

La relación del sacerdote con esta familia se remonta a hace aproximadamente un año, cuando ella y su pareja de nacionalidad rumana junto a sus hijos fueron acogidos en la casa que tiene la Iglesia a disposición de los sacerdotes que trabajan en el municipio. El cura los mantenía, ejercía de portavoz para tramitar alguna ayuda y acudía diariamente a la vivienda, a la que no ha vuelto a ir, según Doina.

Mala fama en el pueblo

Sin embargo, la entrega que demostraba con la familia rumana nunca la disfrutaron los mengabrileños. Según la mayoría de los vecinos, las rencillas con él eran habituales. «El cura siempre ha venido a joder a la gente. Ayudaba al que quería. No tengo nada que agradecerle», declaró una señora molesta debido a que Donoso se negó a acogerla cuando tiempo atrás tuvo que marcharse de su hogar forzosamente hasta que le dejaron temporalmente un bungalow del camping municipal. La misma respuesta obtuvo el Ayuntamiento, cuando le pidieron por carta que diera cobijo durante el invierno a un hombre enfermo de asma que se quedó en la calle.

La mujer calificaba ayer al cura de «grosero» y aseguraba que debido a su carácter cada vez iba menos gente a misa. Además de la eucaristía, el párroco se ocupaba de impartir la catequesis a los niños de la localidad, aunque algunos padres decidieron llevarlos a Don Benito para evitar su contacto con él.

Un grupo de padres tuvo una reunión con el alcalde debido a que llegó a los oídos del director del colegio que el cura aseguraba en estas clases que «las mujeres eran todas unas putas». El regidor le pidió explicaciones, Donoso se disculpó y argumentó que «era normal hablar de sexualidad en catequesis».

Pero la confianza del párroco con los fieles de esta pequeña población estaba rota. «Nunca le he dejado estar en la Iglesia solo con él. Soy muy precavida y eso que mi hijo ha sido monaguillo», señalaba ayer la madre de un compañero de clase del menor sobre el que supuestamente se han cometido los abusos. Esta vecina comentaba que el cura se interesaba por el niño rumano de una manera especial, como si fuese su tutor, por eso desconfiaba. «La semana pasada pone como ejemplo llamó a mi casa para preguntar cuándo era el examen de Geografía. Yo no le pasé el teléfono a mi hijo. Se lo pregunté y le respondí yo».

En el bar situado a las afueras, en la carretera de Guareña, los testimonios siguen la misma línea. Un hombre contaba que, recién llegado el sacerdote, hace cinco años, amenazó con suspender la primera comunión de los niños porque había demasiado jaleo dentro de la iglesia. El camarero ni siquiera le pone cara, dando cuenta de que la vida social del cura en Mengabril, lejos de su trabajo, era escasa.

Una persona que ha tratado con José Donoso frecuentemente concluye:«El 80 por ciento del pueblo sabía que algo iba a pasar porque se escuchaban muchos rumores y él hacía cosas para que la gente siguiera pensando mal. Es la persona más fría que tú puedas conocer».

El párroco negó a El País las acusaciones y las atribuyó a una venganza. José Donoso siempre ha ejercido el ministerio sacerdotal en Extremadura. Empezó en Llerena, después fue formador del Seminario Menor de San Atón de Badajoz. Además de en la capital pacense, ha sido profesor en institutos de Almendralejo, Mérida y Don Benito. Jubilado como docente, es cura de la Parroquia de Santa Margarita de Mengabril y sacerdote adscrito a la Parroquia de San Sebastián de Don Benito.

Tras los hechos conocidos ayer, el Obispado de Plasencia, mediante una nota emitida a los medios, explicó que como medida preventiva ha apartado a José Donoso de toda actividad parroquial, y añade: «Estamos atentos y colaboramos en la investigación que está llevando a cabo la autoridad civil». Por otro lado, indica que desde el mismo Obispado se ha abierto también la investigación canónica que indica la normativa para estos casos.

Por su parte, la Junta de Extremadura condenó ayer los hechos mediante otro comunicado en el que destacó la labor desempeñada en este caso por la Dirección General de Política Social y Familia. «Ante los primeros indicios se activaron los recursos para recabar información sobre los hechos, esclarecerlos y ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Menores», asegura el Gobierno regional.