La Junta quiere recuperar el convento de San Antonio de Padua, en Garrovillas de Alconétar

La Junta de Extremadura ha abierto una ronda de contactos con diversas instituciones y entidades, como el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, para la recuperación del convento de San Antonio de Padua, de Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y el director general de Patrimonio, Francisco Pérez Urbán, han mantenido hoy una reunión de trabajo con el consultor por parte del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Campbell Thomson; la coordinadora general de Hispania Nostra, Bárbara Cordero, y el representante de Europa Nostra José Alonso.

El citado convento forma parte de la lista denominada 'Lista Roja de Patrimonio en peligro', que elabora Europa Nostra y en España, Hispania Nostra, y que tiene el objeto de recoger aquellos elementos «que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, al objeto de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración».

Europa Nostra e Hispania Nostra son asociaciones de carácter no lucrativo que proponen la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural europeo y español y su entorno en el ámbito de la sociedad civil.

La recuperación del Convento de San Antonio de Padua no ha podido ser acometida hasta la fecha por la Junta de Extremadura debido a que existe una parte de su propiedad que es de carácter privado.

A raíz de una moción del Grupo Socialista y aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar, en la que se solicita a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta a reunir a todos los propietarios para tratar la cesión de la propiedad a la Junta de Extremadura, el Gobierno regional ha iniciado las negociaciones con el resto de propietarios del convento.

Estas negociaciones, que vienen desarrollándose desde el pasado junio, avanzan positivamente gracias a la buena disposición de los propietarios, han informado fuentes del Gobierno regional.

Este hecho permite empezar a explorar diferentes posibilidades para acometer la recuperación, una vez el bien sea de carácter público.