El dueño de la casa okupa pide al juez y a la Corporación que la desalojen

«Me enteré de que en la casa tenía okupas por el periódico, porque se publicó que una mujer se cayó al intentar entrar por el balcón. Desde entonces he hecho todo lo posible para que echen a los okupas», indica Herminio E. D., el propietario de la casa del número 18 de la calle Camino Llano, que afirma que ha sido injustamente acusado de inactividad por parte del Ayuntamiento.

Él asegura que no puede hacer nada, que quien tiene el poder de acabar con las molestias a los vecinos de Camino Llano es el Juzgado o el Ayuntamiento. «Estoy deseando que los echen para poder alquilar la casa, que estaba bien hasta que ellos entraron». Herminio señala que la casa estaba alquilada. El último inquilino se marchó, se quedó la vivienda vacía y a los pocos meses entraron en la casa con una patada en la puerta. «Por lo visto un indigente de los de Cánovas puso un candado en la entrada y cobraba a la gente que iba a la casa. Dicen que la mujer que se cayó del balcón, no le pagaba, no le dejó entrar y por eso ella subió por la fachada».

Aportando los documentos que lo corrobora, informa de que el 25 de abril del 2009 presentó la denuncia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres, y que entonces se abrieron diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres. El 30 de julio de 2009 amplió la denuncia por los desperfectos que estaba sufriendo la casa y las molestias a los vecinos. Los okupas habían provocado un incendio y él pidió en el Juzgado el desalojo inmediato de su casa.

En septiembre del 2009 el Ayuntamiento le dijo que ya no había nadie y le exigió que procediera a cerrar la casa. Herminio pidió permiso para ello en el Juzgado, y solicitó que se personara el Ayuntamiento como parte interesada, pero señala que el consistorio local rechazó esa propuesta.

No obstante el dueño fue a su casa y vio que no era cierto que estuviera vacía. Seguían los okupas y por lo tanto no podía tapiar la entrada.

Según él y su abogado, el problema se solucionaría de dos formas: o bien el Juzgado ordena el desalojo de la vivienda, o bien el Ayuntamiento envía a la casa agentes de la Policía Local, desalojan la vivienda y aseguran la integridad de los trabajadores que procedan a sellar el inmueble.

Herminio recalca que él es una víctima de esta situación, ya que no tiene la casa alquilada y se la están destrozando, pensando en pedir al Estado que le indemnice por tardar en echar a los indigentes.