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Alfonso Torices
Lunes, 3 de abril 2017, 13:45
La violencia machista es una lacra social que, según todos los datos, no da tregua en España, pero a partir de este lunes sabemos además que es un fenómeno que se ceba de manera muy especial y precupante con una parte de las mujeres más vulnerables, con los 2,5 millones de españolas que sufren algún tipo de discapacidad.
El informe sobre discapacidad y violencia de género realizado por la Fundación Cermi Mujeres -el primero de este tipo en España- muestra que las españolas afectadas por problemas sensoriales, de movilidad, psicológicos o intelectuales sufren ataques, vejaciones o controles de sus parejas o exparejas con el doble de asiduidad que el resto. Pero es que, además, son menos proclives a denunciar su calvario ante la Policía y a demandar ayuda de los servicios públicos diseñados al efecto y, quizás lo que más grave de todo, retiran las denuncias contra sus agresores hasta en casi la tercera parte de las ocasiones, lo que duplica el ya alto porcentaje del resto de víctimas.
El trabajo Cermi, la plataforma estatal de defensa y ayuda a este colectivo, que está basado en una explotación específica de los datos de la marcroencuesta oficial sobre violencia de género realizada en 2015, indica que el 31% de las discapacitadas mayores de 16 años asegura haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, frente al 12,5% del conjunto de españolas que contestó lo mismo.
La proporción, el doble de incidencia de esta lacra, se mantiene cuando se investigan todos los tipos de violencia machista. El 24,5% de las discapacitadas dicen sufrir insultos, menosprecio o amenazas verbales de sus compañeros sentimentales (el 14%, en el caso del total de españolas) y el 23% indica que son víctimas de comportamientos vejatorios basados en los celos, el control de horarios o la limitación de las relaciones familiares o sociales (15%).
Pero el análisis arroja los datos más negativos justo en los comportamientos más graves. Las discapacitadas sufren más del doble de agresiones físicas de sus parejas que el resto de las españolas, un 11% frente al 4,7%, y también padecen el doble de actos de violencia sexual, el 8,5% frente al 3,9%. Las relaciones sexuales obligadas, el consentimiento por miedo o el sometimiento a prácticas que les resultan humillantes tiene una incidencia de entre el doble o el triple, según sus confesiones.
Este enorme grado de violencia machista que soportan las discapacitadas trae como consecuencia que el 6,4% reconozca haber sufrido cortes, moratones o dolores derivados de las agresiones -el triple que el resto de españolas- y que el 2,4%, también casi el triple, admita haber padecido lesiones en ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras por igual motivo.
Miedo a denunciar
La falta de denuncias mantiene sumergida buena parte de la realidad de la violencia machista en España y es uno de los grandes frenos para atajarla. Pero si el 73% de las españolas confesó no haber acudido a la Policía tras sufrir vejaciones o agresiones, el porcentaje alcanzó el 75,8% en el caso de las discapacitadas. La razón fundamental esgrimida por unas y otras fue que no lo consideraron demasido grave, pero en el caso de las discapacitadas destacan sobre manera otros motivos que también van a utilizar para justificar su menor uso del 016, las casas de acogida o la ayuda de las ONG. Un 27% tuvo miedo a represalías, un 26% no dio el paso por verguenza y el 17% (el doble que el resto de españolas) penso que no la creerían.
La situación de desamparo que describen las razones para no denunciar se repite en uno de los datos más negativos del estudio. El 28,5% de las discapacitadas víctimas de violencia machista confiesa que retiró la denuncia que había puesto contra su agresor. El porcentaje casi duplica la ya alta tasa de desistimientos general, que es uno de los motivos de que muchos agresores se marchen de rositas -al no poder probar el delito sin el testimonio de la víctimas- y de las autoridades se planteen cambiar la ley para que la mujer no pueda renunciar a declarar contra su agresor. Si el porcentaje de renuncias es preocupante, las razones no lo son menos. Las discapacitadas, entre los motivos que citaron para retractarse, hablaron en un 61,3% de las ocasiones de amenazas de su pareja o expareja y en un 39,6% de miedo.
La vicepresidenta de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, explicó que, pese a su contundencia, este trabajo es "insufiente" para conocer la realidad de la incidencia de la violencia machista entre las discapacitadas, porque se ha limitado a explotar una muestra y unos datos escasos de una encuesta diseñada para la población general. Cree imprescindible una macroencuesta específica entre este colectivo, que además desagregue la información por los distintos tipos de discapacidades. Considera que en ella hay que incluir aspectos como la utilización de los procesos de incapacitación como violencia o la realidad de las esterilizaciones tempranas de mujeres con discapacidad intelectual, que pueden ser una fuente posterior de abusos. Peláez está convencida de que si se hace esta indagación específica los resultados sacarán a la luz una realidad aún más dramática.
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