20.000 usuarios y 4.000 asistentas, pendientes de la ayuda a domicilio

El servicio de ayuda a domicilio es un quebradero de cabeza para los alcaldes, sobre todo los de los municipios pequeños y medianos, porque la demanda es alta y los recursos disponibles son muy justos. Para los usuarios, la atención domiciliaria se ha convertido en una necesidad vital. Y para los trabajadores que la desarrollan, casi exclusivamente mujeres, es un importantísimo nicho de empleo. Muchas personas en Extremadura (unos 20.000 usuarios y 4.000 auxiliares) están pendientes de los derroteros de un servicio del que, a fecha de hoy, se conocen algunas certezas pero se mantiene la incógnita en cuanto a dinero total a repartir y los criterios para hacerlo.

Esa incertidumbre se basa en que la Junta de Extremadura todavía no ha publicado la orden que regule esos aspectos, entre otros motivos, porque está esperando a que Madrid diga también lo que está dispuesto a arrimar. El servicio, a través del llamado plan concertado, se encuentra cofinanciado al 75% por el Estado, fondos que gestiona el Gobierno autonómico. El 25% restante lo ponen los municipios. La subvención tiene carácter anual, por lo que siempre concluye a final de cada año. A principios de cada ejercicio debe renovarse para darle continuidad.

«Cada ayuntamiento sabe sus cuentas y lo que puede soportar sin financiación asegurada, pero visto como está el panorama, con sinceridad, es preferible dejar de contratar a gente durante un tiempo y bajar el número de usuarios beneficiarios, a nuestro pesar, hasta que todo se clarifique», asevera inquieto el alcalde de Salvatierra de los Barros, Tomás Mesa (PSOE).

La localidad (1.750 vecinos) ha dejado de contar, desde hace unos días, con dos de las seis auxiliares y de atender a catorce personas. «Hemos mantenido la atención a las más necesitadas», reseña Mesa.

«Yo sigo adelante con el servicio en los mismos términos que el año pasado (5 asistentas y 9 empleadas para la atención a la dependencia). Hay que hacer el esfuerzo como sea en el tema de la dependencia aunque no tengamos claro con qué dinero tendremos, que seguramente será el mismo», comenta José Ramón Prieto (PP), alcalde de Aceuchal (5.600 habitantes).

Para el primer edil aceuchaleño, el recorte temporal del servicio decidido por algunos regidores tiene un motivo de confrontación política más que uno meramente económico. «Eso ya pasaba antes con el otro gobierno y nadie dejó de ofrecer el servicio mientras se clarificaba el convenio», añade Prieto, también diputado provincial.

«Ni se han dirigido a nosotros para respondernos. Así no se puede seguir. Te aseguro que a nosotros como ayuntamiento nos duele más que a nadie», insiste Rafael Carballo, alcalde socialista de Guareña (7.300 vecinos). Desde el 19 de enero, el Ayuntamiento suspendió el servicio. Setenta mayores se han quedado sin él momentáneamente y seis trabajadoras que lo prestaban están ahora en el paro.

«Estamos a la espera de la confirmación por parte del Estado de la cuantía definitiva asignada a la misma. Prevemos que no supondrá un gran cambio sobre las cuantías del año anterior», responde el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a preguntas de este periódico. Según sus datos, el presupuesto destinado a este plan en 2011 se elevó hasta los 5.319.476 euros, atendiéndose un total de 11.314 usuarios de este servicio. Asimismo, se generó la contratación de 2.584 auxiliares.

En el Presupuesto regional recientemente aprobado aparece que, por prestaciones básicas de Servicios Sociales, ayuda a domicilio, se destinarán 2.014.751 euros en este año, cuando el año pasado la consignación presupuestaria fue de 2.264.333. Esto es, un 3% menos de dinero para este epígrafe.

Sin embargo, el Sepad aclara: «Es solo una parte de la asignación destinada a este servicio. Para cubrir este servicio se designan más de un epígrafe presupuestario ya que los fondos vienen por distintos conceptos y en Extremadura, además de lo dispuesto por el Estado para la ayuda a domicilio, se destinan también una parte importante del nivel acordado».

Aparte del plan concertado, la atención domiciliaria se desarrolla también a través del apoyo a las personas dependientes. Puesto en marcha en 2008, se encuentra cofinanciado por el Estado. Con estos convenios se financia el servicio que prestan 32 municipios. No pueden ser beneficiarios aquellos que no tengan grado y nivel según la Ley de Dependencia. La intensidad horaria va de 30 a 90 horas.

El crédito destinado a este plan en 2011 se elevó hasta los 2.855.739 euros, atendiéndose un total de 456 personas en situación de dependencia. La previsión para 2012 es mantener la cuantía, enfatiza el Ejecutivo regional.

«Los ayuntamientos asumimos este y otros servicios pero necesitamos una cierta seguridad. Sin un mínimo de certezas es imposible seguir»