La nueva ordenanza de accesibilidad ordena el uso de las tarjetas para aparcar

Trescientos diecisiete folios de una nueva ordenanza municipal con todos y cada uno de los detalles que harán la ciudad más accesible para los discapacitados y para las personas con movilidad reducida. Este trabajo, tan prolijo que abarca todo (edificios, inmuebles privados, públicos, comercios, hostelería, mobiliario urbano) reordenará la ciudad en infinidad de aspectos urbanísticos.

El reglamento se aprobó el pasado día 15 en el pleno. Dentro de algo menos de un mes entrará en funcionamiento y se iniciarán los trámites para la creación de una oficina técnica, principal novedad, que velará para que cualquier acción que se emprenda en materia de urbanismo esté regida por esta ordenanza. El objetivo es que desaparezcan las barreras físicas que tanto denuncian los colectivos de discapacitados.

Uno de los aspectos vitales es el referente al uso de tarjetas de aparcamiento para estos ciudadanos. En los próximos meses se llevará a cabo desde el Ayuntamiento una reestructuración de estos permisos y, probablemente, una reducción en su número, para ajustar su concesión a las demandas reales.

En estos momentos, el Ayuntamiento está elaborando un estudio para valorar la situación exacta, y también repintará los espacios dedicados a los vehículos. Actualmente hay alrededor de 200 plazas señaladas de azul (la cifra va creciendo con las nuevas urbanizaciones y barrios), y unas 600 personas en la ciudad disponen de estos permisos, carta blanca para aparcar en los sitios autorizados.

Según el nuevo documento municipal, sus titulares deben ser residentes en Cáceres y estar afectados por deficiencia física o psíquica, siempre y cuando haya obtenido una valoración que supere al 33 por ciento de minusvalía.

Este permiso, además de la autorización de estacionamiento en lugares reservados para minusválidos, permite el acceso de los vehículos autorizados a zonas peatonales y recintos artísticos y monumentales cuando el destino del pasajero se encuentre dentro del mismo, no así al estacionamiento si no se encuentra debidamente señalizado.

La ordenanza también incluye la reserva de estacionamiento de vehículos «atendiendo a la satisfacción de demanda sectorial o personal». Por su parte, los centros administrativos comerciales, culturales y de ocio de la ciudad deben cumplir con el requisito de habilitar como mínimo una de cada 40 plazas.

Manuel González es presidente de Cocemfe, una de las organizaciones que ha participado en la redacción de la nueva ordenanza. Cree que es necesario replantear la concesión de este tipo de autorizaciones y terminar también con el uso ilícito de estas tarjetas, aspecto significativo cuando la denuncia parte de los propios afectados. En realidad, el mal uso de estos permisos perjudica sobre todo a los ciudadanos que realmente precisan de lugares reservados para moverse por la ciudad.

Ante el posible uso fraudulento de estas tarjetas (se fotocopian o son utilizadas por familiares, en algunos casos), la nueva ordenanza municipal ha establecido un conjunto infracciones que van desde leves a muy graves.

Entre las primeras se encuentra el falseamiento de datos para la obtención de la tarjeta, acción que conlleva una multa de hasta 1.200 euros. Se considerará falta grave el uso de la tarjeta «sin que en la llegada o salida del vehículo acceda al mismo el titular de la tarjeta», lo que se sancionará con 1.500 euros. También se considera grave el aparcamiento en zona reservada a personas con discapacidad de vehículos cuyos titulares no posean tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

La falsificación de las tarjetas será considerada como falta muy grave y dará lugar a las posibles exigencias de responsabilidades penales y sanciones de hasta 3.000 euros.

Reuniones

Las tarjetas de aparcamiento constituyen, en cualquier caso, solo una parte de la ordenanza de accesibilidad, documente amplio en cuya elaboración se han empleado dos años. Para su redacción se ha implicado a numerosos colectivos (Policía Local, Once, Comité Español de Representantes de Minusválidos Extremadura, CERMI, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, entre otros) y se han mantenido 18 reuniones de debate, dirigidas por el Grupo de Trabajo Permanente de Accesibilidad del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad, que a su vez agrupa a diferentes asociaciones de discapacitados de la ciudad, así como a técnicos municipales y responsables del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

Hay que tener en cuenta que en su texto se regula desde la colocación del mobiliario urbano hasta cómo debe ser la entrada a los comercios.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ordenanza, deberán adaptarse las normas urbanísticas de la edificación e instrumentos de ordenación urbanística a lo marcado en su texto.