Falsificar tarjetas de transporte les costará a unos empresarios nueve meses de cárcel

Los responsables de una empresa dedicada al transporte de mercancías han sido condenados a nueve meses de prisión después de quedar probado que falsificaron tarjetas de transporte de la Junta de Extremadura para lograr la matriculación de cinco vehículos.

La sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 1 de Badajoz explica que este delito continuado de falsedad en documento oficial fue detectado en el año 2007 por los agentes de la Guardia Civil.

En la investigación posterior se averiguó que las cinco tarjetas de los vehículos eran documentos realizados mediante el escaneado o el montaje de tarjetas auténticas.

En todas ellas se utilizaba la firma de la jefa de sección de Transportes de la consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura y con la ayuda de ese fraude fueron dados de alta hasta cinco vehículos propiedad de esta empresa dedicada al transporte y radicada en la comarca de Mérida.

Los agentes de la Guardia Civil averiguaron que los responsables de ese delito eran el varón P.L.E., de 52 años de edad, y la mujer I.C.D., de 44 años. Él era el administrador único y propietario de la empresa de transportes cuando ocurrieron los hechos citados, mientras que ella -entonces era su mujer- ocupaba la gerencia de la empresa.

Los trámites

«Conjuntamente idearon un sistema para confeccionar certificados falsos de transportes que aparentaban como emitidos por la sección de Transportes de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura, siendo ella quien habitual y materialmente se encargaba de todas las gestiones referidas a los trámites de matriculación de vehículos en la sede de Badajoz, siempre en beneficio de su marido, conocedor y máximo beneficiario de estos hechos».

En la sentencia se añade que esta tarjeta de transportes es clave para los transportistas, puesto que tienen prohibido circular y transportar mercancías si no la poseen. Este delito tipificado como falsedad en documento oficial cometido por un particular le costará a cada uno de los acusados 9 meses de prisión.

Además, el propietario de la empresa deberá pagar 1.080 euros de multa mientras que la mujer tendrá que abonar 720 euros en el mismo concepto.

La sentencia ha sido dictada con el acuerdo de todas las partes, por lo que es firme.