Aún está en fase de instrucción el caso de los cien perros congelados

Fue noticia a nivel nacional: en un chalé de Cáceres la Guardia Civil encontró 100 cachorros de perros muertos, que estaban congelados en dos cámaras frigoríficas.

La imagen de los perros muertos fue emitida en los telediarios, indicando que después de seis meses de investigación la 'Operación Toys' había concluido satisfactoriamente con el desmantelamiento de un centro ilegal de venta de perros, deteniendo a un vecino de Cáceres, propietario de la perrera que señalaban que era ilegal.

La noticia es de hace casi un año y medio, de marzo del 2010, y el caso aún se encuentra en pleno inicio de instrucción.

Este retraso se debe a que se ha tenido que decidir qué Juzgado de Instrucción tenía que hacer la investigación: si el número 6 de Cáceres o el número 3 de Badajoz. La operación policial fue dirigida por la Guardia Civil de Badajoz.

Al final se ha decidido que sea el tribunal cacereño el que decida si se ha cometido algún delito, fijando en ese caso el juicio en otro tribunal, o que se archive el asunto.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Badajoz inició la 'operación Toys', al tramitar las denuncias de varios ciudadanos que manifestaron haber adquirido cachorros de perros que morían al poco tiempo de comprarlos o tenían grandes malformaciones. Los cachorros eran traídos en furgones desde Eslovaquia.

Una vez puesto en libertad, el propietario de la perrera, que es representado por el abogado Ángel Luis Aparicio, se quejó de que había sido tratado de una manera injusta tras haber tenido un enfrentamiento con un agente de la Guardia Civil de Badajoz.

Recalcó que estaba dado de alta en la actividad de compra y venta de perros, que nunca había maltratado a animales y que si tenía a los cachorros congelados era por ser la única manera que tenía de poder reclamar al proveedor el dinero que había pagado por cachorros que se habían muerto al poco tiempo de adquirirlos.

La Guardia Civil acusó a esta persona de haber cometido cuatro delitos: estafa continuada, intrusismo profesional, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Para el abogado Ángel Luis Aparicio no se ha cometido ninguno de estos delitos, cree el asunto se va a archivar una vez termine la instrucción el Juzgado número 6 de Cáceres.