Gallardo quiere ahora que la Iglesia borre también los vestigios de Franco

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 1 de diciembre 2017 | Actualizado 02/12/2017 08:41h.

Comenta

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, pedirá ahora a la Iglesia que elimine los vestigios franquistas de las iglesias y capillas. Se trata del siguiente paso que quiere dar para cumplir su objetivo de «limpiar» la provincia de los restos que puedan recordar al dictador, Francisco Franco.

Gallardo está inmerso en quitar todos los recuerdos de los municipios, algo que quiere conseguir obligando a los 70 ayuntamientos afectados a eliminarlos en un plazo de tres meses. Si no lo hacen, tendrán que devolver las subvenciones recibidas de la institución provincial el año pasado y dejarán de percibir esos fondos. Hay que tener en cuenta que la Diputación funciona como un auténtico salvavidas económico para los pueblos. Sobre todo para los más pequeños.

Ya ha definido la actuación para las localidades, pero aún se desconoce cómo podrá articular este nuevo giro de tuerca ante la Iglesia. «Haremos las gestiones ante el Arzobispado para que se puedan eliminar de forma voluntaria o nos permitan eliminarlos», explicó ayer el presidente de la institución provincial, quien insistió: «Vamos a hablar con la Iglesia para hacerles llegar que hay elementos que están en las fachadas de las iglesias y que dañan la sensibilidad de una parte de la población».

Los ayuntamientos, explicó Gallardo, no pueden actuar en las fachadas de las iglesias donde queden restos. «No se puede hacer responsable a un alcalde de lo que no es vía pública», señaló.

Las conversaciones con el Arzobispado determinarán cómo puede llevarse a cabo esta idea. Existe un precedente en la provincia. En Mérida, el Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad Monumental eliminaron la inscripción de José Antonio Primo de Rivera de la fachada de la Concatedral hace un año.

Hasta que se concrete la nueva idea de Gallardo, sigue en marcha la primera fase del plan para acabar con los restos de Franco.

La comisión de expertos que determina qué restos deben desaparecer y cuáles no está formada por profesionales de la Junta, la Universidad, los colectivos implicados en la Memoria Histórica y la Diputación.

Estos han determinado que hay 95 pueblos sin ningún recuerdo franquista. La Diputación les enviará un certificado a cada uno de ellos asegurando que cumplen con la Ley de Memoria Histórica. De esta forma, no tienen que devolver subvenciones a la Diputación y, además, pueden seguir percibiéndolas. «Están libres de cualquier vestigio», sentenció Gallardo.

Sin embargo, existen otros 70 municipios donde la comisión ha encontrado recuerdos a la Guerra o la Dictadura. Todos recibirán a partir de la próxima semana cartas con las fichas de los «incumplimientos» de la Ley de Memoria Histórica en su municipio.

La comisión ha catalogado tres tipos distintos: de eliminación obligatoria, de reasignación, «o simplemente para que se tenga conocimiento de que tienen vestigios que no son susceptibles de eliminación si la corporación municipal no quiere».

El objetivo de Gallardo es que «a mediados de año, la provincia esté limpia de vestigios franquistas, sus calles y plazas, salvo que algún ayuntamiento desee perder las subvenciones de la corporación provincial. Será decisión de la corporación de los municipios. Y esa responsabilidad les hace tener que enfrentarse al veredicto de los ciudadanos en mayo de 2019, cuando los ciudadanos valorarán si hicieron bien manteniendo los vestigios y perdiendo ayudas públicas o hicieron mal lo que tenían que hacer».

Los ayuntamientos afectados tendrán un plazo de diez días desde que reciban la carta para presentar alegaciones y, una vez que se hayan resuelto, tres meses para eliminarlos si se confirma que deben hacerlo. Gallardo puso como ejemplo que se haya incluido el nombre de una calle que pueda tener otro significado. Aunque, según dijo en varias ocasiones, no espera fallos de ese tipo. Ensalzó el trabajo de la comisión. «No deja nada a la ocurrencia», destacó.

Si en el plazo de tres meses los ayuntamientos mantienen los restos, la Diputación les reclamará los fondos percibidos en 2017.

La institución provincial no desvela qué vestigios son los que hay que retirar en cada municipio porque defienden que primero deben notificárselo a cada ayuntamiento.

El presidente, no obstante, puso algún ejemplo. La mayor parte de las evocaciones son nombres de calles. Y también de pedanías. Se refirió a San Francisco, en Olivenza. «El nombre de esa pedanía se puso en honor a Francisco Franco, pero no hay que eliminar el nombre de la pedanía. Hay que redefinir el nombre por parte del pleno diciendo que no se llama San Francisco en honor a Franco, sino porque se llama así, pero no como consecuencia de su nacimiento». Este caso, por tanto, entra en el paquete de recuerdos que pueden reasignarse y que no es necesario eliminar. Como se ha señalado antes, existen tres tipos. Los que se pueden reasignar, los que se pueden mantener y los que obligan a borrar.

Según Gallardo, la comisión ha hecho un «minucioso trabajo» distinguiendo unos tipos de otros.

No será necesario quitar aquellos nombres «que se pusieron en tiempos en que la represión franquista no existía y no fueron partícipes claros de esa represión, sino que fueron llamados por el régimen en un momento determinado de sus vidas para que tuvieran un puesto institucional en los años 60 y 70».

Sin embargo, Gallardo considera que «hay otros que fueron partícipes claros del régimen y que fueron además personas que aplastaron con sus decisiones a una parte de la población». Para el presidente, «no es normal que haya una calle que se llama Generalísimo. O Francisco Franco».

«Pero puede haber calles de un concejal que fue un médico, y que se le puso la calle por ser médico y no concejal. O que el recuerdo del pueblo no sea por la contienda, sino por lo positivo. Hay que ir al detalle de la comisión de expertos que, insisto, ha sido limpia y su conclusión viene de una reflexión importante», insiste.