La Junta estudia recortar el sueldo a los funcionarios si se dan de baja

Dentro de un plan general de ahorro, el Gobierno regional está estudiando revisar la aportación que hace a los sueldos de sus 45.000 empleados cuando están de baja por enfermedad común; gracias a esa aportación los funcionarios cobran desde el primer día la totalidad de su sueldo, y no sufren penalizaciones que oscilarían entre el 25% y el 100% dependiendo de la duración de la baja.

Según la Ley de la Seguridad Social, cuando un empleado se pone enfermo durante los tres primeros días no percibe nada del sueldo, a partir del cuarto día cobra el 60 por ciento, y si la baja dura más de 20 días desde ese momento tiene derecho al 75 por ciento del salario.

Pero es común en los convenios de empresa, y así es en los que la Junta tiene firmados con sus empleados, que el empleador complemente el sueldo de baja que abonan él o la Seguridad Social con otra cantidad que equivale a cobrar desde el primer día de enfermedad la totalidad de la nómina.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, explicó ayer que la Junta tiene en estudio para su posterior aplicación una medida para controlar el absentismo laboral, que se traduciría en una revisión de los mecanismos actuales, entre ellos esas aportaciones complementarias que integran el subsidio y redondean el sueldo.

El ahorro estimado sería de 3,1 millones de euros anuales.

Fernández recalcó que es una medida que está aún en consideración, y añadió que se trataría de aplicar unos sistemas complejos, de control y de reducción de las aportaciones, pero no dio más información.

Eso sí, serían similares o irían en el mismo o parecido sentido que los que ya aplican desde principios de año comunidades como País Vasco o Madrid, que consisten en reducir las aportaciones complementarias de manera que en ningún momento el funcionario percibe la totalidad de la nómina. En el caso vasco además hay que solicitar el parte médico desde el primer día y no a partir del cuarto.

En Madrid, al poco de implantada la medida, se detectó un aumento en el número de trabajadores que solicitaron el alta voluntaria.

La Junta, por medio de su consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, ya ha dejado caer esta idea en una reunión que hace tres semanas mantuvo con los representantes de los trabajadores, y se encontró con el rechazo de los mismos.

José Fernández, presidente regional de CSIF, le dijo que no fuera por ahí o de lo contrario «nos vamos a encontrar». En su opinión la medida es injusta y desproporcionada porque castiga de igual manera a los enfermos que a los que fingen serlo, y recurre a lo fácil que es meter a todos los empleados en el mismo saco, en vez de abordar los fraudes concretos. «Al vago y al maleante, y que cuenten con nosotros, hay que perseguirle hasta donde sea, pero para eso hay ya los servicios de inspección suficiente».

CSIF no acepta este plan que piensa combatirlo con todas sus fuerzas.

La Federación de Servicios Públicos de UGT Extremadura lo rechaza por considerarlo socialmente regresivo ya que para los funcionarios que sufran una enfermedad habrá un doble castigo, el de la salud y el del dinero.

«Parten de la base de que el funcionario se da de baja porque no quiere trabajar, pero para atajar el presunto fraude ya tiene la Junta sus propios mecanismos, la inspección médica del Servicio Extremeño de Salud y la misma inspección de la Junta», alega José Ignacio Luis, secretario regional de FSP-UGT.

Se puede dar la circunstancia de que te detecten una enfermedad grave, pone como ejemplo, y a partir del día veintiuno desde el cual la Seguridad Social corre solo con el 75 por ciento del sueldo, una persona necesitada a lo mejor de pagar un acompañante tenga que costearlo con esa merma salarial del 25 por ciento.

Este dirigente sindical duda de que se pueda conseguir con este mecanismo de reducción de complementos un ahorro anual de 3,1 millones de euros: «No me lo creo».

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO también duda de esta última cifra que en todo caso se basaría en datos que según ellos no se corresponden con la realidad actual.

Comisiones se opone a la medida porque no la ve proporcionada, ya que pagarían justos por pecadores, pero se ofrece a colaborar en un plan contra la reducción del absentismo «siempre que trabajemos sobre cifras reales», explica Marisol Salazar.