«Es materialmente imposible devolver a Biblioteconomía su estado original»

Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ése es el mensaje que el Ayuntamiento de Badajoz le quiere transmitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para evitar la sentencia del Supremo (de noviembre de 2009) que obliga a tirar el 'cubo' y, en consecuencia, a reubicar la Facultad de Biblioteconomía y la Biblioteca de Extremadura.

La citada sentencia obliga al Consistorio pacense a elaborar un proyecto de demolición para devolver al edificio de Biblioteconomía su estado original antes de que se llevaran a cabo las obras que convirtieron al antiguo Hospital Militar en facultad y biblioteca. Sin embargo, la 'acción' del Ayuntamiento ha consistido en contratar a expertos en arquitectura y patrimonio, «de reconocido prestigio», para que analicen la situación. «Se trata de acciones legales», indica el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo. Concretamente se han realizado cuatro asistencias técnicas (por valor de 23.000 euros) cuyas conclusiones han sido, según Rodolfo, «demoledoras». Los cuatro informes coinciden en un punto: «Es materialmente imposible devolver a Biblioteconomía su estado original». Aseguran que se dañaría el patrimonio y sería un despilfarro de dinero. Además, consideran que se eliminarían dos edificios (Facultad de Biblioteconomía y Biblioteca de Extremadura) que dan un servicio muy útil para la sociedad. «No se trata de un centro comercial», apunta el edil de Urbanismo.

La primera asistencia técnica se basa en el análisis de la estructura y la cimentación y está redactada por Eliseo Pérez Álvarez, ingeniero aeronáutico, calculista y consultor de estructuras; y Juan Ruiz Martínez, ingeniero industrial. «La reversión del edificio a su estado original no es posible debido a la indeterminación de gran parte de la geometría inicial y de sus materiales constituyentes», subrayan.

La segunda asistencia, elaborada por el arquitecto Juan Carlos Salvá Prieto, se centra en el análisis constructivo y de materiales de estructura y cimentación: «Es imposible restituir las estructuras demolidas y desaconsejable demoler las existentes, al menos desde el punto de vista estructural. La práctica totalidad de los elementos demolidos son de bajo interés constructivo, al ser de tipología estructural menor en comparación con la gran calidad de fábricas y bóvedas que presenta el edificio antiguo rehabilitado», resalta este experto.

En la tercera asistencia técnica se aborda el punto de vista arqueológico. La misma ha corrido a cargo del arqueólogo Fernando Valdés, que precisamente fue el que siguió las obras de rehabilitación del antiguo Hospital Militar. «La vuelta al estado original del edificio supondría volver atrás en el proceso de liberación de las estructuras conservadas de la antigua catedral de Badajoz (que además se construyó sobre la antigua mezquita), que se asienta en el citado edificio. Ninguno de los elementos que quedaron al descubierto, como la cabecera y las naves, podrían haberse estudiado de no haber sido por las obras y las excavaciones arqueológicas. El proceso inverso resulta inviable por completo. Se deberían tapar los restos históricos excavados y sería difícil justificar legalmente esta acción», destaca Valdés.

«Perfecto y adecuado uso»

El último de estos cuatro informes trata sobre el conflicto acerca de la rehabilitación del edificio y está redactado por Antonio González-Capitel Martínez, catedrático de proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid e inspector de monumentos en el Ministerio de Cultura entre 1983 y 1986. También es conocido por ser quien dirigió la rehabilitación del Palacio de los Condes de la Roca, es decir, donde se ubica el Museo Arqueológico Provincial. Su conclusión: «El contenido de la sentencia es imposible material y técnicamente hablando y sólo supuestamente posible mediante una falsificación arqueológica prohibida por la Ley de Patrimonio. Atenta contra esta ley el querer derribar lo nuevo siendo esto de valor. Se pretende derribar un edificio público en perfecto y adecuado uso».

Toda esta documentación -junto con otros informes de los arquitectos municipales, otro de un arquitecto elegido por el Colegio Oficial (el catalán Antoni González Moreno-Navarro, experto en Bienes Culturales), otro más de la dirección general de Patrimonio de la Junta de Extremadura y un apunte del rector de la Universidad- ha servido para que el Ayuntamiento de Badajoz presentara el pasado 27 de septiembre ante el TSJEx un nuevo 'incidente de imposibilidad de ejecución material' para evitar que se tenga que derribar el 'cubo'. «Si no lo acepta, acudiremos al Supremo», asegura el edil, quien confía en que estos informes sirvan para algo. Si no es así, por lo menos el Consistorio habrá ganado tiempo.