Denuncian al jefe de la Policía Local en Cáceres

El lío de las motocicletas de la Policía Local aún está lejos de escribir su final. Hace dos meses, agentes de la unidad de motoristas se negaron a patrullar con los vehículos por no encontrarse homologados. El resultado fue que recibieron una orden por escrito en la que se les obligaba a cumplir sus servicios a pie. El sindicato CSI-CSIF califico la medida como «una vendetta» y poco después, además de iniciarse los trámites para la homologación, el concejal de Movilidad Urbana revocó la decisión del alto mando policial: «He dado instrucciones para que cada responsable en su turno tome las medidas que deba. Si considera que es necesario utilizar coche, se utiliza», reconoció el propio Carlos Jurado.

El caso parecía resuelto una vez que las motos -no todas según algunas versiones- pasaron la ITV. No obstante, miembros de la propia unidad de motoristas presentaron ayer en el juzgado una denuncia contra el inspector jefe policial. Se le imputan «sendos delitos de coacciones y amenazas», según consta en el propio texto de la denuncia. En la misma se hace constar que el responsable del cuerpo se extralimitó en sus funciones: «Nos ha intimidado por su condición de tal (inspector jefe), ejerciendo violencia compulsiva intimidatoria», describen los agentes denunciantes.

Los mismos agentes que dieron la luz de alarma en diciembre acuden ante el juez en febrero. A finales de 2010 se plantaron: las motos no habían pasado la ITV, circulaban de forma irregular. Se veía afectado el seguro de responsabilidad civil a terceros y, aún más grave, no estaban autorizadas para circular con sus elementos prioritarios. Luces azules, pinturas, reflectantes, acústicos... carecían de homologación. El permiso de circulación lo ponía claro: se destinaban a un uso particular, no a un servicio policial.

A la vista de esa situación, los agentes se plantan, pero a partir de entonces se consideran, según se se lee en la propia denuncia, objeto de coacciones y amenazas al ser obligados a «ir en contra de la Ley, la moral y el orden público», incluso a «multar a los ciudadanos que pudieran cometer las mismas infracciones» que las motos policiales.

Apuntan los denunciantes que la «hostilidad» del inspector jefe, Emeterio Corchado, hacia ellos no ha cesado. Además de ser obligados a patrullar a pie aluden a los movimientos iniciados para la apertura de un expediente disciplinario. La denuncia recoge que se trasladó a los policías un mensaje intimidatorio: se exponen a una suspensión de empleo y sueldo, entre 10 días y cinco meses. «Agarraos que viene curvas», es una de las frases que se atribuyen al inspector jefe. «Aquí se hace lo que mando yo», es otra.

Mencionan un aspecto clave, según ellos. Se les obligó a patrullar con los vehículos, en situación irregular, a sabiendas de que se estaba actuando al margen de la legalidad «y prueba de ello -añade la denuncia- es que se han iniciado los trámites de legalización de los vehículos policiales».

Por ello consideran inadmisible, los miembros de la unidad de motoristas que han llevado el caso ante el juez, tener «que soportar la apertura de unos expedientes disciplinarios, injustos y presuntamente prevaricadores».

Expediente parado

Responsables sindicales han informado a HOY, sin embargo, de que dicho expediente «aún no se ha tramitado, incluso está bastante parado». El propio concejal de Movilidad Urbana, según estas fuentes, no es partidario del mismo. Y en caso de abrirse puede quedarse en una simple toma de declaraciones.

Los agentes, no obstante, ponen esos movimientos como un ejemplo más de las coacciones y amenazas que han venido recibiendo. Entre las pruebas que piden al juez que se practiquen están la toma de declaraciones al inspector jefe y al mismo concejal, así como que se dirija un oficio a la Jefatura de la Policía Local para que aporte la ficha técnica, informe de la ITV y permiso de circulación de las 12 motos que se utilizan habitualmente por la ciudad.

Entre los aspectos más llamativos sobresale la conclusión que sacan los denunciantes en su texto ante el juez: «Los vehículos -afirman- en los que diariamente hemos estado patrullando no cumplían y creemos, siguen sin cumplir, con la Orden Presidencial 52/2010 de 21 de enero».

La misma modifica varios anexos del Reglamento General de Vehículos y considera «de ineludible cumplimiento» que en el permiso de circulación del vehículo se consigne el servicio que presta.

«Hay indicios racionales de criminalidad. La denuncia de los agentes está fundamentada y estimamos que el juez la admitirá». Así se expresa Ángel Luis Aparicio, abogado de los agentes que han denunciado ante el juez al inspector jefe de la Policía Local. Aparicio espera que «en unos 15 días» haya sido admitida esa denuncia y el juez inicie diligencias.

ITV pasada

«La ITV se pasó posteriormente. Eso confirma que los vehículos estaban en situación irregular. No se correspondía lo que aparecía en su ficha con el uso que se les daba. La actuación de los agentes al negarse a patrullar con esas motos es lógica. Sin embargo, se les obliga a hacerlo y además se les castiga. El inspector jefe en lugar de regularizar la situación, les dice que tienen que cumplir el servicio 'porque le da la gana'. Incluso les amenaza», relata el letrado.

Entre las pruebas que se aportan figura el parte de novedades que recoge la orden a los motoristas para que los servicios se hagan a pie y devuelvan el coche. La orden del 20 de diciembre que reciben los policías dice de forma textual: «Los motoristas deberán realizar el servicio andando». Y apunta la causa: «Debido a la falta de homologación de las motocicletas».

En el parte de novedades de ese día se reconoce que hubo servicios de grúa que «no pudieron ser atendidos» ya que los policías de la unidad de motoristas «no llegaron a tiempo al patrullar andando».

Algunos agentes fueron reprendidos por montar en el coche a sus propios compañeros para que pudiesen desplazarse.