La plantilla de Cárnicas Oliventinas acumula medio año sin cobrar

La chicharra suena con fuerza en el campo, aunque una brisa mitiga el sofocante calor que ya aparece a media mañana. Bajo la marquesina de unos aparcamientos vacíos, a la sombra, un grupo de personas pasa su jornada laboral irreal jugando al parchís, al dominó o las cartas. La escena ocurre a un kilómetro del casco urbano de Olivenza, en Cárnicas Oliventinas, la sucesora de lo que, en la década de 1970, fue el majestuoso y rentable matadero, el referente de la Extremadura ganadera. Ahora, las nuevas instalaciones, con 50.000 metros cuadrados, siguen siendo enormes, pero las telarañas dominan en ellas desde enero. Acogen a trabajadores sin trabajo, que no han recibido nada de sus salarios desde hace seis meses (una deuda total de unos 200.000 euros) y tampoco pueden cobrar el desempleo. Y, además, por imperativo legal, tienen que estar allí todavía. No sólo eso. No disponen ni de agua ni de suministro eléctrico. Es el ejemplo de la degradación en suelo extremeño del imperio de Nueva Rumasa.

Su pactado Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por seis meses no ha sido aprobado aún ni por la Dirección General de Trabajo de la Junta ni por el juzgado, al encontrarse en concurso de acreedores, y, por tanto, no pueden cobrar el paro. Peor aún, el Fondo de Garantía Salarial abona un máximo de 150 días de salario en estos casos, plazo que ya se ha cumplido. Esto es, cada día que sigan más allí ya no tendrá una mínima compensación económica.

La situación kafkiana que viven las 26 familias que dependen de Cárnicas Oliventinas ha llegado a su culmen pero nada es normal en la fábrica desde agosto del año pasado. Hace dos semanas, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Badajoz admitió la declaración del concurso voluntario de acreedores para que los Ruiz-Mateos también quedasen apartados de su gestión. En la práctica ya lo estaban porque nunca llegaron a poner en marcha el nuevo matadero que, hace justo un año, compraron al empresario Jaime Gallardo.

Testimonios

«El cambio de dueño nos generó ilusión por la fama que arrastraba hasta entonces Nueva Rumasa. No obstante, me quise ir a otra empresa porque me podía ir en unas condiciones ventajosas, pero no me dejaron. Ahora más que nunca pienso lo que he perdido en lo personal y en lo laboral en este año», reflexiona Juan Mariano Fernández, de 54 años, 38 de los cuales ha estado unido al Matadero de Olivenza. Juan ha conocido el esplendor («en los 70 se decía que la empresa tenía en cuentas corrientes 500 millones de pesetas») pero también el derrumbe. Su experiencia es escuchada con atención por el resto de sus compañeros, entre los que sólo hay dos mujeres.

Mercedes Núñez, de 43 años, con tres hijos y con su marido afectado también por un ERE, es una de ellas. «Estoy desesperada. Esto no se puede aguantar más. No sabemos qué vamos a hacer si empieza agosto y no hay nada resuelto», clama. José Manuel González, de 30 años, lo único que reclama es que el ERTE sea ya efectivo para acabar «con esta pesadilla».

El mal sueño de Cárnicas Oliventinas se extiende desde agosto del año pasado, aunque, en otro ejemplo más de realidad inaudita, Nueva Rumasa estuvo pagando a la plantilla hasta febrero, durante siete meses, pese a que no llegó a sacrificar ni un solo cerdo.

«Limpiamos, pintamos, pero no hicimos nada para lo que se nos contrató. Al menos nos pagaron pero nos temíamos lo peor», especifica González. Cada trabajador tiene un sueldo de entre 1.000 y 1.300 euros.

Lo más parecido a la actividad que se presuponía para el matadero fue matar seis cochinos en diciembre a modo de prueba. No sirvió para nada. No se despiezaron y sus restos fueron al crematorio sin sacarles provecho. Entre otras cosas, porque no están completos los laboratorios para que los veterinarios puedan certificar la carne y también carece de cámaras frigoríficas. Sus tres salas de matanza y una de despiece están sin funcionar. Lo mismo que una báscula de 50.000 kilos y el lavadero de desinfección de camiones.

En la entrada a la fábrica un cartel de la Junta informa que las instalaciones suponen una inversión de 7.357.694.53 euros, de los que 2.207.308,36 son subvención del Gobierno regional. Ruiz-Mateos no ha visto nada de esa ayuda porque se ligaba directamente a la puesta en marcha de Cárnicas Oliventinas. «Quien se quede con esto se quedará con ella. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que esto puede ser rentable», incide José Manuel González, escéptico, sin embargo, ante la posibilidad de un comprador. «Se ha oído que había interesados. Espero que sea realidad».

En el concurso de acreedores Cárnicas Oliventinas muestra que cuenta con activos valorados en 178,05 millones de euros, que le permiten cubrir como máximo el 72,7% de sus deudas, que ascienden a 245 millones de euros.