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En el banquillo por quitar multas
REGIONAL

En el banquillo por quitar multas

José Félix Olivenza se considera víctima de un complot y declara que ordenó archivar las sanciones porque pensó que habían prescrito La fiscal mantiene su solicitud de 14 años de inhabilitación para el exalcalde de Brozas por prevaricar

ANTONIO J. ARMERO

Miércoles, 29 de junio 2011, 11:11

24 años después de empezar en política, José Félix Olivenza Pozas se sentó ayer en el banquillo de los acusados de un juzgado. El exdiputado provincial y alcalde socialista de Brozas durante las dos últimas legislaturas pasó la mañana -desde las nueve y media hasta más allá de la una- en la sala de vistas del juzgado penal número 1 de Cáceres. El juicio quedó vista para sentencia y durante las próximas semanas el acusado vivirá pendiente de un fallo que si no le resulta favorable podría acabar con su carrera como cargo público, que comenzó en 1987.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular piden que sea condenado a 14 y 7 años, respectivamente, de inhabilitación especial como empleado o cargo público por haber prevaricado (delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta). Las dos partes mantienen que Olivenza quitó cinco multas (dos en el año 2008 y tres en el año 2009) que había impuesto la Policía Local. La fiscalía cree que cometió dos delitos, y la acusación particular, uno.

La denuncia fue presentada por los concejales de IU-Siex en el ayuntamiento de Brozas, que de hecho, ejercen como acusación particular. Ayer, los dos ediles declararon, lo mismo que los tres policías locales del municipio. Éstos explicaron que lo habitual era llevar al alcalde las propuestas de sanción para que las firmara y así iniciar el proceso sancionador. Pero en el año 2008 sucedió algo que no había ocurrido antes: el regidor dio la orden verbal de archivar dos denuncias formuladas, una por conducción negligente y otra por conducción temeraria. Y algo parecido sucedió en 2009, cuando al dejarle en la mesa de su despacho cuatro propuestas de sanción por aparcar frente a una placa de vado permanente, el regidor firmó una y ordenó verbalmente que las otras tres fueran archivadas.

Ante esta versión, el acusado mantuvo ayer que ordenó el archivo porque creía que habían prescrito, al haber transcurrido más de dos meses entre la fecha en la que los agentes las pusieron y el día que se las llevaron a él para firmarlas. Relató que pensaba que eran dos meses porque una vez, a él le puso una multa la Guardia Civil, recurrió porque habían pasado más de dos meses y no se la habían notificado y le dieron la razón. Sin embargo, uno de los agentes aseguró ayer que el alcalde no se refirió a la prescripción de esas multas hasta muchos meses después, ya con la denuncia de IU de por medio.

José Félix Olivenza mantuvo ayer, además, que es víctima de un complot político liderado por los ediles de IU-Siex, que según recordó ya presentaron contra él dos denuncias por otros asuntos y fueron archivadas. El argumento de la conspiración, entiende la Fiscalía, no se sostiene, ya que implicaría que hay enemistad entre los policías locales y el alcalde, algo que todas las partes desmintieron en la vista oral celebrada ayer. En ella participaron también las personas que presuntamente se beneficiaron de la supuesta gestión ilícita del regidor, es decir, aquellos a los que les sancionaron y que no han pagado multa alguna. Todos coincidieron en que la única relación que les une con Olivenza es la de ser vecinos del mismo pueblo, y dos de ellos ni siquiera eso, porque residen habitualmente en Vitoria y sólo van a Brozas, donde tienen raíces familiares, en vacaciones.

Se da la circunstancia de que uno de los ediles de IU que denunció a Olivenza y que declaró ayer es actualmente el alcalde de la localidad. En las elecciones del pasado 22 de mayo, la lista más votada fue la del PSOE, que consiguió 650 votos (cinco concejales), por 511 del PP (cuatro ediles) y 334 de IU-Siex (dos). Esta última coalición propuso a los socialistas pactar para otorgarles la alcaldía, pero con una condición: que dimitiera José Félix Olivenza. Éste puso su cargo a disposición del partido, pero la formación rechazó el ofrecimiento. Ante esta decisión, IU alcanzó un pacto de legislatura con el PP. Ese acuerdo establece que se repartirán la alcaldía durante el tiempo proporcional a los votos obtenidos por cada uno. O sea: 20 meses para IU y 28 para el PP.

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