Los pueblos con zonas protegidas registran una mayor emigración

Los pueblos incluidos en la Red Natura 2000 han sufrido una pérdida demográfica -entre 2001 y 2009- un 15% superior a los municipios rurales no afectados por las limitaciones de esa figura de protección. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio dirigido por Julián Mora Aliseda, profesor de la Ordenación del Territorio, que acaba de presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En él defiende que el excesivo número de zonas protegidas en Extremadura está generando «un efecto perverso».

La pérdida de población es solo uno de los efectos colaterales que ha identificado este proyecto de investigación, que muestra también el deterioro ambiental y socioeconómico en estas áreas perfectamente localizadas. Estos argumentos parecen estar refrendados por una nueva revisión de Ley del Suelo autonómica, la segunda en seis meses.

Los dos partidos políticos con presencia en la Asamblea de Extremadura, el socialista y el popular, acordaron el pasado jueves otra modificación de dicha normativa con el fin de «aclarar» determinados aspectos, entre ellos, que la inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 no implique necesariamente su catalogación como «no urbanizable».

Con ello tratan de eliminar las trabas para que este territorio, que representa el 30 por ciento de Extremadura, pueda tener un desarrollo sostenible. También que «80 municipios que tienen el cien por cien de su territorio dentro de la Red Natura 2000 tengan las mismas oportunidades que el resto de los pueblos y ciudades de la región dentro del respeto a la legislación medioambiental».

Este asunto volvió a saltar a la palestra después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarara nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) del complejo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

Julián Mora Aliseda apunta que este caso ha puesto de manifiesto la situación de «inseguridad jurídica» en la que se encuentra la región. «Esto puede hacer que en el futuro muchos inversores se piensen mucho traer aquí su dinero, por lo que necesitamos un cambio», opina.

«La delimitación actual se realizó sin ningún criterio científico y con una gran frivolidad por parte de los responsables públicos de aquel momento, que dieron un cariz de tipo político a esta normativa con el objetivo de 'vender' como éxito que un tercio de la superficie regional estuviese protegida», puntualiza Mora Aliseda, que fue elegido el pasado año en México presidente de Recientea (Red Científica Internacional de Científicos y Expertos Ambientales).

Zepas y 'cepos'

«De aquellas zepas vinieron estos cepos al desarrollo de estos espacios naturales», resume crítico el experto. «Hemos verificado en nuestro estudio que estas zonas han sido denominados como tal sin ningún criterio, rigor u objetividad. De manera muy arbitraria. Como consecuencia es imposible aplicar una política racional de desarrollo sostenible para evitar el deterioro ambiental y socioeconómico que ya se está registrando», apunta.

Argumenta, además, que muchas de estas zonas consideradas como «naturales» no lo son en modo alguno. «Las llamadas 'estepas' (como La Serena o Llanos de Cáceres) son espacios alterados por la Mesta (en 1273), a través de las Órdenes Militares y otras figuras jurisdiccionales, que quemaron los bosques de encinas y alcornoques para conseguir buenos pastos para el ganado (fuente de riqueza por la exportación de la lana a Flandes). En todos esos estudios se percibe una ignorancia total de los usos del suelo tradicionales y su evolución histórica hasta llegar a la actualidad, por eso se cometen errores como limitar las actividades tradicionales agrarias, lo que está repercutiendo en un abandono acelerado del medio rural y, desde luego, nefasto para la flora y la fauna», sentencia.

Otro problema, detectado por el equipo de Mora Aliseda, tiene su origen en la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio (Lesotex, 2001). «Está copiada del modelo valenciano, sin tener en cuenta las características fisiográficas y bióticas de Extremadura, con diversidad de unidades paisajísticas (montañas, penillanura y depresiones aluviales) y estructuras socio-demográficas, económicas y urbanísticas», explica el profesor.

La solución pasa por «revisar y estudiar con rigor científico toda la superficie regional sobre unos criterios previamente acordados, para determinar las zonas que 'objetivamente' deben incluirse en la Red Natura 2000, así como el grado de preservación y limitaciones que cada una debe tener en función de sus singularidades biofísicas, pues muchas de las actuales Zepas no cumplirían los requisitos mínimos, al no estar 'naturalizadas'», subraya.

Asimismo, sugiere redactar una nueva Ley de Ordenación del Territorio y asegura que para mantener los valores históricos, culturales y ambientales del mundo rural extremeño, se justifica, en muchos casos, social y económicamente un PIR «para revitalizarlos y evitar la pérdida de nuestro patrimonio y señas de identidad».

A partir de 1998 se empieza a delimitar lo que debería convertirse en área protegida en Extremadura y llegó a consolidarse como tal una tercera parte del territorio.