La Fiscalía indica que los acusados en el caso Embarcadero esperaban ganar 82.826 euros

Las personas que han tenido acceso a las diligencias previas en el caso Embarcadero, que instruye el Juzgado número 7 de Cáceres, comentan que la denuncia de la Fiscalía es bastante contundente.

La denuncia, que fue entregada en noviembre en el juzgado decano de los de instrucción de Cáceres ocupa cinco folios. Comienza recordando que en julio de 2008 el Ayuntamiento de Cáceres inició, como promotor, los trámites necesarios para realizar la obra de acondicionamiento de la bóveda del edificio del Embarcadero y exteriores, asumiendo la iniciativa en la ejecución de la obra, su control y seguimiento la concejalía de Innovación y e-Gobierno, que dirigió el denunciado Santiago Tabares.

Indica que este concejal propuso adjudicar el contrato de redacción del proyecto de la obra al arquitecto (también acusado) Pedro A. C. C., a quién se le adjudicó directamente al tratarse de un contrato menor. «El concejal - dice la denuncia -, justificó la necesidad de contratar a un arquitecto externo a los servicios técnicos del Ayuntamiento, en la consideración de que éstos estaban sobrecargados y no estaban especializados en la ejecución del falso techo». Se redactó el proyecto en julio de 2008 insistiendo en que había que colocar el panel acústico Comfortwall T02. La Fiscalía explica que el arquitecto hizo el proyecto «de común acuerdo» con el edil que le propuso y el también denunciado Francisco J. S. B., técnico del Ayuntamiento.

Según el acusador público se estaba imponiendo la compra de unos determinados paneles que eran fabricados únicamente por una empresa cacereña, de la que era administrador único el también denunciado José L. A. B. La denuncia asegura que al incluir una determinada marca comercial en el proyecto y pliego de condiciones técnicas, se estaba cometiendo una ilegalidad. Dice que se estaba impidiendo a las empresas concurrir en condiciones de igualdad, «provocando la nulidad del contrato, que debería haber sido declarada de oficio por el órgano de contratación».

La obra fue adjudicada, por resolución de la alcaldía, el 28 de noviembre de 2008 a la UTE constituida por Prinsa y A. Casado.

La UTE pidió el presupuesto de los 598 paneles que necesitaba de Comfortwall T02, y le indicaron que le costaba 359.000. La UTE asegura que paneles de otra marca le costaban 276.174 euros. La Fiscalía de Cáceres indica claramente en la denuncia que los paneles que quería poner la UTE tenían, «unas características similares o incluso superiores, siendo aproximadamente la diferencia el beneficio que los denunciados esperaban obtener». Esa diferencia es de 82.826 euros.

La denuncia hace hincapié en que al presentar serias reticencias la UTE, fue convocada a una reunión el 5 de diciembre de 2008 en la Concejalía de Innovación, acudiendo el concejal, el arquitecto redactor del proyecto y el técnico municipal, así como el vendedor de los paneles; es decir, los cuatro denunciados. A la acusación le extraña que estuviera el empresario, del que indica que, «a la sazón», es hermano de la que era Directora General de Competitividad Empresarial de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura.

Dice la denuncia que como el representante de la UTE no aceptaba colocar los paneles que le indicaban, «los denunciados adoptaron una actitud obstructiva a la ejecución de la obra por el contratista, que disponía, conforme al contrato, de tres meses para la ejecución».

La denuncia concluye que el concejal Tabares propuso al Ayuntamiento la resolución del contrato por causas imputables al contratista, al no haber ejecutado la obra, lo que se acordó mediante resolución de la alcaldía; perdiéndose los fondos Feder que financiaban la obra. La Fiscalía señala que «no consta» que la entonces alcaldesa, Carmen Heras, conociera estas acciones.

El juzgado instructor será ahora quien decida si se archiva esta denuncia, o se juzga a estas cuatro personas por los delitos que señala la Fiscalía, que asegura que todos cometieron coacciones; que el exedil realizó una prevaricación administrativa; y que todos cometieron un presunto delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función; el exconcejal y el técnico municipal como autores directos, y el arquitecto que hizo el proyecto y el empresario, como cooperadores necesarios.

Los cuatro denunciados, que ya han asegurado que son inocentes, tendrán que declarar auxiliados por sus abogados.