Las farmacias de las localidades pequeñas corren riesgo de cerrar

El Carrascalejo, con 93 habitantes, es el único municipio de Extremadura que no tiene farmacia. La duda es si dentro de un año seguirá siendo el único. El colectivo de farmacéuticos advierte que la situación es complicada y que las primeras víctimas pueden ser las boticas de las localidades más pequeñas. La crisis también ha llegado a estos negocios, sus beneficios han caído y las últimas reformas del Gobierno dificultan aún más su viabilidad. Las farmacias de pueblo están en peligro.

«Las farmacias, a día de hoy, tienen mal futuro», resume Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz y responsable del consejo regional. Precisamente este consejo se reunió la semana pasada con los responsables de Servicio Extremeño de Salud para hacer balance del primer semestre del año y los resultados no son nada halagüeños. En los seis primeros meses de 2011, las farmacias extremeñas acumulan una reducción media de sus beneficios del 14,8% mensual. El informe advierte, además, que tanto este mes como el próximo entran en vigor nuevas bajadas de precios de medicamentos, lo que hace prever que seguirán haciendo bajar notablemente el previo de la factura.

Este obstáculo tiene una vertiente positiva, especialmente para la administración regional y es que se han ahorrado un 10% en gasto farmacéutico en estos primeros seis meses, es decir, unos 15,6 millones de euros de rebaja.

Hay dos razones fundamentales que han afectado a las farmacias extremeñas. Por un lado, al igual que el resto del comercio, se enfrentan a una caída del consumo. «La gente ahorra en todo. La parafarmacia hace tiempo que se acabó y en el resto también se ahorra, como en todo», explica Cecilio Venegas.

Su otro obstáculo desde que comenzó las crisis han sido las medidas del Gobierno para ahorrar en gasto farmacéutico. En total se han realizado 16 ajustes que afectan a las boticas. «Con las medidas del año pasado empezamos a hablar de farmacias mileuristas. Tienes material en stock, disminuye el valor de los medicamentos que ya hemos tenido que pagar y te encuentras, de repente, con que lo que tienes vale un millón menos (de pesetas)», narra Francisco Carranza que tiene una farmacia en Montemolín.

Con esta situación, la semana pasada recibieron otra noticia preocupante. El Gobierno pondrá una nueva medida en marcha. El objetivo es ahorrar 2.400 millones de euros en gasto farmacéutico a nivel nacional y para ello obligarán a los médicos a recetar el principio activos, y no la marca, y a los responsables de las boticas a dispensar siempre el más barato.

«Esto, para las farmacias pequeñas, es la puntilla», dice con contundencia Pedro Claro, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, una provincia donde el 40% de las boticas están en localidades de menos de 1.000 habitantes. «Económicamente se enfrentan al cierre, puede que se basen en el apoyo familiar, en el trabo del marido o la mujer para seguir para adelante. Otros farmacéuticos tratarán de moverse, con el concurso de traslados, hacia las ciudades», añade.

En Guijo de Granadilla, con 620 habitantes, tiene su farmacia Juan Fermín Jaraíz y no tiene muy claro el futuro del sector. «La viabilidad de las farmacias rurales disminuye. Cada vez se nos exprimen más. La situación es dura, te lo puede decir cualquier compañero».

El Gobierno es consciente del impacto que tendrán estas medidas en el sector y por eso su último decreto va acompañado de una línea de subvenciones para compensar a las farmacias rurales. El problema es que estos profesionales no quieren sostenerse a base de unas ayudas que, además, consideran insuficientes. La medida propone, a través de una tabla compensatoria, dar hasta 833 euros al mes a las boticas que facturen menos de 10.000 euros.

El salario mínimo

«Estamos evaluando la subvención, pero en principio parece escasa. No es ni el salario mínimo y no va a ser suficiente», asegura Pedro Claro.

Por su parte, Cecilio Venegas recuerda que podemos volver a una situación que ya se dio hace dos siglos cuando las farmacias rurales eran apoyadas por los ayuntamientos para que no se marchasen de las localidades pequeñas. «En el Colegio tenemos cartas de hace 200 años de profesionales que anunciaban su marcha de un pueblo o explicaban como les subvencionaba el ayuntamiento», explica.

Ahora será el Gobierno el que subvenciones a las pequeñas farmacias para que no cierren, aunque la medida parece insuficiente. «Un pueblo de 200 o 300 habitantes no puede sostener una farmacia con una subvención», añade el responsable del colegio profesional cacereño.

El problema en los municipios que pueden verse afectados no es solo perder la distribución cercana de los medicamentos, si no también el valor asistencial de estos profesionales. En muchos casos el médico solo va dos o tres días por semana y es el farmacéutico la persona con la que cuentan los vecinos para el día a día. «Somos el profesional sanitario que está todo el día», concluye Fermín Jaraíz.