PSOE y PP votan que se pueda edificar en terrenos protegidos

Los diputados de la Asamblea de Extremadura sacaron ayer pecho ante las críticas recibidas estos días, y votaron por unanimidad reformar la ley autonómica del Suelo para que los ayuntamientos puedan autorizar la instalación de empresas en terrenos protegidos por su valor natural. «Las leyes las hacemos los diputados, y también las podemos cambiar», defendieron a una Valentín García (PSOE) y Teresa Angulo (PP).

Organizaciones ecologistas y algún profesor de la Universidad de Extremadura han calificado estos días de «atentado» la decisión de cambiar la ley después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el decreto en el que se basa la construcción de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas en El Gordo y Berrocalejo.

Jurídicamente el asunto está en el aire. La anulación del decreto ha sido recurrida por la Junta al Tribunal Supremo, y la Consejería de Fomento sostiene que la reforma el año pasado del plan urbanístico municipal de El Gordo que autoriza la urbanización es suficiente; máxime cuando se homologue con el cambio en la normativa del suelo aprobada ayer en el Parlamento autonómico.

Pero no está claro que una ley pueda legalizar a posteriori una actuación anterior.

Por asentimiento de los 59 diputados presentes de PSOE y PP cambia el artículo 11 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial (Lesotex) en el sentido de que los terrenos protegidos por la Red Natura 2000 no son necesariamente no urbanizables, sino que los planes municipales pueden reclasificarlos a urbanizables dentro del respeto a sus valores naturales.

Tamayo se va y no vota

Indiscutida dentro de las filas del Grupo Parlamentario Socialistas-Regionalistas, la reforma en el seno del Grupo Popular-Extremadura Unida no ha recibido aplauso unánime; en la víspera de la votación los diputados populares debatieron el asunto pero solo Tomás Martín Tamayo, vicepresidente segundo de la Asamblea, se pronunció en contra.

José Antonio Monago, presidente del partido y del Grupo Parlamentario, defendió la postura a favor por responsabilidad con la inversión y creación de riqueza y empleo generadas en Valdecañas.

Ayer Tamayo -que tiene decidido no seguir de diputado- se levantó de la mesa presidencial del pleno antes de que empezara la votación y se marchó del hemiciclo. Tampoco estaba Miguel Celdrán, alcalde de Badajoz, que ni siquiera asistió al pleno.

Fue una sesión corta, de apenas 30 minutos, en la que la propuesta de ley recibió primero luz verde para su debate por lectura única (rápida). El calendario apremia porque la Asamblea se disuelve la semana próxima por las elecciones y no daba tiempo de otra manera.

Teresa Angulo (PP) defendió fervientemente la propuesta con el argumento central de que una ley mal redactada, o malinterpretada por los tribunales, no puede ser un obstáculo al desarrollo socioeconómico de los municipios y sus habitantes. Una interpretación excesivamente restrictiva en la defensa del medio natural puede llevar a la «despoblación o incluso desaparición» de los pueblos más afectados por la Red Natura 2000.

El 30,6 por ciento del territorio extremeño está en la red, o en parques naturales y reservas; según Valentín García (PSOE) 325 de 383 municipios tienen algún terreno protegido, 86 de ellos en más de la mitad de su término, y 17 están situados por completo en la Red Natura. «No a un medio ambiente solo paisajístico y contemplativo; la biodiversidad, el sumidero de CO2, la conservación, deben ser sinónimo de desarrollo, no podemos condenar a parte de nuestra sociedad al lado oscuro».

García y Teresa Angulo sostienen que es una reforma legal para evitar problemas futuros, no para avalar actuaciones pasadas ni «resolver controversias judiciales».

La portavoz del PP pese a dar su apoyo al cambio en la Lesotex, echó en cara al PSOE que «de aquellos barros vienen estos lodos, llevamos años advirtiendo del excesivo conservacionismo».